Ago 14, 2024 | Actualidad Prime
La Corte Constitucional, mediante la sentencia T-204 de 2024, se pronunció sobre una tutela interpuesta por una mujer que, privada de su libertad, solicitó la protección de sus derechos fundamentales a la libertad religiosa, de culto, de conciencia y a la dignidad humana. La acción fue presentada después de que, desde septiembre de 2022, el cuerpo de su hijo fallecido permaneciera en la morgue de Medicina Legal, impidiéndole reclamarlo y darle sepultura debido a la falta de recursos económicos y la negativa de las autoridades a brindarle asistencia para acceder a los servicios funerarios.
La Sala Quinta de Revisión de la Corte declaró la carencia actual de objeto en la tutela, dado que la mujer pudo finalmente sepultar a su hijo en febrero de este año, luego de recuperar su libertad. No obstante, la Corte consideró necesario hacer un pronunciamiento de fondo, ya que identificó que las respuestas y acciones de las entidades demandadas generaron barreras administrativas que afectaron gravemente los derechos fundamentales de la madre.
La Corte señaló que el incumplimiento del deber de un municipio de sepultar a las personas de escasos recursos, basado en deficiencias administrativas y requisitos inalcanzables para los afectados, es contrario al respeto, la dignidad y la libertad religiosa de los ciudadanos. El fallo subraya que impedir o dificultar la realización de los rituales funerarios, que son una parte esencial de la religión y el culto de una persona, constituye una violación del derecho fundamental a la libertad de culto.
En el caso específico, la Sala advirtió que las entidades accionadas incurrieron en acciones y omisiones que dificultaron e impidieron que la solicitante pudiera llevar a cabo el sepelio de su hijo en un tiempo razonable, lo cual afectó profundamente sus derechos.
En consecuencia, la Corte instó a la Alcaldía de Neiva a adoptar medidas para asegurar la provisión oportuna de servicios funerarios gratuitos a personas de escasos recursos. Asimismo, ordenó a la Fiscalía General de la Nación y al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses garantizar la celeridad en los trámites de entrega de cadáveres a sus familiares, evitando futuras vulneraciones de derechos fundamentales.
Fuente: corteconstitucional.gov.co
Ago 13, 2024 | Actualidad Prime
La Corte Constitucional de Colombia ha sentado un precedente significativo en la interacción entre la justicia y la tecnología al emitir la sentencia T-323 de 2024. En esta oportunidad, la Sala Segunda de Revisión resolvió una acción de tutela presentada por la madre de un menor de edad en contra de una EPS, en la que solicitaba la protección de los derechos fundamentales a la salud y a la vida en condiciones dignas para su hijo. La EPS había negado la exoneración del pago de cuotas moderadoras y copagos, la cobertura de los gastos de transporte para asistir a terapias, y la garantía de un tratamiento integral para el niño.
La Corte abordó el caso desde dos ángulos cruciales: primero, la posible vulneración del derecho al debido proceso debido al uso de la inteligencia artificial (IA) por parte del juez de tutela de segunda instancia; segundo, la afectación de los derechos fundamentales del menor.
Uso de Inteligencia Artificial en Decisiones Judiciales
En un análisis detallado sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial en la administración de justicia, la Corte subrayó que, si bien estas tecnologías pueden ser útiles para la gestión administrativa y el apoyo documental, no pueden reemplazar al juez en la toma de decisiones judiciales. El tribunal destacó que el derecho a un juez natural, inherente a la condición humana del juzgador, es esencial en un Estado de Derecho. Además, señaló que la inteligencia artificial no debe influir en la independencia e imparcialidad judicial, ya que el uso de IA podría conllevar a decisiones parcializadas o sesgadas si no se manejan con las debidas precauciones.
Aunque la Corte concluyó que en este caso específico no hubo un reemplazo de la función judicial por parte de la inteligencia artificial, criticó la falta de cumplimiento de los principios de transparencia y responsabilidad en el uso de ChatGPT. Sin embargo, se respetó la privacidad de los datos personales del menor y de las partes involucradas, lo cual fue un aspecto positivo señalado por la Corte.
