La Corte Constitucional amparó los derechos a la participación y a la identidad cultural de la comunidad indígena Totarco, ubicada en el sur del Tolima, al considerar que la selección de personal administrativo en su institución educativa debe realizarse con enfoque étnico y previa concertación con sus autoridades. Además, reiteró el llamado al Congreso y al Gobierno para expedir un estatuto de educación indígena.

La Corte Constitucional amparó los derechos de la familia de un erradicador de cultivos ilícitos fallecido por una mina antipersonal, y ordenó al Tribunal Administrativo de Nariño emitir una nueva decisión bajo el criterio de responsabilidad objetiva del Estado y con enfoque de reparación integral.

El Senado de la República, mediante la Comisión Séptima liderada por la senadora Martha Peralta, convocó una mesa técnica para coordinar con entidades gubernamentales soluciones urgentes ante la crítica situación humanitaria que viven más de 700 indígenas desplazados en Puerto Carreño, Vichada, quienes habitan en asentamientos sin servicios básicos ni atención estatal efectiva.

Una nueva iniciativa legislativa en Colombia busca impulsar el turismo como motor de crecimiento económico y social, mediante incentivos fiscales que fomentarían la inversión, generarían empleo y fortalecerían las economías locales en regiones con alto potencial turístico.

La Corte Constitucional ordenó a entidades territoriales actuar con diligencia en la protección de mujeres víctimas de violencia basada en género, tras evidenciar la revictimización de una mujer a quien se le negó un subsidio de emergencia. La decisión destaca la obligación del Estado de garantizar medidas efectivas, con enfoque de género, sin exponer a las víctimas a trámites innecesarios ni barreras institucionales.

La Corte Constitucional amparó los derechos al buen nombre y al habeas data de un ciudadano afectado por la difusión pública de un proceso penal archivado a su favor. La Corte ordenó a la Fiscalía General de la Nación eliminar dicha información del sistema SPOA, al considerar que su exposición injustificada vulnera derechos fundamentales y puede generar discriminación laboral y social.