Jul 22, 2024 | Actualidad Prime
El Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago acogió la demanda por despido injustificado y cobro de prestaciones de un trabajador que prestó servicios como maestro de urbanización en la empresa Constructora Cerro Apoquindo Cuatro SA. La magistrada Carolina Donoso Ortega estableció que la empresa no justificó adecuadamente la causal de despido esgrimida en la carta entregada al trabajador.
Detalles del fallo
En el fallo (causa rol 7.869-2023), la magistrada sostuvo que la carta de despido no cumplió con los requisitos establecidos por el Código del Trabajo, específicamente en el artículo 162 en relación con el artículo 454. La empresa debe especificar claramente los hechos que fundamentan la causal de despido invocada, lo cual no se cumplió en este caso, dando lugar al despido injustificado del trabajador.
La resolución del tribunal señala que la carta de despido omitió el contexto fáctico necesario para que el trabajador pudiera impugnar adecuadamente la decisión del empleador. La misiva no detalló la sucesión de hechos, horas, ni circunstancias específicas que llevaron a la terminación del contrato, lo cual es esencial para el proceso probatorio.
Contradicciones y pruebas
El tribunal destacó que la falta de detalles en la carta de despido dio lugar a teorías contradictorias respecto al término de la relación laboral. La empresa alegó que el trabajador renunció verbalmente, mientras que el trabajador afirmó que se retiró con autorización de su superior para un control médico de su hija recién nacida. Testimonios y pruebas presentadas respaldaron la versión del trabajador.
Conclusión del Fallo
El tribunal concluyó que el despido fue injustificado, ya que la empresa no acreditó los hechos en los que se basaba la causal de despido invocada. Se determinó que el contrato era de naturaleza indefinida y que la salida del trabajador no fue intempestiva ni injustificada y, en consecuencia, decidió:
- Demanda Acogida: Se declaró que la empresa Constructora Cerro Apoquindo Cuatro SA, de manera injustificada, puso término al contrato de trabajo del demandante Nicolás Andrés Navarro Veloso el 13 de septiembre de 2023. La empresa deberá pagar $1.032.822 como indemnización sustitutiva del aviso previo, más reajustes e intereses según el artículo 173 del Código del Trabajo.
- Pagos Adicionales: La empresa deberá pagar a Nicolás Andrés Navarro Veloso $180.744 por concepto de 5,25 días de feriado proporcional y $447.556 por 13 días trabajados en septiembre de 2023, más reajustes e intereses según el artículo 63 del Código del Trabajo..
Fuente: pjud.cl
Jul 17, 2024 | Actualidad Prime
En una reciente decisión judicial, la Corte de Valparaíso acogió el recurso de nulidad presentado por la Inspección Comunal del Trabajo de Los Andes y, en sentencia de reemplazo, confirmó la multa impuesta a la empresa Abarrotes Económicos Limitada por no especificar en el contrato laboral la naturaleza de los servicios del cargo de “operador de tienda”.
La decisión, adoptada de forma unánime en la causa rol 130-2024, fue emitida por la Segunda Sala del tribunal de alzada, compuesta por la ministra Silvana Donoso, el ministro Rodrigo Cortés y el abogado integrante Eduardo Morales. La corte anuló la sentencia previa del Primer Juzgado de Letras de Los Andes, la cual había dejado sin efecto la sanción impuesta a la empresa.
Detalles del fallo
El fallo destaca que la infracción detectada consistió en «no especificar en el contrato de trabajo la determinación precisa de la naturaleza de los servicios» para los trabajadores que desempeñan el rol de operador de sala. Esta falta de claridad en los contratos impide la certeza jurídica de la prestación de servicios.
El tribunal argumentó que una simple lectura de la cláusula contractual demuestra su incumplimiento con el artículo 10 N° 3 del Código del Trabajo, que exige la determinación de la naturaleza de los servicios y el lugar o ciudad donde se prestarán. El contrato puede señalar dos o más funciones específicas, ya sean alternativas o complementarias.
La resolución detalla que las funciones sometidas al conocimiento de la Dirección del Trabajo para el cargo de «operador de mercadería» incluían la responsabilidad de disponer de productos para la compra de los clientes y realizar labores en bodegas como recibir y almacenar productos, además de ubicarlos en trastiendas, góndolas y estanterías.
El tribunal concluyó que cláusulas vagas, muy amplias o detalladas con labores disímiles no cumplen con la disposición legal referida. Por lo tanto, declaró que la redacción de la cláusula en cuestión no satisface la norma contenida en el artículo 10 N° 3 del Código del Trabajo y, en consecuencia, la multa cursada es fundada.
