La Corte Constitucional, mediante la sentencia T-235 de 2025, amparó los derechos fundamentales de cuatro estudiantes de la Universidad de Antioquia que denunciaron violencias basadas en género y de tipo sexual por parte de un docente, al considerar que fueron sometidas a un “peregrinaje institucional” por parte de la Procuraduría General de la Nación.
El alto tribunal revisó la tutela interpuesta contra la Procuraduría Regional de Instrucción de Antioquia y la Procuraduría Delegada con Funciones Mixtas 1 para la Defensa de los Derechos Humanos, debido a la dilación en la investigación disciplinaria iniciada contra el docente señalado. Según las accionantes, los constantes traslados del expediente entre dependencias aumentaron el riesgo de revictimización y dificultaron el acceso a la justicia.
La Sala Tercera de Revisión, integrada por la magistrada Diana Fajardo Rivera —quien la presidió— y los magistrados Vladimir Fernández Andrade y Jorge Enrique Ibáñez Najar, explicó que la violencia institucional, ejercida desde una posición de poder por agentes estatales, puede constituir una forma de violencia contra la mujer. En este caso, se configuró un “peregrinaje institucional” al imponer cargas desproporcionadas a las víctimas, lo que vulneró su derecho a una vida libre de violencia, a no ser discriminadas por razones de género, al debido proceso y al acceso a la justicia.
La Corte recordó que el Estado tiene la obligación de aplicar un estándar de debida diligencia reforzada en la investigación, sanción y reparación de violencias contra la mujer, garantizando procesos ágiles, exhaustivos e imparciales, sin dilaciones injustificadas.
Como medidas de reparación, la Corte ordenó a la Procuraduría Delegada con Funciones Mixtas 1 continuar con la investigación, adoptar una decisión de fondo e informar oportunamente a las víctimas sobre el avance del proceso. También instó al procurador general a implementar espacios de formación en investigaciones por violencias basadas en género y evaluar la apertura de procesos disciplinarios contra los funcionarios responsables de la mora administrativa.
Adicionalmente, dispuso que la Universidad de Antioquia active medidas de acompañamiento psicológico y garantías académicas para las estudiantes que aún no se hayan graduado y manifiesten su interés en recibir dicho apoyo.
Fuente: corteconstitucional.gov.co
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