Protección de los Derechos del Menor
En cuanto a la situación del menor, la Corte concluyó que debía ser exonerado del pago de copagos y cuotas moderadoras, en línea con las leyes que protegen a personas en situación de discapacidad. Además, ordenó a la EPS cubrir los gastos de transporte necesarios para que el niño pueda asistir a sus terapias y consultas médicas, tras evidenciar que la familia se encuentra en situación de pobreza extrema, lo cual impide que puedan costear estos traslados por cuenta propia.
Sobre la solicitud de un tratamiento integral, la Corte determinó que no había evidencia de que la EPS hubiera negado alguna orden médica para la atención del menor, por lo que no se emitieron órdenes adicionales en este aspecto.
Exhortación y Lineamientos para el Uso de IA en la Justicia
La Corte exhortó a los jueces de la República a utilizar con cautela y ética herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT, asegurando que se respeten los derechos fundamentales y se mantenga la independencia judicial. Asimismo, ordenó al Consejo Superior de la Judicatura desarrollar una guía sobre el uso de inteligencia artificial en la Rama Judicial y promover la capacitación en este ámbito, con un enfoque centrado en la protección de derechos.
Esta sentencia marca un hito en la regulación del uso de inteligencia artificial en el sistema de justicia colombiano, estableciendo un equilibrio entre la innovación tecnológica y la salvaguarda de los principios fundamentales del derecho.
Fuente: corteconstitucional.gov.co
Otras noticias de actualidad jurídica: Corte Constitucional reitera garantía de acceso a la información pública y define límites a la protección de datos en las hojas de vida
Ago 12, 2024 | Actualidad Prime
La Corte Constitucional de Colombia, mediante la sentencia T-254 de 2024, reafirmó el derecho de acceso a la información pública y el derecho de petición en un caso que involucraba la solicitud del número de cédula de un exdocente por parte de los padres de una estudiante. La Sala Sexta de Revisión de la Corte revocó los fallos previos y ordenó al colegio en cuestión entregar el número de cédula solicitado, argumentando que este es un dato público que no requiere autorización previa para su divulgación.
En el caso, los padres de la estudiante habían solicitado al colegio no solo el número de cédula del exdocente, sino también información adicional como la dirección de residencia, el número de celular, el correo electrónico, y el lugar de trabajo actual del profesor. El colegio se negó a entregar toda la información, alegando que estaba protegida por las leyes de habeas data y protección de datos personales.
La Corte, sin embargo, estableció una distinción clara entre los diferentes tipos de datos solicitados. La Sala consideró que la dirección de residencia, el número de celular, el correo electrónico, y el lugar de trabajo son datos semiprivados no sensibles, para cuyo acceso se requiere la autorización previa del titular, conforme al artículo 9 de la Ley 1581 de 2012. Por lo tanto, la negativa del colegio en relación con estos datos fue considerada justificada.
No obstante, en lo que respecta al número de cédula, la Corte determinó que este es un dato público que no requiere autorización del titular para ser divulgado, a pesar de estar incluido en la hoja de vida del exdocente. La Corte recordó que, como entidad prestadora del servicio público de educación, el colegio tiene la obligación de garantizar el acceso a la información pública relacionada directamente con el servicio que presta, según lo dispuesto en el literal c) del artículo 5 de la Ley 1581 de 2012.
Adicionalmente, la Corte encontró que el colegio vulneró el derecho de petición al no proporcionar una justificación normativa suficiente para negar la solicitud. La Sala destacó que las organizaciones privadas solo pueden invocar la reserva de información en los casos expresamente establecidos en la Constitución y la ley, conforme al inciso tercero del artículo 32 de la Ley 1437 de 2011.
En consecuencia, la Corte ordenó al colegio proporcionar el número de cédula del exdocente solicitado por los padres, reafirmando así la primacía del derecho de acceso a la información pública en el marco de la normativa vigente.
