La Corte Constitucional ordenó al Ministerio de Justicia capacitar a las comisarías del país en enfoque de género e interseccionalidad tras encontrar vulneraciones en un caso de violencia intrafamiliar que afectó a una mujer indígena y a su hija. La decisión refuerza la protección del interés superior de los niños y la obligación estatal de prevenir patrones de discriminación en los procesos familiares.

La Corte Constitucional advirtió que el Ejército Nacional debe aplicar protocolos estrictos de verificación documental al incorporar personal, tras estudiar el caso de una ciudadana a quien se le negaron prestaciones por la muerte de su compañero permanente, quien prestó servicio como soldado bajo una identidad diferente. El tribunal amparó su derecho al debido proceso, reiteró la primacía de la realidad sobre las formas y reconoció que la prestación efectiva del servicio genera derechos laborales aun cuando existan irregularidades en el nombramiento.

La Corte Suprema de Justicia absolvió a un médico pediatra hemato-oncólogo procesado por homicidio culposo tras la muerte de una menor durante su tratamiento contra la leucemia, y aprovechó la decisión para unificar los criterios sobre responsabilidad penal médica, precisando el alcance del deber objetivo de cuidado, el principio de confianza y la correcta valoración probatoria en casos clínicos con intervención de múltiples profesionales.

El Senado evalúa un proyecto de ley que busca integrar formalmente la educación financiera y las finanzas personales en los niveles de básica y media, mediante seminarios anuales orientados a fortalecer las capacidades económicas de los estudiantes. La iniciativa plantea que el Ministerio de Educación defina los contenidos y su incorporación al currículo en un plazo de doce meses, y autoriza al Gobierno, a las instituciones educativas y a los entes territoriales a establecer convenios con entidades públicas o privadas para garantizar su implementación.

La Comisión Séptima de la Cámara de Representantes avanzó en la discusión de un proyecto que busca convertir el programa Colombia Estado Joven en una política pública permanente, con el fin de asegurar que todos los practicantes del sector público reciban un auxilio económico equivalente al menos a un salario mínimo, junto con afiliación a seguridad social y garantías de participación en convocatorias transparentes.

La Corte Constitucional protegió los derechos al agua potable y a la educación de comunidades afrodescendientes de Pueblo Rico (Risaralda) y reiteró que los acuerdos suscritos con las comunidades dentro de contratos de obra pública son obligatorios para entidades y contratistas. La decisión ordena rehabilitar el acueducto de la vereda Gitó, intervenir varias escuelas y garantizar suministro continuo de agua mientras se ejecutan las obras, destacando que el incumplimiento de estos compromisos afecta la participación democrática y la confianza legítima en el Estado