La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dio un paso significativo en el proceso de justicia transicional al aceptar el sometimiento de Giovanny Calderón Salazar, exagente del extinto DAS, como miembro de facto de la fuerza pública. Esta decisión le otorga libertad condicionada y establece compromisos de aporte de verdad y reparación a las víctimas de asesinatos y desapariciones forzadas en Tolima, perpetrados entre 2006 y 2008.

El Ministerio de Salud y Protección Social aumentó en un 5.36% el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2025, basándose en la inflación causada. Esta decisión responde a las inconsistencias y falta de confiabilidad en los reportes de las EPS, lo que impidió calcular el valor con datos precisos. El ajuste busca garantizar la sostenibilidad del sistema de salud y proteger los recursos públicos.

El 1º de enero de 2025 entra en vigor el Decreto 045, que reduce las tarifas para los trámites realizados por micro y pequeños empresarios en las Cámaras de Comercio de Colombia. La medida beneficia a cerca del 90 % del tejido empresarial colombiano, al reducir los costos de registro y renovación de matrículas mercantiles y de establecimientos. Además, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo implementó una estrategia de asociatividad entre las cámaras para mitigar el impacto económico de la reducción tarifaria, lo que les permitirá ofrecer servicios más eficientes y de mejor calidad.

La Corte Suprema de Justicia resolvió un vacío legal al definir que la sociedad conyugal se disuelve automáticamente tras dos años de separación de hecho entre los cónyuges. Esta decisión garantiza derechos patrimoniales equitativos y permite la conformación de nuevas uniones maritales, respetando principios de justicia, igualdad y autonomía de la voluntad.

La Corte Constitucional protegió los derechos de un periodista bloqueado por la Gobernación del Cesar en su cuenta oficial de la red social X. Este acto, según la Corte, vulneró las libertades de expresión y prensa, así como el acceso a la información pública, al excluir al comunicador del debate público en un espacio diseñado para la interacción ciudadana.

El Consejo de Estado determinó que los agentes de tránsito tienen derecho a una compensación económica por los turnos de disponibilidad que les sean asignados, incluso si no llegan a prestar el servicio durante esos periodos. La decisión responde a las limitaciones que estas asignaciones imponen sobre su tiempo libre y establece un precedente para garantizar sus derechos laborales.