Corte Constitucional ordena medidas para mitigar crisis en Centros de Detención Transitoria

La Sala Especial de Seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) Penitenciario, Carcelario y en los Centros de Detención Transitoria (CDT) ha adoptado una serie de medidas urgentes para abordar la grave situación de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad en los CDT, donde se encuentran detenidas por más de las 36 horas permitidas.

En su reciente proceso de seguimiento, la Sala Especial identificó continuas problemáticas de detención, incluyendo altos niveles de hacinamiento, deficiencias en la prestación de servicios de alimentación y salud, así como dificultades en el acceso a la información para los detenidos.

Hacinamiento crítico

Para junio de 2024, la Sala estableció que 22,751 personas estaban detenidas en los Centros de Detención Transitoria, a pesar de que la capacidad máxima de estos centros es de 9,691, resultando en una sobrepoblación de 13,060 personas y un hacinamiento del 135%.

Deficiencias en alimentación

La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) ha sido señalada por la Sala debido a las serias deficiencias en la prestación del servicio de alimentación. Los alimentos no cumplen con los requisitos nutricionales mínimos, y frecuentemente se entregan crudos, en mal estado o fuera de horario. En muchos casos, la alimentación de los detenidos depende exclusivamente de sus familiares, y los detenidos extranjeros en el Centros de Detención Transitoria de Chocontá, Cundinamarca, dependen de la caridad de sus compañeros.

Servicios de salud precarios

La atención médica en los Centros de Detención Transitoria es insuficiente y depende de brigadas de salud ocasionales. En el departamento de Magdalena, por ejemplo, las personas privadas de la libertad no reciben atención por parte de las IPS o EPS, carecen de tratamiento para enfermedades psiquiátricas, y enfrentan problemas constantes de salud como brotes en la piel y sarpullidos, sin traslados para citas médicas debido a la falta de personal y vehículos.

Condiciones inhumanas

La Sala ha denunciado que la detención prolongada en los Centros de Detención Transitoria, excediendo las 36 horas permitidas, constituye una violación a la Constitución y la ley, resultando en condiciones inhumanas de reclusión. Los detenidos no tienen acceso a lugares adecuados para dormir y deben realizar sus necesidades fisiológicas sin instalaciones básicas como lavamanos o duchas. Además, esta situación afecta negativamente su acceso a servicios de salud, sus procesos de defensa y resocialización.

Orden de medidas urgentes

Ante esta situación, la Sala Especial ha ordenado el traslado inmediato, por parte del Instituto Nacional PeniteCentros de Detención Transitorianciario y Carcelario (INPEC) con el apoyo de la Policía y la Fiscalía, de todas las personas privadas de la libertad que permanecen en los Centros de Detención Transitoria en calidad de condenadas hacia los establecimientos de reclusión nacionales. Asimismo, se ha ordenado el traslado de aquellas personas a quienes les haya sido impuesta medida de detención preventiva en el lugar de su residencia o concedida la prisión domiciliaria.

Finalmente, se ha instruido al Ministerio de Justicia, con el apoyo del INPEC y la USPEC, elaborar y ejecutar un plan de deshacinamiento de los Centros de Detención Transitoria a nivel nacional. Este plan deberá incluir la disposición de bienes inmuebles, la ampliación de cupos penitenciarios y carcelarios, y la celebración de convenios interadministrativos entre las entidades territoriales y el INPEC, garantizando que las personas privadas de la libertad no permanezcan más de 36 horas en los CDT.

La Sala ha concluido que los Centros de Detención Transitoria representan una tragedia humanitaria para Colombia, que avergüenza a la República y que no puede permanecer sin atención adecuada.

Fuente: corteconstitucional.gov.co

Otras noticias de actualidad jurídica: Corte Constitucional valora con bajo cumplimiento acciones del Gobierno para mejorar movilidad de comunidades Wayuu

Corte Constitucional valora con bajo cumplimiento acciones del Gobierno para mejorar movilidad de comunidades Wayuu

La Sala Especial de Seguimiento a la sentencia T-302 de 2017 ha valorado en un nivel de cumplimiento bajo las acciones reportadas por el Gobierno nacional para cumplir el objetivo constitucional mínimo cuarto, que busca mejorar la movilidad de las comunidades Wayuu que residen en zonas rurales dispersas. La Sala concluyó que no existe evidencia de un impacto positivo en el goce efectivo de los derechos tutelados a la niñez Wayuu.

En el auto, la Sala reiteró la necesidad del mejoramiento de las vías en los municipios priorizados para garantizar el ejercicio de los derechos establecidos en la Sentencia T-302 de 2017. Además, señaló que la información proporcionada por el Gobierno carecía de consistencia, uniformidad, secuencialidad, precisión y orden en relación con los proyectos planeados, los tiempos de ejecución y las entidades responsables. Estas falencias generan incertidumbres sobre la ubicación geográfica de las vías a priorizar, las comunidades beneficiadas, las fechas de inicio y terminación de las obras, y el número de kilómetros a intervenir en cada tramo.

