El Consejo de Estado aclaró que los integrantes de las juntas directivas de los fondos parafiscales agropecuarios, al ejercer funciones públicas y administrar recursos del Estado, están sujetos a las inhabilidades e incompatibilidades de la contratación estatal, a las restricciones previstas para cargos de elección popular y a las prohibiciones de proselitismo político, con posibles sanciones disciplinarias.

La Corte Constitucional protegió los derechos fundamentales a la salud, la seguridad social, la vida en condiciones dignas y al cuidado de una mujer adulta mayor que fue retirada de un servicio especial de salud tras una valoración errónea de su situación económica, desconociendo su rol como cuidadora principal de su hijo en situación de discapacidad, y ordenó su reincorporación como beneficiaria.

Proyecto de ley que avanza en el Senado busca eximir del pago de impuestos a los vehículos de los cuerpos de bomberos voluntarios en Colombia, como una medida para aliviar su carga financiera y permitir que esos recursos se destinen al mantenimiento de equipos y al fortalecimiento de la atención de emergencias en todo el país.

Proyecto de ley presentado en el Congreso de la República busca reconocer a los escoltas y agentes de seguridad como trabajadores de alto riesgo, con el propósito de dignificar su labor, ajustar su reconocimiento laboral a las condiciones de riesgo que enfrentan a diario y beneficiar a miles de personas dedicadas a la protección y seguridad en Colombia.

La Corte Constitucional fijó lineamientos para el manejo de conflictos escolares entre niños y niñas, al señalar que deben abordarse desde una perspectiva restaurativa, pedagógica y de protección integral, priorizando el interés superior del menor, la escucha activa, el desarrollo emocional y la corresponsabilidad de la comunidad educativa, y descartando enfoques sancionatorios o punitivos inapropiados para menores de edad.

El Consejo de Estado estableció que las EPS pueden destinar recursos de la UPC al pago de cartera y pasivos de vigencias anteriores, al concluir que estos dineros no están sujetos al principio de anualidad presupuestal, siempre que no se afecte la prestación del servicio de salud.