Los ministerios de Justicia y Salud, junto con el INPEC y la USPEC, firmaron un compromiso en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá para garantizar el suministro de productos de salud menstrual y promover el bienestar de las mujeres privadas de la libertad, destacando la importancia de la dignidad y los derechos humanos en el sistema penitenciario.

Ecopetrol ha sido nombrada la primera empresa Ancla de Colombia mediante una estrategia del Ministerio de Ambiente, que busca promover negocios sostenibles. Esta iniciativa incluye la integración de proveedores con procesos productivos ecológicos, formación técnica para emprendedores y el fomento de la economía circular. Con acciones concretas como la provisión de panela orgánica y la participación de negocios verdes en eventos, Ecopetrol impulsa la sostenibilidad y el crecimiento de economías locales.

La Corte Constitucional, en la Sentencia T-135 de 2024, ordenó a Colpensiones reconocer y pagar la pensión de invalidez a un ciudadano, resaltando la estrecha relación entre la pensión y el derecho al mínimo vital. La Corte reiteró que deben considerarse los periodos pagados por el empleador, incluso si dichos pagos se realizaron después de la fecha de estructuración de la invalidez, conforme a los principios de universalidad, integralidad, unidad y eficiencia del Sistema General de Seguridad Social.

El Consejo de Estado anula los conceptos de la DIAN que calificaban la renuncia a gananciales como ganancia ocasional gravada. La decisión establece que los gananciales mantienen su naturaleza y no están sujetos a impuestos adicionales, garantizando claridad y seguridad jurídica en la liquidación de la sociedad conyugal.

La Corte Constitucional ordena a la UARIV revisar la solicitud de inclusión de Camila en el Registro Único de Víctimas, destacando la necesidad de un proceso justo y exhaustivo y la importancia de aprovechar todas las fuentes disponibles para determinar la relación de los hechos victimizantes con el conflicto armado.

El Ministerio del Deporte ha emitido un requerimiento a la Federación Colombiana de Fútbol para ajustar su Estatuto del Jugador y Código Único Disciplinario, siguiendo las resoluciones de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Estos ajustes buscan proteger los derechos fundamentales de los futbolistas profesionales, incluyendo la dignidad humana, el trabajo y la libertad de escoger profesión. Además, la Dimayor estará sujeta a inspección y control por parte del Ministerio.