La Corte Constitucional reconoció la existencia de una grave crisis alimentaria y de desnutrición infantil en las comunidades indígenas del departamento del Vichada y ordenó la protección inmediata de los derechos a la salud, la vida, la alimentación y el acceso al agua potable de los niños y niñas pertenecientes a estas poblaciones. La Sala Segunda de Revisión, tras estudiar una tutela presentada por la Defensoría del Pueblo, evidenció la falta de coordinación institucional y la ausencia de políticas públicas efectivas para enfrentar una situación crítica, reiterada y conocida. En consecuencia, dispuso que las autoridades nacionales y territoriales implementen planes urgentes de atención en salud, agua y alimentación, realicen visitas diagnósticas a las comunidades y construyan soluciones integrales y sostenibles con participación activa de los pueblos indígenas.

Corte Constitucional ordenó a los fondos de pensiones flexibilizar los requisitos para el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a niños, niñas y adolescentes en condición de orfandad, tras evidenciar que un fondo negó injustificadamente este derecho a un adolescente por exigir documentos extralegales que impedían el estudio de fondo de su solicitud.

El Consejo de Estado definió los criterios para determinar quién debe responder por los perjuicios derivados de actuaciones notariales, precisando que la responsabilidad puede recaer en la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho, en el notario que ejerce la función fedante o en la Superintendencia de Notariado y Registro, según la naturaleza del daño. La decisión, emitida en el marco de un caso de venta fraudulenta de bienes con base en un poder certificado irregularmente, reafirma que la función notarial es un servicio público delegado por el Estado, el cual conserva la titularidad y puede ser llamado a responder patrimonialmente conforme al artículo 90 de la Constitución.

El Congreso de la República estudia una iniciativa que pretende eliminar el cobro por reconexión de los servicios públicos domiciliarios, una medida que busca aliviar los gastos de los hogares de menores ingresos y garantizar el acceso equitativo a servicios esenciales. El proyecto establece que las empresas no podrán cobrar tarifas adicionales cuando un usuario se ponga al día con sus pagos y solicite la reinstalación del servicio, lo que representa un avance en la protección de los derechos de los consumidores.

La Comisión Quinta de la Cámara de Representantes impulsa el Proyecto de Ley 048 de 2025, que busca establecer un marco de protección integral para las personas desplazadas por factores ambientales en Colombia. La iniciativa, presentada tras la Sentencia T-123 de 2024 de la Corte Constitucional, propone reconocer a esta población como sujeto de especial protección constitucional, garantizar derechos como vivienda, salud y empleo, prevenir desastres mediante alertas tempranas y crear un registro nacional para su identificación.

La Corte Constitucional amparó los derechos a la igualdad, la libertad de locomoción y la vivienda digna de una mujer con discapacidad que debía subir 98 escalones para llegar a su vivienda, y precisó cuatro pautas que deben cumplir los conjuntos residenciales frente a las personas con afectaciones de salud. El alto tribunal reiteró que la inclusión no depende de la voluntad de las mayorías, sino que constituye un deber constitucional, y ordenó a la copropiedad garantizar una solución integral de accesibilidad en un plazo máximo de un año, con acompañamiento del Distrito para evaluar la viabilidad de una entrada peatonal alternativa.