El Senado evalúa un proyecto de ley que busca integrar formalmente la educación financiera y las finanzas personales en los niveles de básica y media, mediante seminarios anuales orientados a fortalecer las capacidades económicas de los estudiantes. La iniciativa plantea que el Ministerio de Educación defina los contenidos y su incorporación al currículo en un plazo de doce meses, y autoriza al Gobierno, a las instituciones educativas y a los entes territoriales a establecer convenios con entidades públicas o privadas para garantizar su implementación.

La Comisión Séptima de la Cámara de Representantes avanzó en la discusión de un proyecto que busca convertir el programa Colombia Estado Joven en una política pública permanente, con el fin de asegurar que todos los practicantes del sector público reciban un auxilio económico equivalente al menos a un salario mínimo, junto con afiliación a seguridad social y garantías de participación en convocatorias transparentes.

La Corte Constitucional protegió los derechos al agua potable y a la educación de comunidades afrodescendientes de Pueblo Rico (Risaralda) y reiteró que los acuerdos suscritos con las comunidades dentro de contratos de obra pública son obligatorios para entidades y contratistas. La decisión ordena rehabilitar el acueducto de la vereda Gitó, intervenir varias escuelas y garantizar suministro continuo de agua mientras se ejecutan las obras, destacando que el incumplimiento de estos compromisos afecta la participación democrática y la confianza legítima en el Estado

El Consejo de Estado ordenó a la Agencia Nacional de Tierras proteger los predios La Victoria y Costa Rica y garantizar el debido proceso de la comunidad indígena Aywjawashi del Pueblo Zenú, al revocar la improcedencia de una tutela y exigir acciones inmediatas e información clara sobre la adjudicación de los territorios.

La Corte Constitucional ordenó al Ministerio de Educación y a la Gobernación de Arauca incorporar un enfoque de derechos humanos en la planeación y viabilidad del transporte escolar rural, tras amparar los derechos de 37 estudiantes que deben caminar largos trayectos en una zona afectada por riesgos como el reclutamiento forzado. La decisión destaca la obligación de las entidades públicas de garantizar un acceso seguro y efectivo a la educación mediante contratos y proyectos que consideren las condiciones geográficas, sociales y de seguridad de las comunidades rurales.

La Cámara de Representantes dio luz verde a la denominada “Ley Empatía”, una iniciativa que introduce de manera obligatoria la enseñanza del respeto, la protección y el bienestar animal en los programas educativos de colegios públicos y privados del país. La propuesta también incorpora contenidos sobre protección animal y conservación de la biodiversidad dentro de la Política Nacional de Educación Ambiental, con el fin de fortalecer la conciencia ecológica y promover una cultura de respeto hacia todas las formas de vida desde la infancia.