Ene 12, 2024 | Actualidad Prime
En medio de la temporada seca que azota a Colombia en los primeros días del año, el país enfrenta un aumento significativo en el riesgo de incendios forestales. Según el más reciente informe del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), 747 municipios se encuentran en alerta, clasificados con riesgo alto, medio y bajo.
Los departamentos más afectados son Boyacá, Cundinamarca, Santander y Meta, que suman un total de 249 municipios en alerta roja, siendo Boyacá el más vulnerable con 82 municipios en esta categoría. La región de la Orinoquía ha experimentado un aumento del 44% en los puntos de calor monitorizados, lo que indica un crecimiento acelerado de la amenaza de incendios forestales.
La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, ha emitido una alerta nacional, destacando que los municipios afectados se concentran principalmente en zonas de alta montaña, donde las temperaturas han aumentado considerablemente. Muhamad expresó la importancia de la coordinación con las autoridades para hacer frente a esta emergencia y reforzar los esfuerzos para contener la deforestación.
El seguimiento del IDEAM revela que las altas temperaturas y el riesgo de incendios podrían tener consecuencias en la calidad del aire de las principales ciudades del país, así como la posibilidad de heladas en la sabana de Bogotá y municipios de Boyacá.
Ghisliane Echeverry, directora del IDEAM, advierte que el año 2023 ha sido el más caluroso registrado en la historia mundial, pronosticando temperaturas elevadas en enero y febrero, además de una temporada de lluvias reducida. También se espera la ocurrencia de heladas en la sabana de Bogotá.
Para hacer frente a la emergencia, se han puesto a disposición 865 cuerpos de Bomberos, incluyendo voluntarios oficiales y aeronáuticos, así como 8 aeronaves para el control de incendios y el transporte de equipos y personal a las regiones que lo requieran. En lo que va del 2024, se han atendido 62 incendios en el país, con 58 ya liquidados, 1 controlado y 3 activos en Antioquia y Bolívar.
La ministra de Ambiente hizo un llamado a los alcaldes y gobernadores para que refuercen sus planes de contingencia y estén preparados ante posibles emergencias. Además, emitió una serie de recomendaciones, incluyendo la activación de protocolos de seguimiento de emergencias, vigilancia constante por parte de comunidades, guardabosques y bomberos, la prohibición de quemas y fogatas en zonas rurales, y la evitación de actividades generadoras de chispas en la cobertura vegetal.
Ante la inminente amenaza, la ministra insta a la población a tener a la mano los números de emergencia y a activar a los organismos de socorro en caso de conatos. Los números de emergencia facilitados son los siguientes: Bomberos (119), Cruz Roja (132), Defensa Civil (144), Policía Nacional (123) y para reportar el estado de las vías, se ha habilitado el código #767.
Fuente: minambiente.gov.co
Otras noticias de actualidad jurídica: Gobierno Nacional emite protocolo para la restricción del consumo de sustancias psicoactivas en espacios públicos
Ene 11, 2024 | Actualidad Prime
En cumplimiento a lo ordenado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-127 de 2023, el Ministerio de Justicia y del Derecho ha expedido el Protocolo para la aplicación de artículos del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana relacionados con la restricción del consumo de sustancias psicoactivas en parques y zonas del espacio público.
El protocolo establece pautas para los entes territoriales y sus autoridades de policía, priorizando la protección y prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNA). Enfatiza que las autoridades locales están facultadas para regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas dentro de su autonomía territorial y competencias legales.
Los principales puntos de los lineamientos generales incluyen la protección integral e interés superior de los NNA, la diferenciación entre el porte para uso personal y el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, la aplicación del principio de no discriminación hacia personas consumidoras de sustancias psicoactivas, y abordar el consumo desde enfoques de salud pública, derechos humanos y respeto a la diferencia.
El Ministro de Justicia y del Derecho, Néstor Iván Osuna Patiño, explicó que el protocolo sirve como una guía no vinculante, pero destaca los derechos de los NNA. Además, subrayó la importancia de que las administraciones locales consideren circunstancias de modo, tiempo y lugar al restringir el consumo en espacios de especial valor cultural e histórico para la comunidad.
