En la Cámara de Representantes avanza una iniciativa legislativa que propone endurecer las sanciones contra las personas que incumplen de manera reiterada con sus obligaciones alimentarias, especialmente aquellas derivadas de órdenes judiciales en favor de hijos, padres o cónyuges.
El proyecto, impulsado por la representante a la Cámara por Bogotá Jennifer Pedraza, plantea como una de sus principales medidas la prohibición de ingreso a eventos masivos y deportivos, como conciertos y partidos de fútbol, para quienes se encuentren inscritos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM). Para ello, se establecería la obligación de que organizadores, empresas y plataformas de venta de boletería consulten periódicamente dicho registro y ajusten sus sistemas con el fin de impedir la compra de entradas o el acceso a estos espectáculos por parte de personas morosas.
La propuesta legislativa tiene como objetivo generar un cambio de comportamiento en los obligados alimentarios, promoviendo el cumplimiento efectivo de sus deberes y reforzando el principio constitucional de prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, el proyecto enfatiza que el uso de recursos en actividades recreativas resulta incompatible con el incumplimiento de obligaciones básicas de manutención.
Además de las restricciones para eventos masivos, la iniciativa contempla un conjunto amplio de sanciones administrativas y sociales. Entre ellas se incluyen limitaciones para acceder a cargos públicos, adjudicación de viviendas de interés social, programas estatales y la posibilidad de contratar con el Estado. También se prevé el fortalecimiento de los mecanismos de reporte financiero, mediante la remisión de la información del REDAM a las centrales de riesgo, con el fin de que el incumplimiento se refleje en el historial crediticio de los deudores.
El proyecto incorpora, asimismo, medidas de control disciplinario para los funcionarios que omitan exigir la certificación negativa del REDAM cuando la ley lo requiera, así como una mayor articulación interinstitucional entre entidades como el ICBF, la Procuraduría General de la Nación, la Registraduría y diversas superintendencias, con el propósito de garantizar la actualización y efectividad del registro. A ello se suman campañas pedagógicas orientadas a transformar la percepción social frente al incumplimiento de las obligaciones alimentarias.
Según cifras de la Fiscalía General de la Nación, en el país se han radicado más de 130.000 denuncias por el delito de inasistencia alimentaria, una situación que afecta directamente a miles de niños, niñas y adolescentes y que limita el acceso de los acreedores alimentarios a derechos fundamentales como la educación, la salud, la vivienda y la alimentación.
La iniciativa advierte que permitir que personas morosas accedan sin restricciones a beneficios estatales, ejerzan funciones públicas o participen libremente en actividades de entretenimiento masivo, mientras incumplen con sus deberes familiares, resulta contrario al mandato del artículo 44 de la Constitución Política y profundiza escenarios de desigualdad y vulnerabilidad social. Experiencias similares aplicadas en otros países de la región, como Argentina, México y Perú, sirven de antecedente para la discusión legislativa que ahora se abre en el Congreso colombiano.
Fuente: camara.gov.co
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