En un avance significativo para la implementación del Acuerdo de Paz, la Corte Constitucional ha emitido el Auto 826 de 2024, ordenando a las entidades públicas responsables de superar el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) en la seguridad de los excombatientes de las FARC-EP, ajustar y coordinar sus decisiones y acciones de acuerdo con los subcomponentes y ejes transversales de la política pública de seguridad.
Contexto del ECI y la Sentencia SU-020 de 2022
La Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia SU-020 de 2022, que había declarado el ECI en el componente de garantías de seguridad para los firmantes del Acuerdo de Paz, identificó la falta de claridad y coordinación entre las distintas entidades nacionales y territoriales. Este desconocimiento ha impedido la implementación coherente de políticas de seguridad, vitales para la protección de esta población.
Subcomponentes y Ejes Transversales
Para superar este obstáculo, la Corte detalló los subcomponentes de la política pública de seguridad, que incluyen:
- Protección
- Prevención y Reacción
- Reincorporación Integral
- Política Criminal
- Seguimiento
Además, definió tres ejes transversales:
- Ajustes de Diseño Institucional
- Priorización
- Enfoques Diferenciales
Órdenes Específicas y Entidades Responsables
Las entidades públicas deberán orientar sus acciones y decisiones basándose en estos subcomponentes y ejes transversales. Las principales entidades responsables incluyen:
- Oficina del Consejero Comisionado de Paz y su Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz
- Ministerios de Defensa, Interior, Justicia, Vivienda, Hacienda, Trabajo, Salud, Ambiente, Cultura, Agricultura, Educación y Tecnologías de la Información
- Comando General de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional
- Departamento Nacional de Planeación y el Departamento Administrativo de la Función Pública
- Congreso de la República, Consejo Nacional Electoral y Fiscalía General de la Nación
- Varias agencias nacionales como la de Renovación de Territorio, Tierras, Desarrollo Rural, Reincorporación y Normalización
- Procuraduría General y Defensoría del Pueblo
Implementación y Seguimiento
La Sala también dirigió órdenes a las instancias creadas en el Acuerdo Final de Paz, como la Mesa Técnica de Seguridad y Protección, la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y otras, para asegurar la implementación efectiva de los instrumentos de seguridad diseñados en el Acuerdo de Paz.
Rol de la Procuraduría y la Defensoría
La Procuraduría Delegada para el Seguimiento al Acuerdo Final de Paz y la Defensoría del Pueblo deberán adaptar y orientar su trabajo de seguimiento según estos lineamientos, asegurando la coherencia con el Plan Marco de Implementación del Acuerdo Final de Paz.
Enfoque Territorial
Finalmente, la Corte incluyó a las alcaldías y personarías de municipios con un alto número de firmantes del Acuerdo, quienes deberán adecuar sus planes y acciones de acuerdo con las directrices establecidas.
Con esta decisión, la Corte Constitucional busca fortalecer la protección y seguridad de los excombatientes de las FARC-EP, promoviendo una implementación integral y coherente de las políticas acordadas en el proceso de paz.
Fuente: corteconstitucional.gov.co
Otras noticias de actualidad jurídica: Senado aprueba proyecto de ley sobre responsabilidad civil por contaminación de hidrocarburos en aguas colombianas
