La Corte Constitucional protegió el derecho de una niña a ser escuchada en un proceso de visitas y reiteró que las decisiones que afectan a la niñez deben valorar su opinión bajo el principio del interés superior del menor. La Sala ordenó a los jueces aplicar el enfoque de curso de vida, con apoyo de peritajes y evaluaciones profesionales, para garantizar que las medidas respondan al bienestar integral de los menores a mediano y largo plazo.

En el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, el Ministerio de Salud lanzó el “Código Dorado” y abrió a consulta pública la Estrategia Nacional para el Cuidado Integral de Personas con Conducta Suicida. La iniciativa busca consolidar protocolos de respuesta territorial, articular sectores sociales e institucionales y fortalecer redes de apoyo comunitario. Además, se desarrolló la jornada nacional “Pacto por la Vida”, que promovió actividades de reflexión y acompañamiento sobre la importancia de la salud mental como una responsabilidad compartida.

La Comisión Quinta de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate un proyecto de ley que busca restaurar los bosques urbanos y periurbanos en Colombia. La...

La Corte Constitucional protegió el derecho al debido proceso de un estudiante universitario herido durante una protesta en Ibagué mientras documentaba posibles abusos de la fuerza pública. El alto tribunal concluyó que los jueces de instancia desconocieron pruebas relevantes y aplicaron estándares probatorios restrictivos, lo que derivó en su revictimización. La decisión enfatiza la obligación de aplicar un análisis flexible de la prueba en contextos de graves violaciones de derechos humanos y resalta el papel de la sociedad civil y defensores en la documentación de estas situaciones.

La Corte Constitucional ordenó al ICBF implementar medidas de protección integral para personas mayores de 25 años que han estado bajo su cuidado en condiciones de vulnerabilidad. La decisión se dio tras estudiar el caso de un adulto que alegó la terminación de su medida de protección sin considerar su situación particular ni la ausencia de una red de apoyo. El alto tribunal dispuso que la entidad debe garantizar un enfoque diferencial que respete derechos como la dignidad humana, la educación, la salud, el trabajo y el mínimo vital, así como diseñar lineamientos institucionales que faciliten la construcción de proyectos de vida viables y prevengan el abandono social de esta población.

La Corte Suprema de Justicia estableció que cualquier usuario, cliente o potencial cliente de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera es consumidor financiero y, por lo tanto, cuenta con la protección especial prevista en la Ley 1328 de 2009. Con este criterio, el alto tribunal reconoció que los fideicomitentes que entregan bienes o recursos a sociedades fiduciarias tienen legitimación para demandar la protección de sus derechos, incluso si se trata de constructoras o promotoras de vivienda.