Fuente: corteconstitucional.gov.co
Otras noticias de actualidad jurídica: Senado impulsa la regulación y promoción de vehículos eléctricos de uso personal urbano
Ago 12, 2024 | Actualidad Prime
El lenguaje jurídico, tradicionalmente conocido por su complejidad y tecnicismos, puede resultar un desafío tanto para profesionales del derecho como para el público en general. Sin embargo, la tendencia hacia la simplificación y la claridad en la comunicación legal está ganando terreno. En este artículo, compartiremos consejos prácticos para lograr un lenguaje jurídico sencillo, que no solo mejorará la comprensión de los textos legales, sino que también optimizará la experiencia del usuario, algo clave en un entorno digital.
¿Por qué es importante un lenguaje jurídico sencillo?
Un lenguaje jurídico claro y accesible es esencial para garantizar que los documentos legales sean comprendidos por todas las partes involucradas, desde clientes hasta jueces y otras instituciones. La simplificación del lenguaje no solo facilita la comprensión, sino que también evita malentendidos y posibles disputas legales.
1. Conoce a tu audiencia
El primer paso para simplificar el lenguaje jurídico es tener en mente a la audiencia. ¿Es un documento destinado a otros abogados, a clientes sin formación legal, o al público en general? Adaptar el tono y la terminología al nivel de conocimiento de la audiencia es fundamental. Si el documento está dirigido a personas sin formación legal, evita jergas y tecnicismos innecesarios.
2. Utiliza oraciones cortas y claras
Las oraciones largas y complejas pueden ser difíciles de seguir. Opta por oraciones cortas y directas. Esto no solo facilita la lectura, sino que también reduce el riesgo de ambigüedades. Cada oración debe expresar una sola idea principal.
3. Elimina el uso de jerga jurídica
El lenguaje especializado es una de las mayores barreras para la comprensión entre abogado y cliente. Aunque algunos términos jurídicos no tienen un equivalente directo en el lenguaje cotidiano, siempre que sea posible, utiliza palabras comunes. Por ejemplo, en lugar de «en virtud de», puedes decir «según» o «de acuerdo con».
4. Define los términos complejos
Cuando el uso de términos legales específicos sea inevitable, asegúrate de definirlos claramente. Incluye una breve explicación o un ejemplo para ilustrar su significado. Esto es especialmente útil en contratos o documentos destinados al público en general.
5. Evita la redundancia
Repetir ideas o frases innecesariamente puede confundir al lector. Revisa el texto para eliminar cualquier redundancia y asegúrate de que cada palabra contribuya al significado general del documento.
6. Usa la voz activa
La voz activa es más directa y fácil de entender que la voz pasiva. Por ejemplo, en lugar de escribir «El contrato será revisado por el abogado», es más claro decir «El abogado revisará el contrato». La voz activa hace que las responsabilidades y acciones sean más claras.
7. Organiza el contenido de manera lógica
La estructura del documento es clave para la claridad. Utiliza subtítulos, listas y numeraciones para organizar la información de manera lógica. Esto ayuda al lector a seguir el flujo del documento y encontrar la información relevante rápidamente.
8. Revisa y edita
La revisión es una parte crucial del proceso de redacción. Después de escribir el documento, tómate el tiempo para revisarlo. Busca errores gramaticales, pero también asegúrate de que el lenguaje sea claro y comprensible. Considera pedir a alguien sin formación legal que lo lea para evaluar su claridad.
9. Incorpora ejemplos prácticos
Incluir ejemplos prácticos puede ayudar a ilustrar conceptos complejos. Los ejemplos permiten a los lectores visualizar cómo se aplica la ley en situaciones concretas, lo que facilita la comprensión.
10. Mantén un tono profesional pero accesible
Aunque el tono debe ser formal, especialmente en documentos legales, no tiene que ser innecesariamente complejo. Un tono profesional pero accesible genera confianza y facilita la comunicación.
