Consejo de Estado aclaró el régimen aplicable a convenios de asociación con entidades sin ánimo de lucro firmados antes de 2017, como el suscrito entre el Distrito Capital y la Fundación Amigos del Teatro Mayor. La Sala estableció que estos convenios se rigen por la Ley 489 de 1998 y el Decreto 777 de 1992, y fijó condiciones estrictas para su eventual prórroga, como motivación expresa, disponibilidad presupuestal y coherencia con los planes de desarrollo vigentes.

La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena por homicidio agravado contra el responsable del asesinato del periodista Luis Antonio Peralta Cuéllar en Caquetá. El fallo reconoce que el crimen estuvo motivado por su labor periodística de control social y establece un precedente para que los jueces incorporen la perspectiva de censura al analizar ataques contra comunicadores en Colombia.

La Corte Constitucional protegió los derechos de una mujer a quien la UGPP negó la sustitución pensional por no acreditar convivencia en los cinco años previos al fallecimiento de su esposo. El tribunal recordó que este requisito puede cumplirse en cualquier momento de la relación y que la cohabitación no es el único indicador de convivencia, pues también cuentan los lazos afectivos, el apoyo mutuo y la permanencia del proyecto de vida común. En consecuencia, ordenó a la entidad reconocer la prestación con retroactivo, mesadas adicionales e incrementos.

La Cámara de Representantes estudia un proyecto de ley que busca derogar la Ley 911 de 2004 y establecer un nuevo Código Deontológico para la enfermería en Colombia. La propuesta, liderada por la representante Martha Alfonso y construida junto a organizaciones gremiales, académicas y éticas del sector, pretende responder a problemas como la sobrecarga laboral, las deficiencias del sistema y la falta de perfilamiento adecuado para los cargos.

El Gobierno nacional anunció un plan integral para las comunidades Nasa del Putumayo, con la participación de más de 20 entidades y una vigencia hasta 2033. La iniciativa, desarrollada tras un proceso de consulta previa ordenado por la Corte Constitucional, contempla proyectos productivos sostenibles, restauración ambiental, fortalecimiento de la salud con enfoque intercultural y reconocimiento de derechos territoriales, mediante metas e indicadores acordados con las autoridades indígenas.

La Corte Constitucional ordenó a una EPS asumir el transporte intramunicipal de una paciente con cáncer que fue retirada de la atención domiciliaria y carece de recursos para asistir a sus quimioterapias. El tribunal reiteró que este servicio, aunque no es una prestación médica directa, es esencial para garantizar el acceso a tratamientos cuando se cumplen requisitos como la falta de medios económicos y la necesidad del procedimiento para proteger la salud o la vida.