Con la firma de la sanción presidencial de la Ley 2346 del 10 de enero de 2024, Colombia establece un nuevo panorama en la responsabilidad de garantizar la alimentación de personas privadas de libertad de manera transitoria. La normativa, impulsada por el Ministerio de Justicia y del Derecho, brinda claridad sobre la obligación del servicio de alimentación en estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI).
Hasta el 30 de junio de 2025, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) seguirá brindando apoyo en la alimentación de aproximadamente 17 mil sindicados, quienes actualmente se encuentran recluidos en centros de detención transitoria en todo el país. Este servicio, que representa una necesidad vital para aquellos sin condena, continuará con la entrega de tres raciones diarias.
A partir del 1 de julio de 2025, la responsabilidad de proporcionar alimentación a todas las personas recluidas en estos centros de detención recaerá en los municipios y departamentos del país. Esta decisión surge como resultado de una aclaración de la Corte Constitucional en 2022, que estableció que dicha responsabilidad pertenece a las entidades territoriales.
Según cifras oficiales, en la actualidad, alrededor de 17 mil personas privadas de la libertad en centros de detención transitoria se benefician del servicio de alimentación proporcionado por la USPEC. Para el año 2024, se proyecta una partida presupuestaria de $670 mil 656 millones para cubrir esta necesidad específica.
La concertación de esta nueva legislación contó con la participación y apoyo de diversas organizaciones de municipios y departamentos, como Asocapitales, Asointermedias, Fedemunicipios y la Federación Nacional de Departamentos. Además, fue socializada y acordada con la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, asegurando una base legal robusta y respaldada por diversos sectores.
El año 2023 cerró con una asignación de $647 mil millones para la alimentación de todos los privados de la libertad, incluyendo aquellos internos en cárceles administradas por el INPEC. De estos recursos, aproximadamente $93 mil millones fueron destinados a estaciones de Policía y las URI. Con la nueva ley, se busca fortalecer y estructurar el sistema de alimentación en el ámbito transitorio, garantizando el bienestar de quienes aguardan su proceso judicial sin condena.
Fuente: minjusticia.gov.co
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