La clave para una buena práctica legal
Lograr un lenguaje jurídico sencillo es un desafío que vale la pena asumir. Al aplicar estos consejos prácticos, puedes crear documentos legales más accesibles, claros y efectivos, lo que no solo beneficia a los clientes, sino que también fortalece la calidad de la comunicación en el ámbito legal. Recuerda que un lenguaje claro es clave para una buena práctica legal, y es una tendencia creciente en la redacción jurídica moderna.
Ago 9, 2024 | Actualidad Prime
El Senado de la República ha dado inicio a la nueva legislatura con un proyecto que busca regular y fomentar el uso de vehículos eléctricos de uso personal en áreas urbanas. Reconociendo la necesidad de llenar un vacío legal en esta materia, la propuesta tiene dos objetivos principales: regular el tránsito de estos vehículos y promover su uso como alternativa de movilidad sostenible.
El proyecto, presentado por el senador Julio Alberto Elías Vidal del Partido de la U, introduce varias modificaciones al Código Nacional de Tránsito Terrestre. Estas modificaciones incluyen la fijación de una edad mínima de 16 años para la conducción de estos vehículos, la restricción de su uso exclusivo a zonas urbanas y la obligatoriedad de utilizar la infraestructura destinada a bicicletas cuando esté disponible. También se establecen límites de velocidad específicos: 25 km/h en la ciclo-infraestructura y 40 km/h en vías permitidas. Además, se refuerzan las medidas de seguridad, como el uso obligatorio de casco, dispositivos lumínicos y prendas reflectivas durante la noche.
En cuanto a la promoción de la movilidad sostenible, el proyecto contempla la garantía de importación de repuestos para estos vehículos, la extensión de incentivos laborales para funcionarios públicos que los utilicen, y la realización de campañas de concientización por parte de municipios y distritos. También se establece la promoción de estos vehículos en eventos culturales, particularmente durante la Semana Nacional de la Movilidad Sostenible.
El senador Elías Vidal destacó que la aprobación de esta regulación no solo garantizará la seguridad de los usuarios y peatones, sino que también promoverá una convivencia armónica con otros medios de transporte, contribuyendo a una movilidad urbana más sostenible y segura.
Fuente: senado.gov.co
Otras noticias de actualidad jurídica: Aprobados dos proyectos de ley para la protección de menores en entornos digitales y el mejoramiento de la vivienda rural en Colombia
Ago 8, 2024 | Actualidad Prime
El pasado lunes 5 de agosto, la plenaria del Senado de Colombia dio luz verde a dos importantes proyectos de ley que buscan mejorar la vida de los ciudadanos, particularmente de los menores de edad y de la población rural.
En primer lugar, fue aprobado el proyecto de ley que establece disposiciones para el desarrollo de entornos digitales sanos y seguros para niños, niñas y adolescentes. Este proyecto, que había sido discutido previamente, finalmente avanzó en el Senado tras un debate liderado por la senadora conservadora Soledad Tamayo Tamayo, quien destacó la importancia de generar espacios digitales seguros para los menores. Durante la sesión, se plantearon inquietudes respecto a la inclusión de la orientación sexual como un motivo de discriminación en el articulado, lo cual fue señalado por el senador de la Alianza Verde, Inti Asprilla, quien subrayó la necesidad de abordar todas las formas de discriminación que afectan a los estudiantes.
En segundo lugar, se aprobó el proyecto de ley orientado al mejoramiento del hábitat y la construcción de vivienda de interés social y prioritario rural en el país. La iniciativa, presentada por la senadora Martha Isabel Peralta Epieyú del Pacto Histórico, tiene como objetivo reducir el déficit habitacional en las zonas rurales de Colombia. Con este proyecto, se busca garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna y promover la implementación del Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento de Vivienda de Interés Social Rural.
Ambos proyectos avanzan ahora en su trámite legislativo, con la expectativa de que se conviertan en leyes que impacten positivamente en la vida de los colombianos.
Fuente: senado.gov.co
Otras noticias de actualidad jurídica: Corte Suprema de Justicia ratifica condena por prevaricato contra exfiscal de Barranquilla