Finalmente, la Corte de Valparaíso resolvió acoger el recurso de nulidad deducido por la Inspección Provincial del Trabajo de Los Andes, anulando el fallo del Primer Juzgado de Letras de Los Andes y dictando una sentencia de reemplazo que confirma la multa a Abarrotes Económicos Limitada.
Fuente: pjud.cl
Jul 16, 2024 | Actualidad Prime
En un fallo unánime, la Octava Sala del tribunal de alzada rechazó el recurso de nulidad interpuesto en contra de la sentencia que condenó al médico oncólogo Manuel Gerardo Álvarez Zenteno a la pena de cumplimiento efectivo de 7 años de presidio. Álvarez Zenteno fue declarado culpable como autor de dos delitos consumados de abuso sexual de mayores de 14 años de edad, ilícitos cometidos en la comuna de Las Condes.
El tribunal, compuesto por las ministras Dobra Lusic, Lilian Leyton y la abogada (i) Magaly Correa, determinó que no hubo infracción en la tipificación penal que condenó al profesional. El médico se aprovechó del estado de vulnerabilidad de sus pacientes, mujeres oncológicas, para cometer los abusos.
Detalles del fallo
El fallo subraya que las pacientes, debido a su condición de salud y la falta de una red de apoyo, no podían oponerse a los actos sexuales del médico. La relación de extrema confianza y asimetría entre el médico y las pacientes, exacerbada por la alta tasa de mortalidad de la enfermedad, creó una dependencia que impidió a las víctimas resistirse.
“El prestigio y la seguridad que entregaba Álvarez era la base para resguardar el bien más esencial de toda persona”, sostiene el fallo. Además, se destacó la incapacidad volitiva de las víctimas, quienes dependían emocional y vitalmente del médico.
Justificación del rechazo del recurso de nulidad
La resolución también aborda la conducta del médico tras las denuncias, indicando que la comunicación continua de las víctimas con Álvarez Zenteno, buscando su apoyo y orientación, es indicativa de la dependencia psicológica en la que se encontraban. El tribunal concluyó que este comportamiento no puede interpretarse como consentimiento, sino como una prueba de la manipulación emocional ejercida por el médico.
El tribunal rechazó también la sugerencia de la defensa de que se trataba de un caso de abuso sexual por sorpresa, una figura delictiva de menor gravedad que la aplicada. Según el fallo, el contexto de dependencia y vulnerabilidad de las víctimas justifica plenamente la calificación más severa de los delitos.
Por tanto, se resuelve que: “se rechaza con costas el recurso de nulidad impetrado por la defensa del condenado Manuel Gerardo Álvarez Zenteno, contra la sentencia de diez de mayo último, dictada por el Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, en la causa RUC N° (…), RIT (…), la que por ende, no es nula”.
Este fallo ratifica la condena y subraya la importancia de proteger a las personas en situaciones de extrema vulnerabilidad, reafirmando la responsabilidad de los profesionales de la salud en el ejercicio ético de su labor.
Fuente: pjud.cl
Jul 15, 2024 | Actualidad Prime
El Noveno Juzgado Civil de Santiago condenó al fisco a pagar una indemnización de $100.000.000 por concepto de daño moral a Néstor Javier Espíndola Ferrada, quien fue estudiante secundario en la época de los hechos. Espíndola Ferrada fue detenido el 1 de mayo de 1974 siendo víctima de torturas por parte del Grupo 10 de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) y la Academia de Guerra Aérea. Posteriormente, en junio de 1980, fue nuevamente detenido y relegado a la localidad de Quemchi, en la isla de Chiloé. Finalmente, en abril de 1981, salió exiliado a Venezuela.
En el fallo (causa rol 4.547-2022), la magistrada Cecilia Castro Hartard rechazó las excepciones de reparación integral interpuestas por el fisco, tras establecer que Espíndola Ferrada fue víctima de crímenes de lesa humanidad, imprescriptibles tanto en sede penal como civil.
«En este caso se trata de crímenes de lesa humanidad en que las acciones de reparación integral no han prescrito, puesto que la condición de imprescriptibilidad de la acción indemnizatoria emana de la naturaleza de los bienes jurídicos protegidos a la luz de los principios generales del derecho internacional que tienen rango supra legal, por aplicación del artículo 5 de la Constitución Política de la República, sin que pueda invocarse derecho interno de menor jerarquía para desatenderlas, por lo cual también las alegaciones principal y subsidiaria de prescripción de la acción de responsabilidad serán desestimadas», afirma el fallo.
