Entra en vigencia decreto que ordena la desclasificación de archivos del extinto DAS

Entró en vigencia el Decreto 1400 de 2025, mediante el cual el Gobierno nacional ordena la desclasificación de los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). La medida responde a una directriz del presidente Gustavo Petro orientada a garantizar el derecho a la verdad y fortalecer los procesos de memoria histórica y justicia.

La norma autoriza el levantamiento de la reserva de más de 57.000 cajas de documentos, en cumplimiento de decisiones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), relacionadas con la reparación integral de las víctimas y las garantías de no repetición.

El decreto se sustenta en la facultad constitucional del presidente para autorizar la desclasificación total o parcial de documentos de inteligencia, incluso antes del vencimiento del término legal de reserva, conforme a lo establecido en la Ley 1621 de 2013.

El Gobierno destacó que esta decisión responde al interés general y busca aportar al esclarecimiento de la verdad, sin comprometer la seguridad nacional ni el orden democrático. Asimismo, anunció que esta política de apertura documental se extenderá a otras entidades, como la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIPOL), con el fin de consolidar una política integral de acceso a la información histórica del Estado.

Fuente: presidencia.gov.co

Otras noticias de actualidad jurídica: Radican proyecto de ley para reglamentar el contrato y jornal agropecuario

Radican proyecto de ley para reglamentar el contrato y jornal agropecuario

El Gobierno nacional radicó ante el Congreso de la República el proyecto de ley 504 de 2025, que busca reglamentar el contrato y el jornal agropecuario con el objetivo de reducir la informalidad laboral en el campo, que actualmente alcanza el 84 %.

La iniciativa fue presentada por los ministros de Trabajo, Antonio Sanguino, y de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Viviana Carvajalino, y responde a lo dispuesto en la Ley 2466 de 2025. El proyecto crea una modalidad contractual para personas que laboran en actividades agropecuarias de producción y transformación primaria, con garantías laborales y condiciones especiales de asegurabilidad.

El ministro Sanguino señaló que la propuesta hace parte de la reforma laboral del Gobierno y busca saldar una deuda histórica con los trabajadores rurales, promoviendo el trabajo digno y la formalización laboral. Entre sus disposiciones se establece que el jornal agropecuario no podrá ser inferior al salario mínimo diario legal vigente, más un factor prestacional de al menos el 30 %, así como el pago de horas extras conforme a la ley.

El proyecto también prohíbe la intermediación laboral en el sector rural y exige que el contrato conste por escrito, especificando remuneración, periodicidad y condiciones del trabajo. Por su parte, la ministra Carvajalino destacó que la iniciativa reconoce el papel fundamental de los trabajadores rurales en la seguridad alimentaria del país y fortalece su acceso a derechos laborales y seguridad social.

Fuente: mintrabajo.gov.co

Otras noticias de actualidad jurídica: Radican proyecto de ley para reglamentar el contrato y jornal agropecuario

JEP adopta nuevas órdenes para fortalecer la búsqueda e identificación de personas desaparecidas en Colombia

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) adoptó nuevas órdenes para fortalecer la búsqueda, identificación y entrega digna de personas dadas por desaparecidas, tras una audiencia pública nacional de seguimiento a la medida cautelar que protege los derechos de las víctimas de desaparición forzada.

Las decisiones, emitidas por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad, buscan fortalecer la articulación del Sistema Nacional de Búsqueda y mejorar el intercambio de información entre las entidades responsables. Entre las órdenes se incluye el requerimiento a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) para presentar avances sobre la coordinación interinstitucional y la implementación de decisiones judiciales.

La JEP también ordenó avanzar en la construcción de un protocolo forense preventivo que permita proteger posibles sitios de inhumación frente a proyectos de infraestructura y desarrollos minero-energéticos, así como ampliar la toma de muestras biológicas de familiares de personas desaparecidas, especialmente en territorios con limitada presencia institucional.

