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Corte Constitucional mantiene abierto incidente de desacato contra el Ministro de Salud para garantizar el derecho a la salud

Mediante el Auto 2061 de 2025, la Sala Especial de Seguimiento de la Corte Constitucional decidió continuar el trámite del incidente de desacato iniciado contra el ministro de Salud y Protección Social, por el presunto incumplimiento de órdenes relacionadas con la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

Publicado: 6 de enero de 2026

Mediante el Auto 2061 de 2025, la Sala Especial de Seguimiento de la Corte Constitucional decidió continuar el trámite del incidente de desacato iniciado contra el ministro de Salud y Protección Social, por el presunto incumplimiento de órdenes relacionadas con la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

El incidente fue abierto en el Auto 2049 de 2025, en el marco del seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, luego de que la Corte considerara que el Ministerio no acreditó un cumplimiento material, real e inmediato de las órdenes impartidas para garantizar el derecho fundamental a la salud. Aunque el ministro presentó un informe solicitando el archivo del trámite, la Sala concluyó que las medidas reportadas no demostraban avances suficientes.

La Corte reiteró que el Ministerio debe corregir las deficiencias del sistema de información para el cálculo de la UPC, garantizar su suficiencia real y equiparar la UPC del régimen subsidiado al 95 % de la del régimen contributivo, mientras no se demuestre su suficiencia.

Como parte del proceso, la Sala abrió formalmente la etapa probatoria, incorporó la documentación presentada y ordenó la realización de una mesa técnica que se llevará a cabo en febrero de 2026. Asimismo, negó la práctica de pruebas solicitadas por el Ministerio que corresponden a competencias propias de esa cartera y de la Superintendencia Nacional de Salud.

La Corte reiteró que el incidente de desacato busca asegurar el cumplimiento efectivo de sus órdenes y advirtió que el incumplimiento puede dar lugar a la imposición de sanciones legales, con el fin de proteger el derecho fundamental a la salud.

Fuente: corteconstitucional.gov.co

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