«Conforme se ha probado y reconocido, las acciones delictuales fueron cometidas por agentes del Estado, siendo su actuar una contravención directa a las normas del derecho internacional y los principios constitucionales de los artículos 6 y 7», añade.
La resolución también señala que el artículo 38 de la Constitución Política de la República establece que cualquier persona lesionada en sus derechos por la Administración del Estado, de sus organismos o de las municipalidades, podrá reclamar ante los tribunales, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiere afectar al funcionario que hubiere causado el daño.
Para el tribunal, «encontrándose acreditado el ilícito, la responsabilidad del Estado y la circunstancia de que la detención y tortura de la víctima no habría tenido lugar si la intervención de funcionarios estatales no se hubiera producido, solo queda dar por establecida la responsabilidad del Estado de Chile en los apremios físicos y psicológicos infligidos al actor».
«La responsabilidad trae consigo la indemnización de los perjuicios causados, reparación que se ha solicitado en relación al daño moral sufrido por el demandante», continúa el fallo.
El tribunal consideró que el informe que detalla las afectaciones físicas y emocionales sufridas por Espíndola Ferrada, producto de los hechos delictuales cometidos por agentes del Estado, han perdurado más de 40 años.
En cuanto al monto de la indemnización, el tribunal tomó en cuenta la duración de los efectos negativos en el desarrollo emocional, psicológico y la salud mental del demandante, así como su edad y discapacidad en el momento de los hechos, fijando prudencialmente la suma en $100.000.000.
Las cantidades ordenadas a pagar se reajustarán de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor desde que la sentencia quede ejecutoriada hasta su pago efectivo, con el objetivo de morigerar los efectos de la inflación.
Fuente: pjud.cl
Jul 10, 2024 | Actualidad Prime
En fallo unánime, la Novena Sala del tribunal de alzada rechazó el recurso de nulidad interpuesto en contra de la sentencia que decretó la absolución del entonces concejal de la Municipalidad de San Ramón, David Antonio Cabedo Rosas, del cargo que le formuló el otrora alcalde de la comuna, Miguel Ángel Aguilera Sanhueza, como autor del delito de injurias graves presentadas por el exalcalde Miguel Ángel Aguilera Sanhueza.
En un fallo unánime (causa rol 2.473-2024), la Novena Sala del tribunal de alzada, integrada por los ministros Antonio Ulloa, José Pablo Rodríguez y la abogada (i) Claudia Candiani, desestimó que las declaraciones emitidas por Cabedo en un programa de televisión en junio de 2021 constituyeran una violación al honor del exalcalde. El tribunal consideró que dichas declaraciones se enmarcan dentro de la labor fiscalizadora del concejal.
El fallo detalla los elementos que configuran el delito de injurias graves, señalando que se requiere tanto un componente objetivo, como la exteriorización de palabras o acciones, y un componente subjetivo, que implica la intención de dañar el honor de la persona. En este caso, el tribunal determinó que no existía la intención de lesionar el honor del querellante, sino que las declaraciones de Cabedo eran una reacción ante los hechos ocurridos en el contexto de su función de fiscalización.
«Que el contexto en el que se profirieron las expresiones tildadas de injuriosas, del que se da cuenta en el considerando quinto de este fallo, resulta relevante para determinar si, en la especie, hubo por parte del querellado ánimo de afectar el honor del querellante, o bien se trató de comentarios reactivos ante los hechos previos ocurridos en el marco de la actuación que este último tuvo como alcalde», se añade en la resolución.
El tribunal concluyó que no se puede atribuir a las expresiones de Cabedo la intención de dañar la honra del exalcalde, sino que estas eran una reacción motivada por las irregularidades en la gestión del querellante como alcalde y la obligación del concejal de fiscalizar dichas actuaciones.
En consecuencia, el tribunal resolvió que no se cumplían los requisitos para imponer una sanción por injurias graves, y rechazó el recurso de nulidad sin costas, confirmando la sentencia de absolución dictada por el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago el 10 de abril de 2024.
Esta resolución marca un precedente importante en la interpretación de los límites de la libertad de expresión y la función fiscalizadora de los concejales, reafirmando que las críticas realizadas en el ejercicio de sus funciones no deben ser penalizadas siempre que no haya intención de deshonrar o desacreditar a una persona.
Fuente: pjud.cl
