La Corte Suprema de Justicia reiteró que los jueces laborales deben analizar con especial rigor las pruebas médicas en los procesos de pensión de invalidez derivados de enfermedades crónicas, degenerativas o congénitas, privilegiando la realidad y las condiciones de salud del afiliado sobre criterios estrictamente formales. El alto tribunal enfatizó que los jueces cuentan con amplias facultades para valorar integralmente los dictámenes médicos, apartarse de ellos cuando sea necesario y garantizar decisiones justas que reconozcan la verdadera afectación funcional del trabajador, recordando que son los jueces —y no las juntas de calificación— quienes determinan en última instancia el grado de invalidez.

La Corte Constitucional reiteró que el derecho a la vivienda digna comprende siete condiciones esenciales —seguridad jurídica de la tenencia, disponibilidad de servicios, gastos soportables, habitabilidad, asequibilidad, ubicación y adecuación cultural—, y no se limita al acceso a la propiedad. En el caso analizado, la Sala Cuarta de Revisión amparó los derechos de una ciudadana cuya vivienda resultó afectada por una obra de pavimentación ejecutada por el municipio, destacando que las intervenciones urbanísticas deben mejorar, y no deteriorar, la calidad de vida de los habitantes.

La Comisión Quinta del Senado de la República aprobó tres proyectos de ley enfocados en promover la equidad de género, la sostenibilidad ambiental y la transición energética en Colombia. Entre ellos destaca la creación del Registro Poblacional de la Mujer Minera, que busca reconocer y dignificar su labor en el sector extractivo; una iniciativa para recuperar suelos agrícolas y fortalecer la seguridad alimentaria mediante el manejo sostenible de la tierra; y una propuesta que impulsa el desarrollo del ecosistema del hidrógeno de bajas emisiones, clave para la diversificación energética y la descarbonización industrial del país.

La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate un acto legislativo que modifica el artículo 67 de la Constitución para ampliar la educación obligatoria en Colombia, que pasaría de cubrir las edades de 5 a 15 años a un rango entre los 3 y los 18 años. La iniciativa busca reducir la deserción escolar, especialmente en los grados 10° y 11°, y mejorar los resultados académicos en pruebas nacionales como las Saber 11.

La Corte Constitucional reconoció la existencia de una grave crisis alimentaria y de desnutrición infantil en las comunidades indígenas del departamento del Vichada y ordenó la protección inmediata de los derechos a la salud, la vida, la alimentación y el acceso al agua potable de los niños y niñas pertenecientes a estas poblaciones. La Sala Segunda de Revisión, tras estudiar una tutela presentada por la Defensoría del Pueblo, evidenció la falta de coordinación institucional y la ausencia de políticas públicas efectivas para enfrentar una situación crítica, reiterada y conocida. En consecuencia, dispuso que las autoridades nacionales y territoriales implementen planes urgentes de atención en salud, agua y alimentación, realicen visitas diagnósticas a las comunidades y construyan soluciones integrales y sostenibles con participación activa de los pueblos indígenas.

Corte Constitucional ordenó a los fondos de pensiones flexibilizar los requisitos para el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a niños, niñas y adolescentes en condición de orfandad, tras evidenciar que un fondo negó injustificadamente este derecho a un adolescente por exigir documentos extralegales que impedían el estudio de fondo de su solicitud.