La Sala destacó que la indefinición en estos aspectos y la falta de cumplimiento de las fechas afecta negativamente los procesos precontractuales y contractuales, impidiendo un impacto concreto en la movilidad de las comunidades. Esto a su vez dificulta la elaboración de reportes basados en índices de goce efectivo de derechos.

En consecuencia, la Sala estableció nuevos parámetros para la presentación de la información, incluyendo un cronograma que contemple un lapso no superior a seis meses para acreditar al menos el 20% de avance físico de cada una de las obras proyectadas. Para verificar los datos reportados en este informe, la Sala solicitó la concurrencia del Ministerio Público.

Asimismo, solicitó a los órganos de control el seguimiento de contratos específicos dirigidos al mejoramiento vial de los cuatro municipios priorizados en la sentencia.

Esta valoración subraya la importancia de la planificación y ejecución efectiva de los proyectos de infraestructura para garantizar los derechos de las comunidades Wayuu y la necesidad de una mayor supervisión y responsabilidad por parte de las entidades involucradas.

Fuente: corteconstitucional.gov.co

Otras noticias de actualidad jurídica: Corte Constitucional protege derechos del Consejo Comunitario de Negritudes Miriam Makeba

Corte Constitucional protege derechos del Consejo Comunitario de Negritudes Miriam Makeba

La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional amparó los derechos al debido proceso administrativo, a la participación y a la diversidad étnica y cultural del Consejo Comunitario de Negritudes Miriam Makeba en la sentencia T-237 de 2024. Esta decisión se tomó luego de comprobar que la Dirección de Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior (DANCP) determinó erróneamente que no procedía la consulta previa para el desarrollo del proyecto de un «parque industrial y/o ambiental para el almacenamiento, tratamiento, reciclaje y valorización de residuos industriales» en la localidad de Membrillal, Cartagena.

Jairo Restrepo, representante legal del Consejo Comunitario, destacó que su comunidad es reconocida como una minoría étnica afrodescendiente con profundas raíces culturales en Membrillal. Restrepo señaló que no se agotaron los actos necesarios para verificar los potenciales impactos ambientales negativos del proyecto sobre su comunidad.

En instancias previas, se había negado el amparo solicitado por la comunidad. Sin embargo, la Corte Constitucional revocó esas decisiones, reiterando que la consulta previa es un derecho fundamental para los pueblos indígenas y tribales. En este caso, se evidenciaron fallas en el procedimiento administrativo de la DANCP, que no investigó adecuadamente si el proyecto afectaría directamente a la comunidad.

La Corte también criticó la falta de coordinación entre el nivel central de la administración y las entidades territoriales. La DANCP no solicitó información a la entidad territorial sobre la presencia e interacción de comunidades étnicas en la zona de influencia del proyecto, ni sobre las actividades económicas, sociales y culturales de la comunidad Miriam Makeba.

Además, se resaltó la ausencia de participación de la comunidad en el proceso administrativo. A pesar de conocer la existencia del Consejo Comunitario de Miriam Makeba, la DANCP no lo incluyó en el trámite de certificación.

Como resultado, la Corte dejó sin efectos la certificación que indicaba que no procedía la consulta previa. Ordenó a la DANCP reiniciar el trámite de certificación del proyecto, asegurando una verificación adecuada sobre la posible afectación directa denunciada por la comunidad, siguiendo los términos establecidos por la jurisprudencia.

Fuente: corteconstitucional.gov.co

Otras noticias de actualidad jurídica: Compromiso interinstitucional para la salud menstrual de mujeres privadas de la libertad en Bogotá

Compromiso interinstitucional para la salud menstrual de mujeres privadas de la libertad en Bogotá

En cumplimiento de la Resolución 1235 de 2024, los ministerios de Justicia y del Derecho, y de Salud y Protección Social, junto con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), firmaron este martes un compromiso con las mujeres privadas de la libertad en la cárcel de mujeres El Buen Pastor de Bogotá. Este acuerdo busca garantizar acciones administrativas, técnicas y financieras para suministrar productos que promocionen su salud y cuidado menstrual.

En el acto, las mujeres privadas de la libertad se comprometieron a ser responsables con su autocuidado y a disponer adecuadamente de los desechos sanitarios, con el fin de garantizar su salud y bienestar.

La ministra de Justicia y del Derecho, Ángela María Buitrago Ruiz, quien estuvo acompañada por el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Camilo Umaña Hernández, destacó la importancia de estas campañas. «Sabemos que estas iniciativas no solo deben implementarse para cumplir con una norma, sino porque es crucial llevar a cabo acciones que dignifiquen a las personas. Agradecemos el apoyo de organismos como el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Organización de las Naciones Unidas, ya que sin su colaboración es más complicado asegurar el respeto a los derechos de la población carcelaria», afirmó la ministra.

El compromiso firmado proyecta realizar al menos 10 capacitaciones similares en distintos establecimientos penitenciarios del país. El objetivo es ofrecer información completa y adecuada sobre la gestión de la salud menstrual de estas mujeres, beneficiando a más de 6.400 privadas de la libertad.

