La Corte Constitucional protegió los derechos fundamentales de un sindicato de docentes del SENA al ordenar la reubicación de cámaras de videovigilancia instaladas en aulas de clase, por considerar que vulneraban la intimidad, el habeas data, la libertad de cátedra y de expresión. La sentencia T-170 de 2025 destaca que los espacios educativos deben garantizar el libre desarrollo del pensamiento y el debate plural sin injerencias desproporcionadas.

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La Corte Constitucional reconoció el desplazamiento forzado de un grupo de víctimas de las masacres ocurridas en Las Palmas (Bolívar) como un daño antijurídico atribuible al Estado, tras una lucha judicial de más de dos décadas. El alto tribunal reiteró la aplicación del principio de flexibilidad probatoria en casos de graves violaciones a los derechos humanos y ordenó al Tribunal Administrativo de Bolívar emitir un nuevo fallo que garantice la reparación integral, incluida la construcción de un monumento conmemorativo a las víctimas.

La plenaria del Senado de la República aprobó el 75% del articulado de la Reforma Laboral, con avances en la regulación de contratos a término indefinido y fijo, obligaciones del empleador frente a las horas extras, formalización del trabajo en el sector artístico, responsabilidad solidaria en la tercerización laboral y protección de los derechos de los trabajadores en casos de sustitución del empleador. Aunque 57 artículos ya fueron aprobados, aún quedan 19 por discutir, además de posibles nuevos artículos que podrían ser incluidos en las próximas sesiones.

Colombia da un paso clave en la protección de los derechos laborales al aprobar la ratificación del Convenio 190 de la OIT, que establece un marco legal integral para prevenir, abordar y eliminar la violencia y el acoso, incluido el acoso sexual, en todos los entornos relacionados con el trabajo. La norma, respaldada de forma unánime por la Cámara de Representantes, garantiza la protección de trabajadores formales e informales, sin distinción de género, y aplica tanto en el lugar de trabajo como en contextos asociados a la actividad laboral.

La Corte Constitucional protegió los derechos fundamentales al agua y a la vivienda digna de un adulto mayor que vive en zona rural de Cali sin acceso a servicios públicos. El fallo ordena garantizarle un suministro mínimo de agua potable y su reubicación en el plazo de un año, reiterando que los municipios deben implementar soluciones alternativas incluso en territorios con restricciones ambientales. La decisión sienta un importante precedente con efectos inter comunis para poblaciones en condiciones similares.