La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el Proyecto de Ley No. 587 de 2025, que propone una reforma estructural al ICETEX con el fin de modernizar el sistema de financiamiento de la educación superior en Colombia. La iniciativa busca eliminar barreras económicas, ofrecer condiciones más favorables para los estudiantes, mejorar la sostenibilidad financiera de la entidad y ampliar las oportunidades de acceso a la educación para jóvenes de todos los sectores sociales, consolidando así un modelo más equitativo e incluyente.

El Senado de la República aprobó en cuarto y último debate el proyecto de reforma laboral presentado por el Gobierno Nacional, que introduce cambios como el aumento progresivo del recargo dominical, la modificación del horario del recargo nocturno, la formalización del contrato de aprendizaje del SENA y la vinculación laboral de madres comunitarias. La conciliación con la Cámara de Representantes se votará este viernes 20 de junio, y definirá si el proyecto pasa a sanción presidencial o se hunde en su etapa final.

La Corte Constitucional reiteró al Ministerio de Trabajo su obligación de crear una ruta efectiva para atender denuncias por discriminación en procesos de selección laboral, tras amparar los derechos de una mujer embarazada excluida injustificadamente de un proceso en Compensar.

La Corte Constitucional protegió los derechos fundamentales de un sindicato de docentes del SENA al ordenar la reubicación de cámaras de videovigilancia instaladas en aulas de clase, por considerar que vulneraban la intimidad, el habeas data, la libertad de cátedra y de expresión. La sentencia T-170 de 2025 destaca que los espacios educativos deben garantizar el libre desarrollo del pensamiento y el debate plural sin injerencias desproporcionadas.

En Tirant damos un nuevo paso hacia la innovación jurídica con el lanzamiento de Tirant PRIME Conversa, una solución de inteligencia artificial generativa diseñada...

La Corte Constitucional reconoció el desplazamiento forzado de un grupo de víctimas de las masacres ocurridas en Las Palmas (Bolívar) como un daño antijurídico atribuible al Estado, tras una lucha judicial de más de dos décadas. El alto tribunal reiteró la aplicación del principio de flexibilidad probatoria en casos de graves violaciones a los derechos humanos y ordenó al Tribunal Administrativo de Bolívar emitir un nuevo fallo que garantice la reparación integral, incluida la construcción de un monumento conmemorativo a las víctimas.