La Corte Constitucional, mediante la sentencia T-046 de 2024, ha emitido importantes directrices para garantizar la seguridad y los derechos laborales de los trabajadores en el sector minero del país. En respuesta a un caso específico de un trabajador de una mina de mármol, la Sala Segunda de Revisión amparó el derecho a la seguridad social de un individuo que sufrió lesiones en un accidente laboral, revelando preocupantes niveles de informalidad y desprotección en la industria minera colombiana.
La sentencia destacó que aproximadamente el 70% de la actividad minera en Colombia se realiza de manera informal, lo que expone a los trabajadores a mayores riesgos para su salud y dificultades para acceder a la seguridad social y a pensiones. En el caso analizado, la Corte identificó una omisión de responsabilidades por parte de la empresa titular de la concesión minera respecto a las condiciones laborales de los subcontratistas, evidenciando la necesidad de una mayor supervisión y control en este ámbito.
En respuesta a esta situación, la Corte ordenó a la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) calificar la pérdida de capacidad laboral del trabajador afectado y asumir el pago del subsidio de incapacidad. Además, se estableció la posibilidad de reconocer una pensión por invalidez de manera temporal, en caso de que el individuo cumpla con los requisitos para esta prestación. Asimismo, se determinó que la AFP podría reclamar el reembolso de los recursos pagados al trabajador a su empleador o contratante, en caso de que así lo dictaminara la jurisdicción competente.
La Corte también ordenó al Ministerio del Trabajo ejercer labores de inspección, vigilancia y control sobre la situación laboral del trabajador afectado, así como sobre las condiciones laborales en la mina específica donde ocurrió el accidente. Además, instó tanto al Ministerio del Trabajo como al Ministerio de Minas y Energía y a la Agencia Nacional de Minería a verificar las condiciones en las que se están llevando a cabo las actividades mineras en el país, asegurando el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Política de Seguridad Minera.
Esta decisión judicial resalta la importancia de proteger los derechos laborales y la seguridad de los trabajadores en un sector tan crucial como el minero, instando a las autoridades pertinentes a tomar medidas efectivas para garantizar condiciones laborales adecuadas y el cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad laboral.
Fuente: corteconstitucional.gov.co
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