La Corte Constitucional protegió los derechos al agua potable y a la educación de comunidades afrodescendientes de Pueblo Rico (Risaralda) y reiteró que los acuerdos suscritos con las comunidades dentro de contratos de obra pública son obligatorios para entidades y contratistas. La decisión ordena rehabilitar el acueducto de la vereda Gitó, intervenir varias escuelas y garantizar suministro continuo de agua mientras se ejecutan las obras, destacando que el incumplimiento de estos compromisos afecta la participación democrática y la confianza legítima en el Estado

El Consejo de Estado ordenó a la Agencia Nacional de Tierras proteger los predios La Victoria y Costa Rica y garantizar el debido proceso de la comunidad indígena Aywjawashi del Pueblo Zenú, al revocar la improcedencia de una tutela y exigir acciones inmediatas e información clara sobre la adjudicación de los territorios.

La Corte Constitucional ordenó al Ministerio de Educación y a la Gobernación de Arauca incorporar un enfoque de derechos humanos en la planeación y viabilidad del transporte escolar rural, tras amparar los derechos de 37 estudiantes que deben caminar largos trayectos en una zona afectada por riesgos como el reclutamiento forzado. La decisión destaca la obligación de las entidades públicas de garantizar un acceso seguro y efectivo a la educación mediante contratos y proyectos que consideren las condiciones geográficas, sociales y de seguridad de las comunidades rurales.

La Cámara de Representantes dio luz verde a la denominada “Ley Empatía”, una iniciativa que introduce de manera obligatoria la enseñanza del respeto, la protección y el bienestar animal en los programas educativos de colegios públicos y privados del país. La propuesta también incorpora contenidos sobre protección animal y conservación de la biodiversidad dentro de la Política Nacional de Educación Ambiental, con el fin de fortalecer la conciencia ecológica y promover una cultura de respeto hacia todas las formas de vida desde la infancia.

El Senado de la República aprobó la reglamentación del artículo 246 de la Constitución Política, que define los mecanismos de coordinación entre la jurisdicción especial indígena y el sistema judicial nacional. La iniciativa, de carácter estatutario y respaldada por amplio consenso político, busca garantizar la autonomía de los pueblos indígenas y fortalecer el pluralismo jurídico en Colombia. Con esta aprobación, que ahora pasa a la Cámara de Representantes, el Congreso avanza en el reconocimiento pleno de la justicia propia de las comunidades originarias y en la consolidación de un Estado intercultural basado en el respeto y la armonización de los distintos sistemas jurídicos del país.

El Consejo de Estado declaró responsable a la Nación por la muerte del magistrado auxiliar Jorge Alberto Echeverry Correa durante el holocausto del Palacio de Justicia de 1985, al considerar que la tragedia fue consecuencia conjunta de la acción del M-19 y de fallas del Estado en su deber de protección y uso proporcional de la fuerza.