Jul 19, 2024 | Actualidad Prime
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, el Ministerio del Deporte, a través de la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control (IVC), ha emitido un requerimiento a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) para que realice ajustes en el Estatuto del Jugador y el Código Único Disciplinario. Esta acción responde a las resoluciones de la Corte Constitucional y la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.
El requerimiento, formalizado en el oficio No. 2024EE0001090 del 24 de enero de 2024, solicita específicamente la modificación del numeral 4 del artículo 21 del Estatuto del Jugador. Esta modificación implica que ya no se podrá sancionar con la «Prohibición de efectuar transferencias o inscripción de jugadores por periodos determinados», en línea con la protección de los derechos fundamentales de los futbolistas profesionales, tales como la dignidad humana, el trabajo, la libertad de escoger profesión u oficio y el libre desarrollo de la personalidad.
Asimismo, el Ministerio del Deporte ha solicitado la revisión del artículo 32 del Estatuto del Jugador, para permitir la transferencia de deportistas sin que la existencia de deudas u obligaciones pendientes entre los clubes profesionales lo impida.
Además, se ha informado que la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano (Dimayor), como parte de la estructura funcional de la FCF, estará sujeta a partir de ahora a la inspección, vigilancia y control del Ministerio del Deporte.
Esta medida se sustenta en el marco jurídico colombiano, que incluye el artículo 52 de la Constitución Política, la Ley 181 de 1995, el Decreto Ley 1228 de 1995, el Decreto 1085 de 2015, la Ley 1967 de 2019 y el Decreto 1670 de 2019, los cuales facultan al Ministerio del Deporte para ejercer labores de inspección, vigilancia y control sobre todas las Federaciones Deportivas reconocidas dentro del Sistema Nacional del Deporte.
La Federación Colombiana de Fútbol deberá ahora proceder con los ajustes requeridos para cumplir con las normativas vigentes y asegurar la protección de los derechos fundamentales de los futbolistas.
Fuente: mindeporte.gov.co
Otras noticias de actualidad jurídica: Denuncian mal estado de vías terciarias en Arauca y admiten acción popular para su mejoramiento
Jul 18, 2024 | Actualidad Prime
En el departamento de Arauca, específicamente en el tramo conocido como la “trocha de la Soberanía”, el deterioro de las vías terciarias ha generado múltiples afectaciones a la población local. La representante Lina María Garrido, del partido Cambio Radical, denunció la crítica situación y subrayó la urgencia de atender esta problemática que afecta a la región desde hace décadas.
La congresista expresó su preocupación por las condiciones de las vías, resaltando que, a pesar de los 40 años de explotación petrolera y extracción de minerales en el subsuelo araucano, las carreteras continúan deterioradas y marcadas por numerosos cráteres y huecos. En este contexto, celebró la admisión de una Acción Popular en el Tribunal Administrativo de Arauca, la cual busca el mejoramiento urgente de las principales vías del departamento. La medida pretende garantizar la utilización y defensa de los bienes de uso público, la seguridad, la prevención de desastres y los derechos de los usuarios.
Garrido instó a un esfuerzo conjunto entre entidades nacionales, territoriales y locales para mejorar y pavimentar urgentemente las vías. Destacó que esta medida es crucial para salvar vidas y fomentar el desarrollo regional. La representante subrayó la necesidad de que la Presidencia de la República, el Ministerio de Transporte, el Instituto Nacional de Vías y el Departamento de Arauca se involucren y solucionen este tema de preocupación general.
La representante también resaltó su compromiso con el seguimiento de esta situación en su rol como congresista. Garrido enfatizó que trabajará para que ninguna entidad se oponga a las medidas cautelares, ya que la prioridad es salvar vidas mientras se tramita el proceso. Concluyó afirmando que esta es una oportunidad de acuerdo y desarrollo que debe ser una meta común para todos los araucanos, independientemente de quién gobierne o su postura política.
