El Senado de la República avanza en el trámite de un proyecto de ley que busca mejorar de manera integral la protección, estabilidad laboral y bienestar de los guardaparques encargados de custodiar las áreas naturales del país. La iniciativa, impulsada por la senadora Nadia Blel, plantea una serie de reformas orientadas a reconocer el carácter estratégico y de alto riesgo de esta labor.
La propuesta legislativa parte del diagnóstico de que los guardaparques cumplen funciones esenciales para la conservación de la biodiversidad, pero lo hacen en contextos marcados por la presencia de actores armados, economías ilegales y condiciones geográficas adversas. En ese escenario, el proyecto pretende crear una carrera administrativa especial que otorgue mayor estabilidad, profesionalización y reconocimiento institucional a quienes desempeñan estas funciones.
Uno de los ejes centrales del articulado es el reconocimiento de los guardaparques como posibles víctimas del conflicto armado, lo que permitiría su acceso a medidas de reparación y a esquemas reforzados de protección por parte del Estado. A ello se suma la inclusión de beneficios laborales y de bienestar, como seguros de vida que cubran riesgos asociados a secuestro, desaparición o desplazamiento forzado, así como la asignación de tiquetes aéreos anuales para facilitar su movilidad desde y hacia las zonas donde prestan servicio.
El proyecto también propone un sistema de ingreso, permanencia y ascenso basado en el mérito, con evaluaciones físicas y de aptitud, y con criterios de remuneración que garanticen condiciones salariales equitativas. Con ello, se busca fortalecer la carrera del guardaparque como un componente profesional dentro de la administración pública.
Según lo expuesto en la iniciativa, los guardaparques tienen bajo su responsabilidad 1.713 áreas protegidas en todo el territorio nacional, que incluyen reservas civiles, regionales y parques nacionales ubicados en los 32 departamentos del país. La magnitud de esta tarea es uno de los argumentos centrales para justificar la necesidad de un marco normativo más robusto.
El proyecto se encuentra próximo a surtir su segundo debate en el Congreso. De ser aprobado, representaría un paso relevante tanto en la protección del patrimonio ambiental como en el reconocimiento de quienes cumplen un rol clave en su defensa y conservación.
Fuente: senado.gov.co
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