Estudio revela medidas para una justicia restaurativa en casos de violencias basadas en género y prejuicio en Colombia

En la semana conmemorativa del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto, el Observatorio de Justicia Transicional de Colombia, bajo la Dirección de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia y del Derecho, ha presentado su estudio «Transiciones justas en clave restaurativa: Medidas y sanciones restaurativas en casos de violencias basadas en género y violencias por prejuicio».

El informe examina la concepción, diseño e implementación de enfoques de género y la perspectiva interseccional en la justicia restaurativa para casos de violencias basadas en género y prejuicio. Propone cerca de 20 buenas prácticas tanto para autoridades judiciales como para entidades del ejecutivo, con roles en la Justicia Transicional Restaurativa en Colombia.

Los resultados del estudio han sido compartidos con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en un esfuerzo por respaldar y contribuir técnicamente a su labor fundamental.

Mariana Ardila, Directora de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia y del Derecho, enfatiza: «El momento de la justicia transicional restaurativa para las más de 35 mil víctimas de diferentes tipos de violencias de género y violencias por prejuicio registradas en la JEP es ahora.»

El lanzamiento de este estudio busca enriquecer el debate sobre cómo diseñar e implementar medidas que contribuyan efectivamente a reparar y restaurar los profundos daños causados por estas violencias.

Las recomendaciones se centran en acciones que contribuyan a prevenir la violencia basada en género y el prejuicio, así como en transformar las condiciones estructurales que perpetúan la exclusión y discriminación. Además, destacan la importancia de garantizar la participación y seguridad de las víctimas en el proceso, así como el cuidado de su salud mental y emocional.

El estudio contó con la participación de diversas organizaciones sociales, funcionarios de la JEP, académicos y expertos internacionales en justicia transicional y restaurativa, así como representantes de mujeres y personas LGBTIQ+ víctimas del conflicto armado. Fue realizado bajo la consultoría de la Fundación APG, Paz y Reconciliación.

Fuente: Comisión del Senado debate regulación de Inteligencia Artificial ante expertos y representantes del sector

Comisión del Senado debate regulación de Inteligencia Artificial ante expertos y representantes del sector

En una sesión de la Comisión Primera del Senado de la República, se llevó a cabo un profundo debate sobre la implementación de la Inteligencia Artificial (IA) y la posible necesidad de regulación en el país. Con ocasión de la mesa técnica convocada, congresistas y expertos discutieron los aspectos fundamentales de esta tecnología emergente y su impacto en la sociedad colombiana.

Uno de los puntos clave del debate fue la intervención de Pablo Nieto, presidente de la Asociación Latinoamericana de Internet, quien destacó la importancia de establecer una política pública sobre la IA, argumentando que Colombia no puede ignorar las tendencias globales en este campo. Nieto hizo referencia a la reciente revolución en la materia emitida por la ONU, instando a los países a analizar la gobernanza de la IA y adaptarla a las particularidades locales.

Felipe Sarmiento, representante de Five Partners, subrayó la necesidad de aprovechar la infraestructura de telecomunicaciones existente en Colombia para impulsar la implementación de la IA. Destacó los avances recientes en tecnología, como la cuarta generación de sistemas de procesamiento de lenguaje natural, y señaló el potencial impacto positivo en diversos sectores económicos y de producción.

Karim Dasuki, miembro del clúster de Innovación y Transformación Digital para el Caribe Colombiano, enfatizó la importancia de una adopción responsable de la IA, especialmente entre niños y adolescentes. Propuso incluir al sector privado en el debate y diferenciar claramente entre la recopilación de datos y el uso de la IA.

Por su parte, Wilson Río, decano de la facultad de derecho de la Universidad Areandina, abogó por una regulación general y ética de la IA, destacando la necesidad de adaptarse constantemente a los avances tecnológicos. Río mencionó la implementación de un decálogo de uso responsable en su universidad y resaltó la importancia de consideraciones éticas debido a las amplias implicaciones de esta tecnología.

En el Congreso de la República, varios proyectos relacionados con la inteligencia artificial están en curso, y la Comisión Primera enfatizó la importancia de nutrir estos proyectos con todas las voces y sectores pertinentes, como resultado del debate en la sesión.

Fuente: senado.gov.co

Otras noticias de actualidad jurídica: No son apelables autos en acciones populares salvo excepciones: Consejo de Estado

No son apelables autos en acciones populares salvo excepciones: Consejo de Estado

El Consejo de Estado ha emitido un pronunciamiento relevante en cuanto a la apelación de autos proferidos en acciones populares, confirmando que, por regla general, estos no son apelables, a menos que se trate de una medida cautelar. Esta determinación surge a raíz de un caso específico relacionado con presuntas violaciones a derechos colectivos en un contrato entre el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la UT Centros Poblados de Colombia 2020.

En este contexto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca había denegado el recurso de apelación contra una decisión judicial que dio por terminado el proceso en esta acción popular. Tras un recurso de queja presentado por la Procuraduría, el Consejo de Estado respaldó la decisión del Tribunal, argumentando que se ajusta a las normas procesales vigentes.

