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Corte Constitucional ordena aclarar y coordinar políticas de seguridad para excombatientes de las FARC-EP

Corte Constitucional ordena a entidades públicas coordinar y clarificar políticas de seguridad para excombatientes de las FARC-EP, basándose en subcomponentes y ejes transversales definidos, para superar el Estado de Cosas Inconstitucional.

Publicado: 20 de mayo de 2024

En un avance significativo para la implementación del Acuerdo de Paz, la Corte Constitucional ha emitido el Auto 826 de 2024, ordenando a las entidades públicas responsables de superar el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) en la seguridad de los excombatientes de las FARC-EP, ajustar y coordinar sus decisiones y acciones de acuerdo con los subcomponentes y ejes transversales de la política pública de seguridad.

Contexto del ECI y la Sentencia SU-020 de 2022

La Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia SU-020 de 2022, que había declarado el ECI en el componente de garantías de seguridad para los firmantes del Acuerdo de Paz, identificó la falta de claridad y coordinación entre las distintas entidades nacionales y territoriales. Este desconocimiento ha impedido la implementación coherente de políticas de seguridad, vitales para la protección de esta población.

Subcomponentes y Ejes Transversales

Para superar este obstáculo, la Corte detalló los subcomponentes de la política pública de seguridad, que incluyen:

  1. Protección
  2. Prevención y Reacción
  3. Reincorporación Integral
  4. Política Criminal
  5. Seguimiento

Además, definió tres ejes transversales:

  1. Ajustes de Diseño Institucional
  2. Priorización
  3. Enfoques Diferenciales

Órdenes Específicas y Entidades Responsables

Las entidades públicas deberán orientar sus acciones y decisiones basándose en estos subcomponentes y ejes transversales. Las principales entidades responsables incluyen:

  • Oficina del Consejero Comisionado de Paz y su Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz
  • Ministerios de Defensa, Interior, Justicia, Vivienda, Hacienda, Trabajo, Salud, Ambiente, Cultura, Agricultura, Educación y Tecnologías de la Información
  • Comando General de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional
  • Departamento Nacional de Planeación y el Departamento Administrativo de la Función Pública
  • Congreso de la República, Consejo Nacional Electoral y Fiscalía General de la Nación
  • Varias agencias nacionales como la de Renovación de Territorio, Tierras, Desarrollo Rural, Reincorporación y Normalización
  • Procuraduría General y Defensoría del Pueblo

Implementación y Seguimiento

La Sala también dirigió órdenes a las instancias creadas en el Acuerdo Final de Paz, como la Mesa Técnica de Seguridad y Protección, la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y otras, para asegurar la implementación efectiva de los instrumentos de seguridad diseñados en el Acuerdo de Paz.

Rol de la Procuraduría y la Defensoría

La Procuraduría Delegada para el Seguimiento al Acuerdo Final de Paz y la Defensoría del Pueblo deberán adaptar y orientar su trabajo de seguimiento según estos lineamientos, asegurando la coherencia con el Plan Marco de Implementación del Acuerdo Final de Paz.

Enfoque Territorial

Finalmente, la Corte incluyó a las alcaldías y personarías de municipios con un alto número de firmantes del Acuerdo, quienes deberán adecuar sus planes y acciones de acuerdo con las directrices establecidas.

Con esta decisión, la Corte Constitucional busca fortalecer la protección y seguridad de los excombatientes de las FARC-EP, promoviendo una implementación integral y coherente de las políticas acordadas en el proceso de paz.

Fuente: corteconstitucional.gov.co

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