La Corte Constitucional, mediante la sentencia T-437 de 2024, exigió al Distrito de Santiago de Cali, al Departamento del Valle del Cauca y al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) articularse para garantizar el traslado, las condiciones mínimas de detención y la vigilancia adecuada de las personas privadas de la libertad en Centros de Detención Transitoria (CDT). Esto incluye a aquellos que, por disposición judicial, deben ser trasladados a establecimientos penitenciarios o carcelarios.
El caso que dio origen a la decisión fue una acción de tutela presentada por una persona recluida en el Centro de Atención Transitoria San Nicolás, en Cali, quien denunció la vulneración de sus derechos fundamentales tras permanecer más de un año en condiciones de hacinamiento y sin garantías básicas. Este periodo excedió ampliamente el límite legal de 36 horas permitido para los centros de detención transitoria.
Condiciones inhumanas y hacinamiento alarmante
La Corte calificó las condiciones de reclusión en el CAT San Nicolás como «indignas y tortuosas», señalando un hacinamiento del 136% en este centro específico y un preocupante 294% en Cali en general, según datos de la Policía Nacional. Estas cifras evidencian una crisis persistente en los centros de detención transitoria, que ya habían sido objeto de análisis en la Sentencia SU-122 de 2022, la cual declaró un estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario y carcelario del país.
Un llamado a los jueces y a la articulación institucional
La Sala criticó la falta de análisis de fondo por parte del juez de instancia en el caso, subrayando la necesidad de proteger los derechos fundamentales de manera particular, incluso en el marco de problemáticas estructurales. Además, la Corte reiteró la responsabilidad de las autoridades en la superación de estas condiciones y ordenó la coordinación interinstitucional para mitigar los efectos del hacinamiento y la precariedad en los centros de detención transitoria.
La decisión refuerza la obligación del Estado de garantizar condiciones dignas para las personas privadas de la libertad y resalta la necesidad de acciones urgentes para abordar la crisis penitenciaria en Colombia.
Fuente: corteconstitucional.gov.co
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