Asimismo, se impartieron directrices para fortalecer la búsqueda de miembros de la fuerza pública desaparecidos y mejorar el uso de herramientas tecnológicas que faciliten el acceso, análisis y seguimiento de la información.

Estas decisiones se adoptan en un contexto en el que más de 135.000 personas han sido reportadas como desaparecidas en el país. La JEP reiteró que la búsqueda es un compromiso permanente con la verdad, la memoria y la dignidad de las víctimas y sus familias. A la fecha, las medidas cautelares han permitido la exhumación de 1.923 cuerpos, la identificación de 224 personas y la realización de 142 entregas dignas.

Fuente: jep.gov.co

Otras noticias de actualidad jurídica: Exgobernador de Amazonas fue condenado a 15 años de prisión por corrupción

Exgobernador de Amazonas fue condenado a 15 años de prisión por corrupción

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó al exgobernador del Amazonas, César Antonio Lugo Morales, a 191 meses y 16 días de prisión por delitos contra la administración pública, entre ellos falsedad ideológica, peculado, cohecho, interés indebido en la celebración de contratos y celebración de contratos sin requisitos legales.

La Corte lo halló responsable de 38 cargos y le impuso, además, una multa de 1.479 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la inhabilidad para ejercer cargos públicos. También negó los beneficios de prisión domiciliaria y suspensión condicional de la pena, ordenando su reclusión inmediata.

Según la investigación, Lugo Morales incurrió en irregularidades contractuales, aceptó dádivas y manipuló documentos para favorecer a contratistas, lo que ocasionó un grave detrimento patrimonial superior a los cinco mil millones de pesos. Los recursos, destinados a necesidades básicas como agua potable y alimentación escolar, fueron desviados para fines particulares.

La Corte concluyó que el exmandatario vulneró de manera sistemática los principios de legalidad, planeación y responsabilidad fiscal, afectando de forma grave la administración pública y el patrimonio del Estado.

Fuente: cortesuprema.gov.co

Otras noticias de actualidad jurídica: Medida cautelar de la JEP permitió recuperar 34 cuerpos de personas dadas por desaparecidas en el Cementerio Católico de Saravena

Medida cautelar de la JEP permitió recuperar 34 cuerpos de personas dadas por desaparecidas en el Cementerio Católico de Saravena

Una medida cautelar emitida por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) permitió la recuperación de 34 cuerpos de personas dadas por desaparecidas durante el conflicto armado, así como el avance en la protección del Cementerio Católico de Saravena, considerado un sitio de interés forense prioritario.

La medida, ordenada en 2023 por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad (SARV), ha posibilitado cuatro intervenciones humanitarias realizadas por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), en articulación con la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP y el Instituto Nacional de Medicina Legal.

Como resultado, se ha avanzado en la intervención forense de 81 cuerpos, de los cuales 34 fueron recuperados por ser competencia de la UBPD. De estos, 27 fueron trasladados a Medicina Legal para su proceso de identificación, mientras que en otros siete se realizaron verificaciones y toma de muestras óseas para análisis posteriores.

Las labores se desarrollaron en el marco del Plan Regional de Búsqueda del Sarare y enfrentaron retos técnicos derivados de la falta de registros históricos y de inhumaciones múltiples en fosas comunes. Las exploraciones incluyeron el uso de georradar y excavaciones en áreas priorizadas del cementerio.

La JEP destacó que esta intervención representa un avance significativo en la protección del camposanto y en el esclarecimiento de la desaparición forzada en la región. Las acciones han contado con el apoyo de autoridades locales, organizaciones sociales y la comunidad de Saravena.

La Unidad de Búsqueda reiteró que las labores continúan e invitó a la ciudadanía a aportar información que contribuya a la identificación de las personas desaparecidas y a la dignificación de las víctimas.

Fuente: jep.gov.co

Otras noticias de actualidad jurídica:  Comisión Segunda de la Cámara aprueba en primer debate proyecto que crea Frentes de Seguridad Ciudadana