Dic 23, 2024 | Actualidad Prime
El Consejo de Estado, a través de su Sala de Consulta y Servicio Civil, emitió un concepto clave sobre el «Proyecto de Ley por medio de la cual se determinan las competencias de la Jurisdicción Agraria y Rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones». La solicitud, presentada por el Ministerio de Justicia y del Derecho, buscaba clarificar aspectos relacionados con las competencias de esta alta corporación en el marco del proyecto legislativo.
En su análisis del 29 de noviembre de 2024, el Consejo de Estado identificó varias disposiciones del proyecto de ley que contrarían el Acto Legislativo 03 de 2023, el cual confiere a esta corporación la función de órgano de cierre en asuntos agrarios dentro de la jurisdicción contenciosa administrativa, según lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución. Entre los artículos cuestionados se encuentran los artículos 9, parágrafo 1; 31, 53, 55, 56 y 59, que fueron señalados como potencialmente inconstitucionales.
Además de advertir los posibles vicios de inconstitucionalidad, la Sala de Consulta planteó recomendaciones orientadas a corregir estas falencias. Entre las propuestas destacan ajustes en la distribución de competencias y la introducción de recursos extraordinarios, con el objetivo de garantizar una estructura legal que permita resolver de manera eficiente los conflictos relacionados con la propiedad y la posesión de tierras rurales.
El concepto emitido también destacó la importancia de proteger los derechos de los sujetos de especial protección constitucional, como lo estipula el Acto Legislativo 03 de 2023, buscando fortalecer los mecanismos legales para la resolución de conflictos agrarios en el país.
Este pronunciamiento subraya la necesidad de ajustar el proyecto de ley para asegurar su compatibilidad con el marco constitucional y garantizar la efectividad en la protección de derechos y resolución de controversias en el ámbito agrario.
Fuente: consejodeestado.gov.co
Otras noticias de actualidad jurídica: El Ministerio de Justicia lanza en Buenaventura la estrategia “Zonas de Paz y Esperanza”
Dic 20, 2024 | Actualidad Prime
Con el objetivo de promover entornos seguros y reducir la vulnerabilidad asociada a los mercados locales de drogas, el Ministerio de Justicia y del Derecho presentó en Buenaventura la estrategia «Zonas de Paz y Esperanza». Esta iniciativa busca transformar los territorios priorizados mediante acciones integrales en justicia, convivencia y seguridad.
El evento, que tuvo lugar en las instalaciones de Comfamar, reunió a más de 120 jóvenes de distintas comunidades del municipio. Durante la jornada, se realizaron talleres orientados a la construcción de paz, el fortalecimiento de liderazgos y el diálogo intercultural. Estas actividades fueron lideradas por la Biblioteca Nacional de Colombia y Partners Colombia, con el objetivo de fomentar una cultura de paz y fortalecer los lazos comunitarios.
En su intervención, la ministra de Justicia y del Derecho, Ángela María Buitrago Ruiz, señaló la importancia del rol juvenil en los procesos de transformación social. “Al hablar y dialogar, se están escuchando, y escuchar al otro es el primer paso para construir juntos”, afirmó, destacando la necesidad de herramientas prácticas para la resolución de conflictos y la gestión de riesgos.
Componentes de la estrategia
La estrategia «Zonas de Paz y Esperanza» abarca varias líneas de acción:
- Fortalecimiento institucional: Busca la articulación de actores como alcaldías, gobernaciones, Policía Nacional y organizaciones sociales para garantizar una presencia efectiva en los territorios.
- Proyectos productivos: Promueve alternativas económicas sostenibles en comunidades impactadas por economías ilícitas.
- Resolución de conflictos: Impulsa métodos como la mediación comunitaria, la conciliación en equidad y la formación de promotores de paz.
El evento también contó con la participación de representantes de la Alcaldía de Buenaventura, la Secretaría de Paz del Valle del Cauca y organismos internacionales como UNICEF.
Buenaventura como territorio piloto
La elección de Buenaventura como punto de partida responde a los altos índices de violencia y la incidencia de economías ilícitas en el municipio, así como al potencial de sus comunidades para liderar procesos de cambio. Las actividades continuarán el 16 de diciembre con talleres y reuniones interinstitucionales destinadas a definir acciones concretas para garantizar la sostenibilidad de la estrategia.
Con esta iniciativa, el Ministerio de Justicia busca articular esfuerzos con comunidades, instituciones locales e internacionales y el sector privado para fomentar entornos de paz, justicia y oportunidades en las regiones más vulnerables del país.
Fuente: minjusticia.gov.co
Otras noticias de actualidad jurídica: Comisión Segunda del Senado presenta balance positivo en el tercer año de legislatura 2022-2026
Dic 19, 2024 | Actualidad Prime
En el primer semestre del tercer año del periodo constitucional 2022-2026, la Comisión Segunda del Senado de la República de Colombia, encargada de temas como relaciones internacionales, seguridad, defensa nacional y comercio exterior, reportó un balance positivo de sus actividades legislativas y de control político.
