La Corte Constitucional ordenó al ICBF implementar medidas de protección integral para personas mayores de 25 años que han estado bajo su cuidado en condiciones de vulnerabilidad. La decisión se dio tras estudiar el caso de un adulto que alegó la terminación de su medida de protección sin considerar su situación particular ni la ausencia de una red de apoyo. El alto tribunal dispuso que la entidad debe garantizar un enfoque diferencial que respete derechos como la dignidad humana, la educación, la salud, el trabajo y el mínimo vital, así como diseñar lineamientos institucionales que faciliten la construcción de proyectos de vida viables y prevengan el abandono social de esta población.

La Corte Suprema de Justicia estableció que cualquier usuario, cliente o potencial cliente de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera es consumidor financiero y, por lo tanto, cuenta con la protección especial prevista en la Ley 1328 de 2009. Con este criterio, el alto tribunal reconoció que los fideicomitentes que entregan bienes o recursos a sociedades fiduciarias tienen legitimación para demandar la protección de sus derechos, incluso si se trata de constructoras o promotoras de vivienda.

La Corte Constitucional aprobó la Jurisdicción Agraria y Rural tras declarar exequible la mayoría de artículos de la Ley Estatutaria que la regula. El fallo refuerza la implementación del Acuerdo de Paz y garantiza un sistema especializado para resolver conflictos agrarios con enfoque diferencial y territorial.

La Comisión Primera Constitucional de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el proyecto de ley que pretende restituir la mesada 14 a los docentes oficiales del país. La iniciativa busca adicionar un parágrafo al artículo 48 de la Constitución para reconocer una asignación adicional a las 13 mesadas vigentes, beneficiando a jubilados y pensionados por sobrevivencia.

La Corte Constitucional ordenó a la Unidad de Víctimas garantizar con celeridad la reparación integral de un Consejo Comunitario víctima del conflicto armado, tras advertir retrasos de más de ocho meses en el proceso de la Ruta de Reparación Colectiva. Además, dispuso que la Defensoría del Pueblo Regional Magdalena continúe acompañando a la comunidad para fortalecer su cohesión social y asegurar una respuesta efectiva.

La Corte Constitucional protegió los derechos de un hombre con discapacidad al ordenar a Colpensiones reconocerle la sustitución pensional. El alto tribunal recordó que la fecha de pérdida de capacidad laboral no puede depender únicamente del dictamen de la Junta de Invalidez, sino que debe establecerse a partir de un análisis integral de la historia clínica y de la evolución de enfermedades crónicas, degenerativas o congénitas.