El Senado de la República, mediante la Comisión Séptima liderada por la senadora Martha Peralta, convocó una mesa técnica para coordinar con entidades gubernamentales soluciones urgentes ante la crítica situación humanitaria que viven más de 700 indígenas desplazados en Puerto Carreño, Vichada, quienes habitan en asentamientos sin servicios básicos ni atención estatal efectiva.

Una nueva iniciativa legislativa en Colombia busca impulsar el turismo como motor de crecimiento económico y social, mediante incentivos fiscales que fomentarían la inversión, generarían empleo y fortalecerían las economías locales en regiones con alto potencial turístico.

La Corte Constitucional ordenó a entidades territoriales actuar con diligencia en la protección de mujeres víctimas de violencia basada en género, tras evidenciar la revictimización de una mujer a quien se le negó un subsidio de emergencia. La decisión destaca la obligación del Estado de garantizar medidas efectivas, con enfoque de género, sin exponer a las víctimas a trámites innecesarios ni barreras institucionales.

La Corte Constitucional amparó los derechos al buen nombre y al habeas data de un ciudadano afectado por la difusión pública de un proceso penal archivado a su favor. La Corte ordenó a la Fiscalía General de la Nación eliminar dicha información del sistema SPOA, al considerar que su exposición injustificada vulnera derechos fundamentales y puede generar discriminación laboral y social.

La Corte Constitucional negó la solicitud de nulidad presentada por el Ministerio de Salud contra el Auto 007 de 2025, al considerar que fue radicada fuera del plazo legal y carecía de fundamentos claros y pertinentes. La decisión reafirma la exigencia de cumplir estrictamente los requisitos procesales en incidentes de nulidad y mantiene en firme el análisis sobre la suficiencia de la UPC en el sistema de salud.

El Senado de la República aprobó en primer debate un proyecto de ley que busca endurecer las penas para quienes recluten menores en el conflicto armado, elevándolas hasta 50 años de prisión. La iniciativa responde a la alarmante situación del país, el único en América donde persiste esta práctica, según la ONU.