La Corte Constitucional ordenó a la UNP reevaluar con rigor los niveles de riesgo de una exfuncionaria, una líder social y un activista, al advertir fallas en la modificación de sus esquemas de seguridad y reiterar el deber reforzado de protección hacia líderes y defensores de derechos humanos.

La Cámara de Representantes aprobó en segundo debate una reforma al Estatuto de Ciudadanía Juvenil que otorga carácter decisorio a los Consejos de Juventud, introduce incentivos para sus integrantes y fortalece su participación en la formulación de políticas públicas, a la espera de su discusión en el Senado.

La Comisión Sexta de la Cámara aprobó en tercer debate una reforma a la Ley 30 de 1992 que redefine el modelo de financiamiento de la educación superior pública, con medidas para fortalecer la sostenibilidad del sistema, cerrar brechas regionales y ampliar el acceso a recursos para instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias, abriendo nuevas oportunidades para estudiantes en todo el país.

La Corte Constitucional amparó los derechos a la libertad de cultos y a la igualdad de una copropietaria cristiana, tras concluir que un condominio aconfesional vulneró estas garantías al adscribir su capilla al catolicismo. El tribunal ordenó adoptar medidas para asegurar un uso religioso equitativo del espacio, promover el diálogo entre copropietarios y establecer protocolos que eviten futuras discriminaciones por motivos de creencia.

La Corte Constitucional estableció nuevos estándares para garantizar el derecho a morir dignamente de personas con discapacidad, reemplazando el concepto de consentimiento sustituto por el de apoyo interpretativo de la voluntad y ordenando medidas para fortalecer la protección de su autonomía.

La Corte Constitucional protegió los derechos de una mujer trans víctima de discriminación en su entorno familiar y reiteró que ninguna persona trans puede ser excluida de su hogar por ejercer su identidad de género. El fallo ordena aplicar enfoque de género e interseccional en procesos de familia y destaca el deber del Estado de garantizar entornos libres de discriminación, promoviendo el diálogo y el reconocimiento mutuo como bases para la convivencia pacífica y la inclusión.