Se busca que estas mujeres comprendan la importancia de una correcta gestión menstrual y los impactos en su salud, bajo los principios de dignidad, igualdad de género, autonomía y no discriminación. Además, se pretende asegurar su acceso a servicios de salud, educación, trabajo, agua y saneamiento.

Fuente: minjusticia.gov.co

Otras noticias de actualidad jurídica: Ecopetrol se convierte en la primera empresa Ancla de Colombia para promover negocios sostenibles

Ecopetrol se convierte en la primera empresa Ancla de Colombia para promover negocios sostenibles

Ecopetrol ha sido nombrada la primera empresa Ancla de Colombia, mediante una estrategia de la Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles del Ministerio de Ambiente, que busca integrar a su cadena de proveedores negocios con procesos productivos sostenibles.

José Perea, jefe de la Oficina de Negocios Verdes, explicó que esta estrategia permite a las grandes empresas fomentar la creación y transformación de organizaciones, impulsando la iniciativa empresarial sostenible y creando redes entre empresarios de pequeña y mediana escala, lo que fortalece las economías locales.

La alianza incluye formación y asistencia técnica a través de la Escuela Emprende con Energía, donde más de 120 emprendedores mejoran sus habilidades en sostenibilidad empresarial, economía circular, cálculo de la huella de carbono y conservación de la biodiversidad.

Ejemplos concretos de esta iniciativa incluyen a Delight Cane S.A.S, que provee a los colaboradores de Ecopetrol en Bogotá con sachets de panela orgánica pulverizada, y la participación de más de 20 negocios verdes en el EcoCafé de Ecopetrol, ofreciendo productos como mermeladas, panela orgánica y snacks saludables.

Ecopetrol también ha obsequiado chocolatinas de Equiori y apoyado eventos como el ‘Mercado Diverso’, donde tres negocios verdes alcanzaron ventas de cinco millones de pesos. Actualmente, Ecopetrol tiene contratos con cinco Negocios Verdes por aproximadamente 98 millones de pesos, en servicios de movilidad sostenible, agua, soluciones agropecuarias, restauración ecológica y reforestación.

El Ministerio de Ambiente destaca la importancia de que grandes compañías promuevan el trabajo cooperativo y acuerdos a largo plazo con economías sostenibles, integrándolas en sus sistemas de abastecimiento y nuevos portafolios de negocios.

Fuente: minambiente.gov.co

Otras noticias de actualidad jurídica: Corte Constitucional ampara derechos de ciudadano y ordena a Colpensiones reconocer pensión de invalidez

Corte Constitucional ampara derechos de ciudadano y ordena a Colpensiones reconocer pensión de invalidez

La Corte Constitucional, a través de su Sala Novena de Revisión, emitió la sentencia T-135 de 2024, en la cual amparó los derechos a la seguridad social, a la vida digna y al mínimo vital de un ciudadano que interpuso una acción de tutela contra Colpensiones, tras la negativa de esta entidad de otorgarle la pensión de invalidez solicitada.

El caso se originó cuando el accionante sufrió un accidente cerebrovascular, siendo calificado por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez con una pérdida de capacidad laboral del 67,99 %. Tras la terminación de su contrato laboral, el hombre inició un proceso ordinario laboral argumentando su situación de debilidad manifiesta. Un juzgado laboral determinó que el empleador había omitido la afiliación a seguridad social en pensiones y ordenó el pago de los aportes correspondientes. Una vez realizados estos pagos, el accionante solicitó a Colpensiones el reconocimiento de su pensión de invalidez, pero esta fue negada.

Colpensiones basó su negativa en la imposibilidad de considerar los periodos pagados por el empleador mediante un cálculo actuarial si dichos pagos se efectuaron después de la fecha de estructuración de la invalidez. En primera instancia, se declaró improcedente el amparo solicitado. No obstante, la Sala Novena de Revisión revocó esta determinación, subrayando la relación estrecha entre la pensión de invalidez y el derecho al mínimo vital, especialmente en casos que involucran a personas en situación de discapacidad.

La Corte reiteró que, conforme a su jurisprudencia, el pago de la reserva actuarial posterior a la fecha de estructuración de la invalidez no impide que los tiempos de servicio afectados por la omisión de afiliación sean considerados al verificar el cumplimiento de la densidad de cotizaciones exigida legalmente.

Asimismo, la Sala llamó la atención a Colpensiones por aplicar un concepto para negar el reconocimiento y pago de pensiones de invalidez, a pesar de que la sentencia T-234 de 2018 indicó que dicho concepto no se ajusta a la ley y desconoce los principios de universalidad, integralidad, unidad y eficiencia del Sistema General de Seguridad Social según la Ley 100 de 1993 y el artículo 48 de la Constitución.

La Corte previno a Colpensiones de imponer requisitos adicionales a los previstos en la ley para el reconocimiento de prestaciones del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones y le ordenó reconocer y pagar la pensión de invalidez al accionante.

Fuente: corteconstitucional.gov.co

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