El Consejo de Estado determinó que la reserva de las sesiones del Consejo de Ministros no es absoluta, sino que solo aplica cuando este actúa como cuerpo consultivo y se trata información exceptuada por ley. La decisión aclara el alcance del artículo 9 de la Ley 63 de 1923 y reafirma la facultad del presidente para definir el funcionamiento y la publicidad de dichas reuniones.

La Corte Constitucional amparó los derechos fundamentales a la educación y de petición de una ciudadana a quien una universidad le negó injustificadamente el acceso al proceso de admisión para cursar Derecho, impidiéndole avanzar en la convalidación de su título profesional. El fallo ordena a la institución permitirle participar en el proceso de ingreso en igualdad de condiciones, brindarle información completa y responder de forma clara y congruente a su solicitud.

La Corte Suprema de Justicia de Colombia ratificó por primera vez una condena por maltrato animal, en un caso ocurrido en Málaga, Santander, donde un hombre atacó con un machete a un perro. Esta histórica decisión fortalece la protección jurídica de los animales como seres sintientes y consolida su reconocimiento dentro del marco del Estado Social de Derecho.

La Cámara de Representantes aprobó el proyecto que modifica la Ley 549 de 1999 y extiende la vigencia del FONPET hasta 2044, con el fin de garantizar el pago de pensiones a empleados públicos de los sectores de salud y educación. La iniciativa también autoriza el uso de excedentes para inversión local y establece una junta de vigilancia para mayor transparencia, aunque recibió críticas por su posible impacto fiscal y cuestionamientos sobre el uso de recursos pensionales.

La Ley 2210 de 2022 reconoce oficialmente a los entrenadores deportivos en Colombia, estableciendo un registro profesional y otro provisional para regular su labor, promover su profesionalización y garantizar su inclusión en un marco legal. Esta normativa busca fortalecer el sistema deportivo nacional, mejorar la calidad del entrenamiento y brindar mayores oportunidades de desarrollo y protección a quienes forman parte esencial del crecimiento atlético del país.

La Corte Suprema de Justicia amparó los derechos fundamentales a la diversidad e identidad cultural de un indígena wayuu, al ordenar a la Fiscalía facilitar el registro civil de defunción de su hijo asesinado, sin exigir necropsia ni levantamiento del cadáver, en reconocimiento de las prácticas funerarias tradicionales de su comunidad.