La Corte Constitucional estableció nuevos estándares para garantizar el derecho a morir dignamente de personas con discapacidad, reemplazando el concepto de consentimiento sustituto por el de apoyo interpretativo de la voluntad y ordenando medidas para fortalecer la protección de su autonomía.

La Corte Constitucional protegió los derechos de una mujer trans víctima de discriminación en su entorno familiar y reiteró que ninguna persona trans puede ser excluida de su hogar por ejercer su identidad de género. El fallo ordena aplicar enfoque de género e interseccional en procesos de familia y destaca el deber del Estado de garantizar entornos libres de discriminación, promoviendo el diálogo y el reconocimiento mutuo como bases para la convivencia pacífica y la inclusión.

La Comisión Quinta de la Cámara avanza en un proyecto que busca crear un Sello Ambiental para certificar que la actividad ganadera no invade páramos ni zonas protegidas, promoviendo la conservación del ecosistema, la delimitación de fronteras agrícolas y ganaderas, y el acceso del sector bovino a mercados nacionales e internacionales que ofrecen mejores precios a productos sostenibles.

En los últimos años, el uso de herramientas de inteligencia artificial se ha extendido en el ámbito jurídico. Sin embargo, no todas las IAs son iguales ni ofrecen el...

Avanza en la Cámara de Representantes un proyecto de ley que busca obligar a los candidatos a la Presidencia, gobernaciones y alcaldías a asistir a debates públicos organizados por los medios, una iniciativa que pretende fortalecer la exposición programática en época electoral pero que ha generado controversia por las sanciones propuestas para quienes no cumplan con esta obligación.

La Corte Constitucional ordenó al Ministerio de Justicia capacitar a las comisarías del país en enfoque de género e interseccionalidad tras encontrar vulneraciones en un caso de violencia intrafamiliar que afectó a una mujer indígena y a su hija. La decisión refuerza la protección del interés superior de los niños y la obligación estatal de prevenir patrones de discriminación en los procesos familiares.