Proyecto de ley de economía azul avanza en el Congreso y propone inversión pública y privada, ordenamiento territorial y turismo sostenible para proteger mares, ríos y la Ciénaga Grande de Santa Marta, mejorar las condiciones de vida de las comunidades ribereñas y convertir la cercanía al agua en una oportunidad de desarrollo ambiental y económico.

La Corte Constitucional precisó que el derecho a la autodeterminación reproductiva incluye el acceso a información clara, completa y comprensible en salud reproductiva. Aunque negó el amparo del derecho a la salud por falta de orden médica, el alto tribunal ordenó a la EPS garantizar orientación adecuada sobre la recanalización tubárica, al considerar que la falta de información vulneró la autonomía y el proyecto de vida de la accionante.

La Corte Suprema de Justicia precisó que los giros directos realizados por la ADRES a las Instituciones Prestadoras de Salud, como contraprestación por servicios y tecnologías en salud efectivamente prestados a las EPS, adquieren naturaleza privada una vez ingresan a las cuentas de las IPS y pueden ser objeto de embargo al no vulnerarse la destinación específica de los recursos del sistema de salud ni los derechos de los acreedores.

El Consejo de Estado avaló la decisión de la SIC que negó el registro de la marca Frida Kahlo para productos y servicios comerciales, al considerar que el uso del nombre afecta la identidad de la artista y vulnera los derechos de sus herederas, reforzando la protección del derecho marcario y la propiedad industrial.

El Senado de la República impulsa un proyecto de ley para reformar la Ley 1475 de 2011 y modernizar las campañas electorales en Colombia, con medidas sobre debates obligatorios, mayor control al financiamiento político, equidad en el acceso a medios de comunicación y regulación estricta de encuestas, con el fin de fortalecer la transparencia y la confianza ciudadana de cara a las elecciones de 2026.

Un proyecto de ley impulsado en la Cámara de Representantes busca endurecer las sanciones contra los deudores alimentarios morosos en Colombia, proponiendo restricciones de acceso a eventos masivos y deportivos, impedimentos para contratar con el Estado, acceder a cargos públicos y beneficios estatales, así como el reporte a centrales de riesgo, con el objetivo de garantizar la prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y promover el cumplimiento efectivo de las obligaciones alimentarias.