El Consejo de Estado declaró la nulidad parcial de algunos acuerdos expedidos por la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) que permitían delegar en cargos directivos y asesores el conocimiento y decisión de procesos sancionatorios por presuntas violaciones al régimen de carrera administrativa. La corporación judicial señaló que estas funciones son de naturaleza constitucional y no pueden ser transferidas, pues forman parte esencial de la misión de la entidad. La decisión reafirma que la administración y vigilancia del sistema de carrera deben permanecer bajo control directo de la CNSC.

La Corte Constitucional amparó los derechos fundamentales de un ciudadano que fue condenado en un proceso judicial sin haber sido debidamente notificado. El caso se originó en una demanda del INPEC, entidad que aseguró falsamente desconocer otras direcciones del demandado, lo que llevó a su emplazamiento irregular. La Corte determinó que esa actuación vulneró los derechos al debido proceso y al acceso a la justicia, y además evidenció una falta de defensa técnica y un defecto procedimental al no tramitarse la nulidad solicitada por el afectado.

La Cámara de Representantes aprobó la reforma estructural del ICETEX, orientada a transformar su funcionamiento para hacerlo más flexible y con enfoque social. El proyecto introduce medidas como la eliminación de la capitalización de intereses, límites al monto total de pago, plazos definidos para responder solicitudes y desembolsos, y un acompañamiento psicosocial para los beneficiarios.

El proyecto de ley que propone identificar a los nuevos conductores con una calcomanía visible marcada con la letra “A” avanza hacia su aprobación final en la Cámara de Representantes. La medida busca modificar el Código Nacional de Tránsito para establecer esta obligación durante el primer año de expedición de la licencia, como estrategia pedagógica y preventiva orientada a reducir la siniestralidad vial y promover una cultura de conducción responsable en Colombia.

El Consejo de Estado decidió mantener la vigencia de las disposiciones que regulan los auxilios y compensaciones en el teletrabajo, al negar la solicitud de suspensión provisional presentada contra varios artículos del Decreto 1072 de 2015, modificados por el Decreto 1227 de 2022. La corporación determinó que estas normas no desconocen la obligación legal de los empleadores de garantizar los equipos y servicios necesarios para el desempeño de las labores a distancia, sino que amplían las alternativas para cumplir con dicho deber. Según la decisión, las disposiciones demandadas permiten acuerdos flexibles entre empleadores y teletrabajadores sobre la provisión de equipos o el pago de compensaciones, con el fin de adaptar las condiciones laborales al contexto tecnológico actual.

La Inteligencia Artificial (IA) jurídica ha dejado de ser una promesa futurista para convertirse en una herramienta indispensable en el día a día de los abogados y...