En cuanto a la actividad policial, se enfatiza la importancia de considerar el lugar, el momento del día y las circunstancias, buscando la aplicación de medidas preventivas o pedagógicas. El propósito adicional es activar la ruta integral de atención para población con riesgo o presencia de trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas y adicciones.
El protocolo no solo cumple con la orden de la Corte Constitucional sino que también atiende las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, destacando la adopción de alternativas a la penalización, la ‘tolerancia cero’ y la supresión de las drogas. Se hace hincapié en tomar el control de los mercados ilegales de drogas mediante una normativa responsable, con el propósito de eliminar los beneficios derivados del tráfico ilícito, la delincuencia y la violencia.
Asimismo, se insta a adoptar políticas de drogas que reconozcan y fomenten la no discriminación de los consumidores, garantizando su acceso a la atención médica con tratamientos voluntarios y estableciendo el consentimiento informado como condición indispensable para cualquier intervención.
El protocolo está disponible para consulta pública y se espera que su implementación contribuya a un abordaje más integral y respetuoso de la problemática del consumo de sustancias psicoactivas en espacios públicos.
Fuente: minjusticia.gov.co
Otras noticias de actualidad jurídica: Corte Suprema de Justicia revoca sentencia que vulnera derechos de víctima de ataque de su pareja
Ene 10, 2024 | Actualidad Prime
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante la sentencia en la sentencia SP475-2023, declaró la nulidad de una sentencia que dictaminó una condena de 20 meses de prisión a un individuo por agredir con un cuchillo a su pareja, poniendo su vida en riesgo. Se argumentó que esta decisión violó los derechos a la verdad y a la justicia de la víctima.
El acusado recibió dicha condena por un delito calificado como «violencia intrafamiliar agravada» y tras llegar a un preacuerdo con la Fiscalía, reconociendo haber actuado en circunstancias de marginalidad e ignorancia. Sin embargo, la víctima presentó un recurso de casación, argumentando que el delito era más grave de lo considerado y que su doble vulnerabilidad como mujer y trabajadora sexual no fue debidamente considerada.
Tras revisar el caso, la Sala de Casación Penal respaldó a la víctima, anulando la condena debido a que la calificación jurídica dada por la Fiscalía desde el inicio fue errónea. A pesar de la gravedad de los hechos, la Fiscalía catalogó el ataque como un simple caso de violencia intrafamiliar, omitiendo aspectos trascendentales, como las lesiones mortales causadas a la víctima y el contexto de violencia de género.
La Corte determinó que se omitieron hechos cruciales, como el intento de apuñalamiento en el pecho y la posible intención de matar, reduciendo el caso a un simple «maltrato psicológico y físico». Esta calificación errónea no solo afectó el derecho a la verdad de la víctima, sino que también desconoció su garantía a la justicia.
En consecuencia, la Corte Suprema anuló la sentencia desde el momento de la imputación, instando al fiscal a considerar todas las circunstancias del ataque para corregir la calificación jurídica. Esto resultó en la liberación del acusado, por lo que se hizo un llamado urgente a las autoridades pertinentes para proteger a la denunciante ante las amenazas de muerte recurrentes por parte del procesado.
Fuente: cortesuprema.gov.co
Otras noticias de actualidad jurídica: Preocupación por el aumento de matrimonios infantiles en Colombia
Ene 9, 2024 | Actualidad Prime
Durante el año 2023 las cifras de matrimonios infantiles en Colombia han generado un encendido debate en la esfera jurídica y social del país. Con un total de 114 uniones registradas entre menores de edad, se ha despertado una preocupación generalizada debido a las condiciones que rodean estas uniones, en su mayoría motivadas por la situación de pobreza que enfrentan las niñas involucradas.
El matrimonio infantil, definido como cualquier unión formal que implica a un niño o adolescente menor de 18 años, se ha convertido en una realidad alarmante en el país. Si bien la legislación actual permite estas uniones bajo ciertos requisitos del Código Civil, el trasfondo de vulnerabilidad y falta de protección familiar, institucional y legal que rodea a estos casos ha generado un llamado urgente a la revisión de dichas normativas.
La Superintendencia de Notariado y Registro tiene la responsabilidad de supervisar y regular estos procedimientos notariales, buscando salvaguardar los derechos de los menores y contribuir a la creación de un entorno más seguro y justo para ellos. Sin embargo, organizaciones como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) alertan sobre las consecuencias nocivas del matrimonio infantil.
