La Comisión Séptima de la Cámara de Representantes dio un paso decisivo en la discusión del proyecto que busca transformar el actual programa Colombia Estado Joven en una política pública permanente, con el fin de garantizar condiciones laborales dignas para los estudiantes que realizan prácticas en entidades del Estado. La iniciativa surge ante la falta de continuidad financiera del programa, que desde su creación en 2016 ha tenido dificultades de sostenibilidad y no recibió recursos en 2023.
La propuesta plantea que todos los practicantes del sector público, incluyendo pasantes, judicantes y estudiantes vinculados mediante relaciones docencia-servicio, reciban un auxilio económico equivalente, como mínimo, a un salario mínimo mensual. Además, establece la obligatoriedad de afiliación a salud, pensión y riesgos laborales, así como convocatorias públicas y transparentes, una base nacional unificada de practicantes y estrictos mecanismos de protección de derechos.
El proyecto incorpora criterios de equidad para priorizar el acceso de jóvenes de estratos 1, 2 y 3, mujeres cabeza de hogar, víctimas del conflicto y personas con discapacidad. Asimismo, prevé una inversión anual cercana a los $777.590 millones para garantizar el sostenimiento de todos los practicantes del sector estatal, con seguimiento por parte del Ministerio del Trabajo y reportes periódicos al Congreso.
La iniciativa, que ahora espera debate en la plenaria de la Cámara, busca cerrar la brecha entre educación y empleo, aportar a la reducción del desempleo juvenil, que se aproxima al 19,9%, y fortalecer la modernización del servicio público mediante la vinculación de nuevas generaciones con formación digital y visión innovadora.
Fuente: camara.gov.co
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