La Corte Constitucional evaluó el cumplimiento de las órdenes impartidas al Ministerio de Salud para agilizar el flujo de recursos en el sistema de salud. La Sala Especial de Seguimiento concluyó que persisten fallas en los pagos a prestadores, especialmente en el marco del Acuerdo de Punto Final, y que no existe claridad en las cifras del régimen subsidiado. Además, alertó sobre el atraso en la implementación de un sistema de monitoreo para el abastecimiento de medicamentos y dispositivos médicos.

La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena de 50 meses de prisión contra el periodista Miller Orlando Rubio Orjuela, al confirmar que empleó su labor informativa para beneficiar a la organización criminal de Pedro Nel Rincón Castillo, extraditado a Estados Unidos por narcotráfico. La Sala Penal concluyó que el comunicador fabricó noticias falsas, inventó fuentes y presionó a autoridades para favorecer intereses ilícitos, excediendo los límites constitucionales de la libertad de prensa.

La plenaria del Senado de la República definirá en último debate la adhesión de Colombia al Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, un acuerdo internacional que reforzaría el marco jurídico para la protección de esta población. La iniciativa, presentada por el Gobierno Nacional en 2024 y con ponencia favorable, busca garantizar el cumplimiento de compromisos internacionales y avanzar en la igualdad y dignidad de las personas con discapacidad, en coherencia con el Plan Nacional de Desarrollo y la reciente creación del Ministerio de Igualdad y Equidad.

Un proyecto aprobado en la Comisión Séptima de la Cámara propone autorizar el retiro de hasta la mitad de las cesantías para destinarlas a emprendimientos liderados por mujeres. La iniciativa busca impulsar la autonomía económica y el empleo femenino, incluye incentivos tributarios y capacitación, y ahora deberá ser discutida en la Plenaria de la corporación.

Consejo de Estado aclaró el régimen aplicable a convenios de asociación con entidades sin ánimo de lucro firmados antes de 2017, como el suscrito entre el Distrito Capital y la Fundación Amigos del Teatro Mayor. La Sala estableció que estos convenios se rigen por la Ley 489 de 1998 y el Decreto 777 de 1992, y fijó condiciones estrictas para su eventual prórroga, como motivación expresa, disponibilidad presupuestal y coherencia con los planes de desarrollo vigentes.

La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena por homicidio agravado contra el responsable del asesinato del periodista Luis Antonio Peralta Cuéllar en Caquetá. El fallo reconoce que el crimen estuvo motivado por su labor periodística de control social y establece un precedente para que los jueces incorporen la perspectiva de censura al analizar ataques contra comunicadores en Colombia.