Durante el año 2023 las cifras de matrimonios infantiles en Colombia han generado un encendido debate en la esfera jurídica y social del país. Con un total de 114 uniones registradas entre menores de edad, se ha despertado una preocupación generalizada debido a las condiciones que rodean estas uniones, en su mayoría motivadas por la situación de pobreza que enfrentan las niñas involucradas.

El matrimonio infantil, definido como cualquier unión formal que implica a un niño o adolescente menor de 18 años, se ha convertido en una realidad alarmante en el país. Si bien la legislación actual permite estas uniones bajo ciertos requisitos del Código Civil, el trasfondo de vulnerabilidad y falta de protección familiar, institucional y legal que rodea a estos casos ha generado un llamado urgente a la revisión de dichas normativas.

La Superintendencia de Notariado y Registro tiene la responsabilidad de supervisar y regular estos procedimientos notariales, buscando salvaguardar los derechos de los menores y contribuir a la creación de un entorno más seguro y justo para ellos. Sin embargo, organizaciones como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) alertan sobre las consecuencias nocivas del matrimonio infantil.

Unicef destaca que estas uniones, particularmente perjudiciales para las niñas y adolescentes, limitan sus oportunidades de desarrollo y las exponen a la violencia, el abuso sexual y el embarazo precoz. Esta práctica, considerada una forma de violencia de género, afecta a más de 650 millones de niñas y adolescentes en todo el mundo, 60 millones de ellas en la región latinoamericana.

La discusión en torno a esta problemática se intensifica, impulsando llamados a revisar y reformar las leyes que permiten estos matrimonios bajo ciertas condiciones, con el fin de proteger los derechos de los menores y ofrecerles un entorno más propicio para su desarrollo integral.

Este preocupante escenario ha motivado a diversos actores sociales, políticos y legales a tomar acciones concretas para abordar esta realidad y trabajar en la construcción de un marco legal y social más protector para los menores de edad, asegurando así un futuro más justo y seguro para la infancia colombiana.

Fuente: supernotariado.gov.co

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