Unicef destaca que estas uniones, particularmente perjudiciales para las niñas y adolescentes, limitan sus oportunidades de desarrollo y las exponen a la violencia, el abuso sexual y el embarazo precoz. Esta práctica, considerada una forma de violencia de género, afecta a más de 650 millones de niñas y adolescentes en todo el mundo, 60 millones de ellas en la región latinoamericana.
La discusión en torno a esta problemática se intensifica, impulsando llamados a revisar y reformar las leyes que permiten estos matrimonios bajo ciertas condiciones, con el fin de proteger los derechos de los menores y ofrecerles un entorno más propicio para su desarrollo integral.
Este preocupante escenario ha motivado a diversos actores sociales, políticos y legales a tomar acciones concretas para abordar esta realidad y trabajar en la construcción de un marco legal y social más protector para los menores de edad, asegurando así un futuro más justo y seguro para la infancia colombiana.
Fuente: supernotariado.gov.co
Otras noticias de actualidad jurídica: Gobierno Nacional establece el incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para el sistema de salud en 2024
Ene 8, 2024 | Actualidad Prime
El Ministerio de Salud y Protección Social ha anunciado el valor anual de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) que financiará los servicios y tecnologías de salud para los Regímenes Contributivo y Subsidiado durante el año 2024. Esta determinación, abordada mediante la Resolución 2364 de 2023, representa un incremento significativo del 12,01% respecto al año anterior.
La fijación de este aumento se fundamenta en la inflación del 9,73%, a la que se suma un 2,28% destinado a la actualización de servicios y tecnologías, según lo establecido por el Gobierno Nacional. La UPC, esencial para el aseguramiento en salud de cada ciudadano colombiano, es el monto que el Ministerio de Salud paga a las Empresas Promotoras de Salud (EPS) a través de la ADRES.
El cálculo de la UPC se basa en los datos reportados por las EPS, considerando los usos y costos de los servicios de salud y medicamentos. La veracidad de los gastos informados por las EPS se certifica mediante revisores fiscales y se verifica a través de un sistema especialmente diseñado para este propósito. Es importante destacar que la UPC se calcula por separado para el Régimen Contributivo y el Régimen Subsidiado.
El proceso de calidad para la información utilizada en el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) incluye la presentación anual por parte de las EPS de las prestaciones realizadas en 2022, verificaciones exhaustivas para asegurar la coherencia de los datos reportados mediante 250 reglas establecidas, retroalimentación con las EPS para corregir inconsistencias y la conformación de una base de datos con información que cumple los criterios de calidad.
Se ha enfatizado que la selección de las EPS se llevó a cabo considerando la relación entre el valor certificado por el representante legal y el revisor fiscal, el cual debe ser igual o superior al 90%. Este año, solo cuatro EPS cumplieron con este requisito.
El incremento inicial proyectado de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) era del 6,71%. Sin embargo, el Ministerio de Salud y Protección Social decidió aumentar este porcentaje al 12,01%, al tener en cuenta el Índice de Precios al Consumidor (IPC) proyectado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, agregando un 3,02% adicional.
Además, con el propósito de facilitar el acceso de la población a los servicios de salud, se ha realizado una actualización en el Plan de Beneficios en Salud, incluyendo tecnologías que representan un 2,28%.
Para asegurar los pagos correspondientes, se ha informado que el Ministerio de Salud y Protección Social cuenta con los recursos necesarios para cubrir los presupuestos máximos pendientes del año 2023, estimados en alrededor de $1,4 billones, así como el monto de $246.475 millones correspondiente al mes de noviembre de 2023. Asimismo, el Consejo Superior de Política Fiscal aprobó el pago de presupuestos máximos por un valor de $819.667 millones, destinados a cubrir lo adeudado en 2022 con cargo al servicio de la deuda.
Estos movimientos buscan garantizar la estabilidad financiera y el acceso adecuado a los servicios de salud para la población afiliada a los distintos regímenes, consolidando así el sistema de salud para el próximo año.
Fuente: minsalud.gov.co
Otras noticias de actualidad jurídica: La Supersalud aumentó la supervisión sobre EPS y regímenes especiales para asegurar el derecho a la salud de los usuarios
