Durante 2024, el Congreso de la República avanzó significativamente en la aprobación de reformas destinadas a fortalecer el sistema de justicia transicional en Colombia. Estas medidas buscan garantizar una reparación integral a las víctimas del conflicto armado y cerrar definitivamente el capítulo de Justicia y Paz, proporcionando estabilidad y equidad en el marco del posconflicto.

Las reformas incluyen un enfoque integral que articula procesos judiciales y administrativos para mejorar la restitución de tierras, la indemnización individual y colectiva y la atención psicosocial a las víctimas. Asimismo, se establecieron políticas específicas para atender a las víctimas desplazadas, garantizando su retorno o reubicación en condiciones dignas.

Uno de los principales avances fue la creación de la Comisión de Expertos para la Reforma a la Justicia, establecida en enero de 2024. Este organismo, conformado por aproximadamente 40 miembros, reúne a sindicatos del sector justicia, jueces, defensores de derechos humanos, representantes de comunidades indígenas y afrodescendientes, feministas, funcionarios de gobierno y miembros de las altas cortes. Su objetivo es elaborar propuestas para la reforma de la justicia, que serán debatidas en el Congreso.

Otro hito relevante fue la sanción de la Ley de Administración de Justicia el 9 de octubre de 2024 por el presidente Gustavo Petro. Esta nueva legislación introduce transformaciones clave, como la modernización de la justicia digital, permitiendo que los procesos judiciales se desarrollen de manera virtual. Además, establece mejoras en la selección de magistrados para las Altas Cortes, promoviendo la transparencia y la equidad de género en el sistema judicial.

Se espera que durante el primer semestre de 2025, el Congreso continúe con la discusión y aprobación de las reformas presentadas por el Gobierno Nacional y la Comisión de Expertos. Estas iniciativas buscan consolidar un sistema judicial más eficiente, transparente y cercano a los ciudadanos, fortaleciendo la confianza en las instituciones y garantizando el acceso a la justicia para todos los colombianos.

Fuente: senado.gov.co

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