Esta situación ha generado un llamado de atención urgente a las autoridades para que actúen y mejoren las condiciones de las vías, las cuales son vitales para el bienestar y desarrollo de la región.
Fuente: camara.gov.co
Otras noticias de actualidad jurídica: Corte Suprema de Justicia investiga a congresistas por presunta participación en estructura ilícita en la UNGRD
Jul 17, 2024 | Actualidad Prime
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ha recibido una compulsa de copias de la Fiscalía General de la Nación, solicitando investigar la posible participación de nueve congresistas en una estructura ilícita que habría operado en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) durante la administración del exdirector Olmedo López Martínez.
La Fiscalía ha entregado dos archivos clave. El primero incluye información sobre los congresistas Iván Name y Andrés Calle, y ha sido remitido al magistrado Francisco Farfán. El segundo archivo, relacionado con el representante Wadith Alberto Manzur, está bajo la responsabilidad del magistrado Héctor Alarcón Granobles. Este último oficio también menciona a otros seis aforados: Julio Elías Chagüi Flórez, Karen Astrih Manrique Olarte, Liliana Esther Bitar Castilla, Julián Peinado Ramírez, Juan Diego Muñoz Cabrera y Juan Pablo Gallo Maya.
Los hechos relacionados con estos congresistas serán inicialmente investigados en el mismo expediente a cargo del magistrado Alarcón Granobles, debido a la conexidad procesal. Esta medida busca esclarecer un presunto fenómeno de corrupción administrativa en la UNGRD, donde se sospecha la participación de varios directivos en actividades ilícitas similares durante un periodo específico.
Conforme al artículo 90 de la Ley 600 de 2000, esta investigación penal concentrada permitirá abordar de manera integral los hechos de interés público, facilitando una respuesta más efectiva y coordinada.
El magistrado Francisco Farfán continuará con las investigaciones que ya venía adelantando, enfocándose en los detalles específicos de los congresistas mencionados en su respectivo archivo.
Fuente: cortesuprema.gov.co
Otras noticias de actualidad jurídica: Corte Constitucional protege derechos de refugiados venezolanos y ordena medidas correctivas
Jul 16, 2024 | Actualidad Prime
Por medio de la sentencia T-246 de 2024, la Corte Constitucional de Colombia analizó una tutela interpuesta por 39 ciudadanos venezolanos que solicitaron el reconocimiento de estatus de refugio al Ministerio de Relaciones Exteriores. Durante este proceso, la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia expidió salvoconductos permitiéndoles permanecer de manera regular en el país.
Los accionantes alegaron que el Ministerio de Relaciones Exteriores vulneró su derecho al debido proceso al dilatar injustificadamente la resolución de sus solicitudes de refugio, y que Migración Colombia les negó el derecho al trabajo al excluirlos del Permiso Especial de Permanencia para el Fomento de la Formalización (PEPFF), impidiéndoles laborar mientras se resolvían sus solicitudes.
La Sala Tercera de Revisión de la Corte dividió a los accionantes en grupos, considerando sus situaciones particulares. En cuanto al derecho al debido proceso, la Corte encontró carencia actual de objeto en 32 de los casos, ya que 19 solicitantes obtuvieron el estatus de refugiados, tres fueron denegados y 10 desistieron de su solicitud. Sin embargo, en siete casos se archivaron las peticiones sin resolución, manteniendo la vulneración del debido proceso.
En relación con el derecho al trabajo, mínimo vital y asilo, la Corte determinó carencia de objeto en 32 casos, ya que 19 obtuvieron visas o permisos de trabajo y 13 contaban con Permisos por Protección Temporal (PPT). Para los siete accionantes restantes, quienes no tenían solicitudes activas de refugio ni permisos de trabajo, la Corte concluyó que no operaba la carencia de objeto.
La Corte concluyó que tanto el Ministerio de Relaciones Exteriores como la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia vulneraron los derechos al trabajo, mínimo vital e igualdad de los accionantes, además de restringir el derecho a solicitar refugio. La demora de uno a cuatro años en resolver las solicitudes de refugio, y la falta de alternativas eficaces para permitirles trabajar mientras sus solicitudes eran procesadas, fueron aspectos particularmente críticos en esta sentencia.
