El Consejo de Estado avaló la decisión de la SIC que negó el registro de la marca Frida Kahlo para productos y servicios comerciales, al considerar que el uso del nombre afecta la identidad de la artista y vulnera los derechos de sus herederas, reforzando la protección del derecho marcario y la propiedad industrial.

El Senado de la República impulsa un proyecto de ley para reformar la Ley 1475 de 2011 y modernizar las campañas electorales en Colombia, con medidas sobre debates obligatorios, mayor control al financiamiento político, equidad en el acceso a medios de comunicación y regulación estricta de encuestas, con el fin de fortalecer la transparencia y la confianza ciudadana de cara a las elecciones de 2026.

Un proyecto de ley impulsado en la Cámara de Representantes busca endurecer las sanciones contra los deudores alimentarios morosos en Colombia, proponiendo restricciones de acceso a eventos masivos y deportivos, impedimentos para contratar con el Estado, acceder a cargos públicos y beneficios estatales, así como el reporte a centrales de riesgo, con el objetivo de garantizar la prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y promover el cumplimiento efectivo de las obligaciones alimentarias.

La Corte Constitucional protegió los derechos fundamentales a la asociación sindical y a la negociación colectiva del sindicato SETRASENA, al concluir que el SENA vulneró estas garantías al excluirlo de la mesa de negociación del acuerdo colectivo 2024-2026, pese a su alta representatividad, y precisó el alcance de las reglas del Decreto 243 de 2024 sobre la conformación de la comisión negociadora unificada en el sector público.

El Consejo de Estado aclaró que los integrantes de las juntas directivas de los fondos parafiscales agropecuarios, al ejercer funciones públicas y administrar recursos del Estado, están sujetos a las inhabilidades e incompatibilidades de la contratación estatal, a las restricciones previstas para cargos de elección popular y a las prohibiciones de proselitismo político, con posibles sanciones disciplinarias.

La Corte Constitucional protegió los derechos fundamentales a la salud, la seguridad social, la vida en condiciones dignas y al cuidado de una mujer adulta mayor que fue retirada de un servicio especial de salud tras una valoración errónea de su situación económica, desconociendo su rol como cuidadora principal de su hijo en situación de discapacidad, y ordenó su reincorporación como beneficiaria.