El senador José Luis Pérez Oyuela, presidente de la comisión y miembro del partido Cambio Radical, subrayó que durante el desarrollo de los trabajos se aseguraron garantías tanto para la oposición como para el Gobierno Nacional, fomentando un ambiente propicio para la discusión y aprobación de leyes de relevancia nacional.
Actividades destacadas
En el marco del control político, se llevaron a cabo debates clave impulsados por diferentes senadores:
- Licitación de pasaportes: El senador Nicolás Albeiro Echeverry (Conservador) citó al Ministerio de Relaciones Exteriores para rendir cuentas sobre los contratos y convenios relacionados con la emisión de pasaportes para los años 2023 y 2024.
- Cese al fuego y violencia: El senador Oscar Mauricio Giraldo Hernández (Conservador) lideró un debate para analizar el fortalecimiento de grupos armados ilegales durante el cese al fuego ordenado por el Gobierno en el marco del proceso de paz total.
- Oriente Antioqueño: Por iniciativa del senador Echeverry, se abordó la situación de seguridad en esta región del país.
Sesiones conjuntas
Las comisiones segundas de Senado y Cámara celebraron una sesión conjunta para conmemorar el Día Nacional del Colombiano Migrante, donde escucharon testimonios de migrantes y retornados.
Proyectos de ley tramitados
Entre los proyectos más relevantes aprobados o discutidos se encuentran:
- Ascensos póstumos: Un proyecto que rinde honores a los estudiantes fallecidos en el ataque a la Escuela de Cadetes General Santander en 2019, otorgándoles ascensos póstumos y beneficios a sus familias.
- Convención contra mercenarios: La aprobación de la Convención internacional contra el reclutamiento, financiación y entrenamiento de mercenarios, promovida por las Naciones Unidas.
- Tratado sobre armas nucleares: Aprobación del tratado internacional que prohíbe el uso de armas nucleares, adoptado en Nueva York en 2017.
- Celebración de aniversarios académicos: Proyectos que conmemoran los 80 años de la Universidad del Valle y los 40 años de su sistema de regionalización.
- Protocolo de derechos de personas con discapacidad: Aprobación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.
- Acuerdo de transporte aéreo con Estados Unidos: Ratificación del protocolo de enmienda al acuerdo bilateral entre Colombia y Estados Unidos, firmado en 2022.
Balance positivo
El trabajo de la Comisión Segunda del Senado evidencia avances significativos en temas prioritarios para el país, fortaleciendo la labor legislativa y de control político en áreas clave para la seguridad, el comercio y los derechos humanos.
Fuente: senado.gov.co
Otras noticias de actualidad jurídica: Corte Constitucional protege derechos en controversia sobre exhumación y libertad religiosa
Dic 18, 2024 | Actualidad Prime
La Corte Constitucional, mediante la sentencia T-497 de 2024, protegió los derechos fundamentales de una ciudadana que interpuso una acción de tutela contra la Diócesis Málaga-Soatá, la Parroquia Nuestra Señora de los Remedios y la Iglesia Católica de Colombia. La acción se originó en septiembre de 2023, tras la exhumación de los restos óseos de su padre sin la debida notificación y en contravención a las normas vigentes.
La Corte determinó que la Parroquia vulneró los derechos a la libertad religiosa y al debido proceso administrativo de la demandante. Entre las irregularidades señaladas, se destacó la omisión en la notificación a los familiares sobre la culminación del término mínimo de permanencia de los restos en el cementerio y la falta de apego a las reglas dispuestas en la Resolución 5194 de 2010 para el manejo de exhumaciones.
En su análisis, el alto tribunal subrayó la relación entre los derechos fundamentales y los rituales fúnebres, resaltando la importancia de respetar los sistemas de creencias en los procedimientos relacionados con el destino de los cadáveres o restos óseos.
Como parte de las medidas de protección, la Corte revocó las sentencias de primera y segunda instancia que negaban el amparo y ordenó:
- Reunión de conciliación: La parroquia deberá convocar a los familiares del difunto para definir un procedimiento de reparación en concordancia con sus creencias religiosas.
- Disculpas públicas: En caso de no llegar a un acuerdo, la parroquia deberá emitir disculpas públicas visibles en la iglesia y la alcaldía del municipio.
- Condiciones de inhumación adecuadas: Se ordenó mantener los restos en el osario sin costos adicionales para los familiares y garantizar condiciones adecuadas para los restos del abuelo de la demandante, ajustándose a la normativa sanitaria.
Además, la Corte instruyó a la Alcaldía de San José de Miranda, Santander, para que investigue la naturaleza jurídica del cementerio y supervise los procedimientos de inhumación, exhumación y cremación, asegurando el cumplimiento de las normas vigentes. La alcaldía deberá verificar el estado de las tumbas en terrenos de particulares y capacitar al personal encargado de estas labores.
Este fallo no solo protege los derechos de la accionante, sino que también marca un precedente sobre la relación entre las libertades religiosas, el respeto a la dignidad humana y la administración de cementerios, exigiendo un cumplimiento estricto de los protocolos establecidos para estos procedimientos.
