La Cámara de Representantes aprobó en primer debate un proyecto de ley que garantiza la vacunación gratuita contra el virus del papiloma humano (VPH) para todas las mujeres en Colombia, sin límite de edad, como una medida clave de salud pública para prevenir el cáncer de cuello uterino, ampliar el Programa Ampliado de Inmunización y reducir las brechas de acceso a la prevención y atención en salud.

La Comisión Séptima del Senado aprobó el archivo del proyecto de reforma a la salud luego de un debate centrado en la sostenibilidad financiera, el déficit del sistema, la situación de las EPS y las fuentes de financiación; la decisión fue apelada y deberá ser definida por la plenaria del Senado.

El Consejo de Estado estableció que los padres de crianza también pueden acceder a la pensión de sobrevivientes y a las prestaciones especiales por la muerte en actos del servicio de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares, cuando se demuestre una relación socioafectiva real, continua y estable, equiparable a la de una familia biológica o adoptiva.

La Corte Constitucional reiteró que los jueces solo pueden rechazar tutelas en eventos estrictamente definidos y advirtió que exigir formalismos excesivos vulnera el acceso a la justicia. Además, llamó al INPEC y a la USPEC a garantizar atención en salud oportuna a las personas privadas de la libertad, sin barreras administrativas ni exigencia de órdenes judiciales.

La Corte Constitucional protegió los derechos de una mujer en condición de discapacidad y ordenó a la Policía restablecer el pago de la sustitución pensional suspendida sin debido proceso, al advertir falta de motivación, desconocimiento de pruebas médicas y vulneración del enfoque diferencial y de las garantías reforzadas en materia de seguridad social y mínimo vital.

Colombia avanza hacia la adhesión a la convención de la ONU contra el mercenarismo tras la aprobación del Proyecto de Ley 579 de 2025 en la Cámara de Representantes, una decisión que busca reforzar la cooperación internacional, fortalecer las políticas de seguridad nacional y prevenir que ciudadanos sean reclutados o utilizados por redes criminales y conflictos armados en el exterior.