La protección de los ecosistemas marinos y fluviales empieza a consolidarse como prioridad en la agenda legislativa. En la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes avanzó en primer debate el proyecto de ley de economía azul, una iniciativa que busca articular desarrollo económico, sostenibilidad ambiental y bienestar social en territorios históricamente marginados por su cercanía al agua, con especial énfasis en la Ciénaga Grande de Santa Marta.

La propuesta plantea un marco normativo para promover inversiones públicas y privadas orientadas al ordenamiento territorial, la recuperación ambiental y el impulso de actividades productivas sostenibles, entre ellas el turismo responsable. El objetivo central es transformar la relación entre las comunidades y los cuerpos de agua, de modo que vivir a orillas de ríos, mares y ciénagas deje de asociarse con pobreza estructural y se convierta en una oportunidad real de desarrollo.

El articulado prevé la coordinación de varias carteras del Gobierno nacional, en particular los ministerios de Ambiente, Agricultura y Comercio, para canalizar recursos y ejecutar proyectos de restauración ecológica y aprovechamiento sostenible. En el caso de la Ciénaga Grande de Santa Marta, considerada uno de los espejos de agua dulce más importantes de América Latina, la iniciativa busca frenar la contaminación, recuperar sus ecosistemas y ordenar el uso del suelo en su entorno.

Desde el punto de vista presupuestal, el proyecto no fija un monto cerrado, sino que abre la puerta a diversas fuentes de financiación. Entre ellas se contemplan recursos del presupuesto nacional, la participación del sector privado, el uso de instrumentos financieros asociados a la protección ambiental —como los denominados bonos azules— y el apoyo de organizaciones internacionales, especialmente de países con mayores niveles de contaminación global. La ley se concibe como una herramienta de coordinación para que distintos niveles de gobierno y actores se alineen en torno a inversiones de largo plazo.

Otro eje relevante del proyecto es el componente social. La iniciativa incorpora medidas orientadas a mejorar las condiciones de vida de las comunidades que habitan en la ribera de la ciénaga y otros cuerpos de agua, con énfasis en acceso a vivienda digna, saneamiento básico y servicios esenciales. La apuesta es que la recuperación ambiental vaya de la mano con garantías mínimas para las familias que dependen directamente de estos ecosistemas.

El sector turístico también ocupa un lugar estratégico en el articulado. La propuesta busca potenciar el enorme valor paisajístico y ambiental de la Ciénaga Grande de Santa Marta mediante modelos de turismo sostenible que generen empleo y dinamicen las economías locales sin comprometer el equilibrio ecológico.

Tras superar su primer debate en la Comisión Quinta, el proyecto de ley de economía azul continuará su trámite en plenaria. De avanzar, se convertiría en una de las apuestas normativas más ambiciosas para integrar protección ambiental, desarrollo económico y justicia social en los territorios acuáticos del país.

Fuente: senado.gov.co

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