La Corte reiteró que los solicitantes de refugio, al romper vínculos con su país de origen debido a la persecución, requieren protección internacional inmediata. El Estado colombiano, en situaciones donde los solicitantes no pueden presentar documentos de identificación, debe ofrecer alternativas para que puedan acceder a visas o permisos de trabajo.
Finalmente, la Corte recordó que el Gobierno Nacional ha implementado mecanismos extraordinarios de regularización, como el PEPFF y el PPT, que permiten a los migrantes venezolanos trabajar en Colombia. La incompatibilidad entre estos permisos y el Salvoconducto SC-2 debe ser inaplicada en casos de extrema vulnerabilidad, garantizando así los derechos fundamentales de los refugiados.
Fuente: corteconstitucional.gov.co
Otras noticias de actualidad jurídica: Corte Constitucional reafirma derechos de comunidades indígenas en implementación de proyectos REDD+
Jul 15, 2024 | Actualidad Prime
La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional ha emitido una sentencia que refuerza el derecho de las comunidades indígenas en Colombia, particularmente en la Amazonía, a decidir sobre la implementación de proyectos de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques (REDD+).
Mediante la sentencia T-248 de 2024, la Corte protegió los derechos a la libre determinación, autonomía, autogobierno, territorio, identidad, integridad física y cultural, y consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas del Consejo Indígena del Pira Paraná y la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas del Río Pira Paraná.
Vulneración de Derechos Fundamentales
Las comunidades demandantes alegaron que sus derechos fundamentales fueron vulnerados debido a que en la implementación del proyecto REDD+, empresas privadas ignoraron sus modos de vida y estructuras de gobierno propio. Además, señalaron que el Estado no adoptó las salvaguardas sociales y ambientales acordadas en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC).
El tribunal constató que la situación de las comunidades indígenas del Pira Paraná reflejaba una problemática generalizada que, de no resolverse, afectaría no solo a los demandantes, sino a otros grupos indígenas en la Amazonía, región que cubre el 48% de esta zona.
Incumplimiento de Estándares
En el caso específico, se constató la falta de debida diligencia por parte de las empresas formuladoras y desarrolladoras del proyecto REDD+, del organismo de validación y verificación, y del programa de certificación de carbono, al no respetar los estándares internacionales y nacionales sobre derechos humanos. Además, no demostraron haber obtenido un consentimiento libre, previo e informado de las comunidades étnicas, ni realizaron seguimientos eficaces ni evaluaciones de los impactos reales y potenciales del proyecto sobre la estructura de vida de estas comunidades.
Órdenes y Medidas
La Corte ordenó a las empresas involucradas, incluyendo la Corporación para el Manejo Sostenible de los Bosques (Masbosques), que se abstengan de intervenir o influir en el proceso de toma de decisiones de la población indígena sobre el proyecto REDD+. Asimismo, dispuso que el Ministerio del Interior facilite un espacio de diálogo para mediar y alcanzar un acuerdo con las comunidades sobre la implementación del proyecto, en caso de que no haya una decisión de la población indígena en tres meses.
Desde una perspectiva general, la Corte insistió en que los proyectos REDD+ son importantes en el contexto del cambio climático y sus efectos en el medio ambiente y las condiciones de vida de la población beneficiaria. No obstante, el Estado colombiano debe adoptar y aplicar un enfoque étnico que respete y proteja integralmente los derechos fundamentales de las comunidades indígenas.
Para ello, se ordenó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible coordinar la creación de un protocolo con perspectiva étnica para la ejecución de proyectos REDD+ en territorios colectivos, de acuerdo con la Resolución 1447 de 2018, y adoptar estrategias integrales de seguimiento y acompañamiento a estas iniciativas con propósitos climáticos.
Fuente: corteconstitucional.gov.co
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