Un nuevo proyecto de ley fue presentado en la Cámara de Representantes con el objetivo de regular la adquisición de tarjetas SIM en Colombia. La iniciativa busca enfrentar el creciente problema de las llamadas extorsivas realizadas desde centros penitenciarios, una actividad delictiva que ha ido en aumento en los últimos años. Según cifras de la Policía Nacional, entre 2020 y 2023 los casos de extorsión subieron de 8.000 a 10.000, y aproximadamente seis de cada diez de estas llamadas provienen de alguna cárcel del país.

El proyecto propone que la compra de tarjetas SIM esté sujeta a un control más riguroso, exigiendo que los usuarios registren sus datos personales o biométricos al adquirirlas. Esto permitiría identificar con mayor facilidad a los responsables de las extorsiones y otros delitos relacionados, reduciendo la posibilidad de que las SIM se utilicen de manera anónima. Además, se plantea un seguimiento más estricto por parte de las autoridades y los operadores móviles.

Entre las medidas propuestas, se destaca la obligación de registrar la huella dactilar de los compradores, lo que, según el congresista Julio César Triana, quien lidera la iniciativa, facilitaría la lucha contra la delincuencia. Por su parte, el representante Gersel Luis Pérez señaló que la tecnología permitirá a las víctimas identificar desde qué centro penitenciario se originan las llamadas extorsivas.

Este proyecto de ley llega en un contexto donde las autoridades han intensificado sus esfuerzos para combatir este tipo de delitos. Recientemente, la Policía Nacional desmanteló una operación de extorsión que funcionaba dentro de la cárcel de Guaduas, Cundinamarca, lo que evidencia la urgencia de tomar medidas adicionales para controlar estas actividades delictivas desde los centros de reclusión.

Fuente: camara.gov.co

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