Fuente: corteconstitucional.gov.co
Otras noticias de actualidad jurídica: Fallo del Consejo de Estado ordena reglamentar derechos laborales para población con discapacidad
Dic 17, 2024 | Actualidad Prime
En un importante fallo proferido el pasado 12 de diciembre de 2024, la Sección Quinta del Consejo de Estado ordenó al Gobierno nacional expedir, en un plazo de cuatro meses, la reglamentación faltante para garantizar el derecho al trabajo de las personas con discapacidad, tal como lo dispone la Ley 1996 de 2019 en su artículo 62 y en concordancia con la Ley 1618 de 1993.
La decisión revocó parcialmente una providencia del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Octava de Decisión, del 13 de noviembre de 2024, que había negado las pretensiones de la demanda interpuesta. La Alta Corporación determinó que, pese a los avances legislativos, el Gobierno no ha emitido todos los decretos necesarios para implementar las disposiciones legales que buscan la inclusión laboral de esta población.
Entre los temas que deberán ser reglamentados se encuentran:
- Fomento de unidades productivas: Crear y fortalecer proyectos productivos para personas con discapacidad y sus familias, con apoyos como tasas de interés bajas, tecnologías de la información, y diseño de plataformas para la comercialización de sus productos. Además, se dará prioridad a la adquisición de estos bienes por parte de las entidades públicas.
- Promoción de negocios inclusivos: Incentivar emprendimientos y fortalecer entidades que promuevan la independencia económica de las personas con discapacidad.
- Cuotas laborales en el sector público: En coordinación con el Departamento Administrativo de la Función Pública, garantizar la vinculación de un porcentaje específico de personas con discapacidad en los diferentes niveles del Estado, asegurando que esta información sea accesible.
Este fallo representa un avance significativo en el reconocimiento y protección de los derechos de las personas con discapacidad, especialmente en el ámbito laboral. La implementación de estas medidas será clave para promover la inclusión y la igualdad de oportunidades en el país.
Fuente: consejodeestado.gov.co
Otras noticias de actualidad jurídica: Corte Constitucional ordena proteger derechos de la Comunidad Indígena La Unión en el marco de proyecto sísmico
Dic 16, 2024 | Actualidad Prime
La Corte Constitucional, mediante la sentencia T-472 de 2024, ordenó la protección de los derechos fundamentales de la Comunidad Indígena La Unión, ubicada en el municipio de Buenavista, Córdoba, frente a las actuaciones de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa (DANCP). El caso giró en torno a un proyecto de exploración sísmica en la cuenca Valle Inferior del Magdalena, que, según la comunidad, amenazaba su territorio y sus formas de vida.
Antecedentes
La ANH había iniciado un proceso de licitación para desarrollar un programa de exploración sísmica utilizando tecnologías avanzadas. Sin embargo, ni la ANH ni la DANCP realizaron los trámites necesarios para garantizar la consulta previa con la comunidad, pese a que este proyecto tenía el potencial de impactar directamente su territorio y actividades económicas de subsistencia. La comunidad, junto con la Alcaldía de Buenavista, solicitó formalmente la certificación para llevar a cabo este proceso, pero la DANCP no respondió de manera adecuada y remitió la solicitud a la ANH, ignorando su obligación.
Consideraciones de la Corte
La Sala Séptima de Revisión de la Corte concluyó que se vulneraron los derechos fundamentales de la Comunidad Indígena La Unión en varios aspectos:
- Derecho de petición: La DANCP no respondió de manera clara ni de fondo a las solicitudes de la comunidad, lo que constituye una violación al derecho fundamental de petición.
- Consulta previa: Se reiteró que este derecho es esencial para las comunidades indígenas, pues les permite participar en decisiones que puedan afectarlas directamente. En este caso, la ANH no identificó a las comunidades potencialmente impactadas y la DANCP omitió certificar la necesidad de consulta previa.
- Debido proceso: La falta de identificación de las comunidades afectadas y la ausencia de consulta previa evidenciaron un incumplimiento de los principios del debido proceso administrativo.
Decisión
La Corte ordenó a la DANCP, en coordinación con la ANH, convocar y adelantar el proceso de consulta previa con la Comunidad Indígena La Unión antes de que avance el proyecto. Asimismo, exhortó a ambas entidades a:
- Realizar procesos de certificación de grupos étnicos de manera articulada con las entidades territoriales.
- Abstenerse de rechazar solicitudes de certificación presentadas directamente por comunidades étnicas.
- Cumplir con los principios de debida diligencia en la identificación de comunidades afectadas por proyectos promovidos por la ANH.
Esta decisión reafirma la primacía del derecho a la consulta previa como una herramienta esencial para proteger los derechos de las comunidades indígenas frente a proyectos de gran impacto. Además, subraya la obligación de las entidades estatales de actuar con transparencia y respeto a los derechos fundamentales en los procesos de desarrollo que involucren territorios ancestrales.
Fuente: corteconstitucional.gov.co
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