En una reciente decisión, la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional de Colombia ha reiterado la importancia de que los servidores públicos tengan el derecho a que su empleador justifique de manera suficiente y razonable cualquier decisión de traslado de trabajo. Esta determinación se desprende del estudio de dos acciones de tutela presentadas por un policía y un militar, quienes buscaban impugnar los actos administrativos que ordenaron o negaron sus traslados de lugares de trabajo.
Antecedentes
En el primer caso, un suboficial activo del Ejército solicitó su traslado de un batallón en Tunja a otro ubicado en Santa Marta. La solicitud se basó en la necesidad de brindar acompañamiento permanente a su hijo de nueve años, recientemente diagnosticado con autismo, síndrome de Asperger, trastorno de la conducta y déficit de atención. Además, la esposa del militar enfrenta un diagnóstico de depresión. A pesar de estas circunstancias, el Ejército negó la solicitud sin proporcionar una justificación suficiente.
La magistrada Cristina Pardo, en la ponencia de la Sala, revocó la decisión inicial que declaraba improcedente la tutela. La Corte amparó el derecho a la unidad familiar al considerar que el Ejército no tuvo en cuenta los diagnósticos médicos y reprochó la falta de explicación sobre las necesidades del servicio en Tunja. La Corte ordenó al Ejército adelantar los trámites administrativos para permitir el traslado a una unidad cercana a Santa Marta, Barranquilla o Valledupar, y le advirtió que no utilice el secreto profesional como justificación sin motivación.
En el segundo caso, la Sala analizó el expediente de un policía trasladado de Duitama a Garagoa, en el mismo departamento. Aunque solicitó ser destinado a Santa Rosa de Viterbo, su petición fue denegada. La Corte concluyó que la tutela era improcedente por falta del requisito de subsidiariedad, al encontrar un mecanismo judicial idóneo para evaluar la controversia. Además, determinó que el acto administrativo de traslado no fue arbitrario y no evidenció una afectación grave de derechos fundamentales.
Consideraciones y decisión
La sentencia T-001 de 2024 reafirma el principio de que los servidores públicos tienen derecho a una justificación adecuada en las decisiones de traslado, incluso en entidades públicas con mayor discrecionalidad. La Corte Constitucional destaca que la falta de justificación suficiente puede considerarse arbitraria y tener consecuencias significativas en la salud y derechos fundamentales de los afectados.
Fuente: corteconstitucional.gov.co
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