La Corte Constitucional fijó lineamientos para el manejo de conflictos escolares entre niños y niñas, al señalar que deben abordarse desde una perspectiva restaurativa, pedagógica y de protección integral, priorizando el interés superior del menor, la escucha activa, el desarrollo emocional y la corresponsabilidad de la comunidad educativa, y descartando enfoques sancionatorios o punitivos inapropiados para menores de edad.

El Consejo de Estado estableció que las EPS pueden destinar recursos de la UPC al pago de cartera y pasivos de vigencias anteriores, al concluir que estos dineros no están sujetos al principio de anualidad presupuestal, siempre que no se afecte la prestación del servicio de salud.

La Corte Suprema de Justicia amplió el alcance del fuero de estabilidad laboral reforzada para los trabajadores prepensionados, al establecer que los empleadores particulares no pueden despedirlos sin justa causa durante los tres años previos al cumplimiento de la edad de pensión, incluso si ya acreditaron las semanas de cotización, con el fin de proteger su mínimo vital y garantizar una transición digna hacia la jubilación.

El Senado de la República avanza en el estudio de un proyecto de ley que propone mejorar la protección, seguridad y condiciones laborales de los guardaparques en Colombia, mediante la creación de una carrera administrativa especial, el reconocimiento del riesgo asociado a su labor y la implementación de beneficios de bienestar para quienes protegen las áreas naturales y la biodiversidad del país.

La aplicación de la Ley 1774 transforma el transporte de mascotas en Colombia al exigir que perros y gatos viajen en cabina junto a sus dueños, estableciendo requisitos de aviso previo, vacunación, peso y responsabilidad del propietario, así como sanciones para las empresas que incumplan la norma y pongan en riesgo el bienestar animal.

La Jurisdicción Especial para la Paz calificó como genocidio el ataque sistemático contra la Unión Patriótica, renombró el Caso 06 y imputó responsabilidad penal a cinco altos mandos retirados del Ejército por crímenes de guerra y de lesa humanidad, al establecer un patrón nacional de persecución política que dejó más de 8.900 víctimas entre asesinatos, desapariciones, desplazamientos forzados y otras graves violaciones a los derechos humanos.