El Consejo de Estado fundamentó su decisión en disposiciones específicas de la Ley 472 de 1998 y el Código General del Proceso, señalando que, salvo excepciones, los autos proferidos en acciones populares están sujetos a reposición y no a apelación.

Esta resolución del Consejo de Estado establece un precedente significativo en materia procesal y destaca la importancia de la correcta interpretación y aplicación de las normativas legales en la protección de derechos colectivos. Las consideraciones del Consejo de Estado pueden consultarse por medio del siguiente enlace.

Fuente: consejodeestado.gov.co

Otras noticias de actualidad jurídica: La Corte Constitucional exhorta a instituciones educativas y a la Fiscalía a implementar medidas contra el acoso sexual en entornos escolares

La Corte Constitucional exhorta a instituciones educativas y a la Fiscalía a implementar medidas contra el acoso sexual en entornos escolares

Con ocasión de la sentencia T-082 de 2024, la Corte Constitucional de Colombia se pronunció sobre dos casos de acoso sexual en entornos escolares en Bogotá, instando a instituciones educativas y a la Fiscalía General de la Nación a implementar medidas efectivas para prevenir y abordar este tipo de situaciones.

En el primer caso, la Corte conoció la tutela presentada por los padres de una niña de siete años que fue víctima de abuso sexual, psicológico y físico en su colegio. Los padres solicitaron una reunión con las autoridades escolares para abordar el caso, pero su petición fue rechazada. La Corte reprochó la falta de atención de la institución educativa a las denuncias de la niña y exhortó al colegio a implementar mecanismos para prevenir y atender casos de acoso escolar y sexual.

En el segundo caso, la Corte estudió la tutela de una joven con síndrome de Down que denunció haber sido abusada sexualmente por un compañero de colegio. La Fiscalía y otras entidades se apartaron de sus deberes al no brindar información clara y oportuna sobre el proceso de denuncia. La Corte llamó la atención a la Fiscalía y la exhortó a seguir estrictamente los protocolos para atender denuncias de acoso sexual, especialmente cuando involucran a personas en situación de discapacidad.

En su análisis, la Corte recordó que las mujeres, especialmente en entornos educativos, están más expuestas al acoso sexual y que es deber de las autoridades adoptar medidas para prevenir y eliminar este tipo de violencia. Asimismo, destacó la importancia de garantizar el derecho a la educación y a vivir una vida libre de violencia, especialmente para las mujeres.

La sentencia de la Corte Constitucional destaca la necesidad de que las instituciones educativas y las autoridades judiciales tomen medidas efectivas para proteger a los estudiantes, especialmente a aquellos en situación de vulnerabilidad, y para crear entornos seguros donde puedan ejercer plenamente sus derechos.

Fuente: corteconstitucional.gov.co

Otras noticias de actualidad jurídica: Corte Constitucional protege derechos de vendedores informales frente a desalojos en el caso Plan Jarillón

Corte Constitucional protege derechos de vendedores informales frente a desalojos en el caso Plan Jarillón

La Corte Constitucional, a través de la sentencia T-083 de 2024, reiteró que el deber de proteger el espacio público no es absoluto y debe armonizarse con los derechos de los vendedores informales. La Sala Cuarta de Revisión amparó los derechos fundamentales de una mujer de 72 años, vendedora informal desalojada en el marco del proyecto Plan Jarillón en Cali.

La accionante, quien había dedicado más de 30 años de su vida al comercio informal en un kiosko en el área del Jarillón de Cali, vio vulnerados sus derechos al debido proceso, a la igualdad, al trabajo, al mínimo vital y a la libertad de escoger profesión u oficio. A pesar de que en primera instancia se declaró improcedente el amparo, la Sala revocó esta decisión, destacando el desconocimiento del principio de confianza legítima y del derecho al trabajo de los vendedores informales por parte de la Inspección Urbana de Policía.

La Corte enfatizó que el deber de proteger el espacio público no puede ser ejercido de manera absoluta, especialmente cuando esto entra en conflicto con los derechos de los vendedores informales, quienes también son sujetos de especial protección constitucional. La accionante, además, estaba respaldada por la Junta de Acción Comunal y cumplía con los requisitos para permanecer en el lugar.

Como resultado, la Corte ordenó rehacer el procedimiento de restitución de bienes inmuebles de uso público, instando a las autoridades a ofrecer alternativas de reubicación o capacitación en otras áreas económicas productivas que aseguren el mínimo vital de la accionante. Se advirtió a las autoridades municipales abstenerse de realizar desalojos de vendedores informales sin ofrecer alternativas adecuadas.

La sentencia destaca la importancia de garantizar los derechos de los vendedores informales, reconociendo su contribución económica y social, y estableciendo límites claros a la actuación de las autoridades en procesos de restitución del espacio público.

Fuente: corteconstitucional.gov.co

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