El Gobierno nacional anunció un plan integral para las comunidades Nasa del Putumayo, con la participación de más de 20 entidades y una vigencia hasta 2033. La iniciativa, desarrollada tras un proceso de consulta previa ordenado por la Corte Constitucional, contempla proyectos productivos sostenibles, restauración ambiental, fortalecimiento de la salud con enfoque intercultural y reconocimiento de derechos territoriales, mediante metas e indicadores acordados con las autoridades indígenas.

La Corte Constitucional ordenó a una EPS asumir el transporte intramunicipal de una paciente con cáncer que fue retirada de la atención domiciliaria y carece de recursos para asistir a sus quimioterapias. El tribunal reiteró que este servicio, aunque no es una prestación médica directa, es esencial para garantizar el acceso a tratamientos cuando se cumplen requisitos como la falta de medios económicos y la necesidad del procedimiento para proteger la salud o la vida.

La Corte Constitucional protegió los derechos de cuatro estudiantes de la Universidad de Antioquia víctimas de violencia de género, al reconocer que enfrentaron un “peregrinaje institucional” por dilaciones en la investigación disciplinaria contra un docente, y ordenó medidas para agilizar el proceso y brindarles acompañamiento integral.

Corte Suprema de Justicia concede pensión provisional de vejez a una trabajadora que, desde 2010, espera el reconocimiento de semanas cotizadas en España. La decisión se tomó ante las demoras y errores del fondo de pensiones en el trámite binacional del convenio de seguridad social entre Colombia y España, afectando el acceso oportuno a sus derechos.

La Cámara de Representantes estudia un proyecto de ley que propone un modelo de cofinanciación entre la Nación y las entidades territoriales para garantizar la sostenibilidad de los sistemas de transporte público en Colombia, aliviar el déficit financiero, implementar tarifas diferenciadas y fomentar tecnologías limpias.

Senadoras presentan el proyecto “Letras Decentes”, una propuesta que busca establecer un sello de advertencia para letras musicales con contenido violento o sexual explícito, con el fin de proteger a menores de edad y promover un consumo cultural responsable.