Comisión Séptima de la Cámara aprueba uso parcial de cesantías para emprendimientos femeninos

La Comisión Séptima de la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley que permitiría a las trabajadoras retirar hasta el 50% de sus cesantías con el fin de destinarlas a la creación y fortalecimiento de emprendimientos liderados por mujeres.

La iniciativa busca promover la autonomía económica femenina y dinamizar la generación de empleo en el país, donde, de acuerdo con cifras del Banco Mundial de la Mujer, seis de cada diez nuevos negocios son fundados por mujeres. El proyecto contempla, además, beneficios adicionales como incentivos tributarios, programas de capacitación a través del SENA y acompañamiento empresarial por parte del Gobierno, con especial énfasis en mujeres rurales y pertenecientes a comunidades étnicas.

El debate en la Comisión reflejó posiciones encontradas. Mientras algunos representantes defendieron el uso de las cesantías como capital semilla para proyectos productivos, otros advirtieron que estos recursos cumplen una función esencial como mecanismo de protección frente al desempleo y no deberían destinarse a fines inciertos.

Con esta aprobación, la propuesta avanza a la Plenaria de la Cámara, donde se definirá si las cesantías mantienen su carácter de ahorro laboral exclusivo o si se habilita su utilización como herramienta de financiamiento para emprendimientos femeninos.

Fuente: camara.gov.co

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Cámara de Representantes impulsa actualización del Código Deontológico de Enfermería en Colombia

En respuesta a las problemáticas que enfrenta el personal de enfermería en Colombia, como la sobrecarga laboral, las deficiencias estructurales del sistema y la asignación inadecuada de cargos, se presentó en la Cámara de Representantes un proyecto de ley que busca modernizar la regulación ética de la profesión.

La iniciativa, liderada por la representante Martha Alfonso del partido Alianza Verde, propone derogar la Ley 911 de 2004 y establecer un nuevo Código Deontológico para la enfermería, con el fin de dignificar la labor de quienes trabajan en el cuidado de la salud y la vida de los colombianos.

El proyecto es fruto de un trabajo colaborativo con el Tribunal Nacional Ético de Enfermería, la Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia (ANEC), la Organización Colegial de Enfermería (OCE), la Asociación Colombiana de Facultades de Enfermería (ACOFAEN), así como representantes académicos, jurídicos y estudiantiles del sector.

Entre los objetivos de la propuesta se destacan el fortalecimiento de los principios éticos, la autonomía profesional y la mejora de las condiciones de ejercicio, incorporando disposiciones acordes con los avances y retos actuales del sistema de salud.

Fuente: camara.gov.co

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Proyecto de ley busca garantizar la financiación y sostenibilidad de los sistemas de transporte público en Colombia

En la Cámara de Representantes avanza una iniciativa legislativa que pretende asegurar la operación continua, eficiente y de calidad de los Sistemas Integrados de Transporte Público (SITP), Masivo (SITM), Estratégico (SETP) y Regional (SITR) en el país. El proyecto plantea un modelo de cofinanciación entre la Nación y las entidades territoriales, con el fin de establecer fuentes claras y permanentes de recursos.

La propuesta, liderada por la representante Carolina Arbeláez y respaldada como coautora por la congresista Juliana Aray, surge en respuesta a la crisis financiera que atraviesan estos sistemas, cuyo déficit supera los 6 billones de pesos y que afecta a millones de usuarios en todo el territorio nacional.

En ciudades como Cartagena, donde el sistema Transcaribe enfrenta dificultades para sostener su operación, la iniciativa contempla medidas específicas para evitar un eventual colapso. Entre ellas, se incluye la posibilidad de que el Gobierno Nacional asuma parte del diferencial tarifario, la creación de un fondo de estabilización a nivel territorial, y el acceso a recursos del Presupuesto Nacional para el mantenimiento y expansión de la operación.

El articulado también propone esquemas tarifarios diferenciados para estudiantes, personas en situación de vulnerabilidad y población de bajos ingresos, así como incentivos para la transición hacia tecnologías limpias, en línea con los compromisos ambientales de las ciudades.

Con más de 14 millones de colombianos que dependen diariamente del transporte público, este proyecto de ley se presenta como una herramienta jurídica para garantizar la sostenibilidad de un servicio esencial, aliviar la carga financiera de los entes territoriales y promover una movilidad más equitativa y sostenible en el país.

Fuente: camara.gov.co

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Avanza en el Congreso proyecto de ley para proteger a trabajadores de la economía popular y combatir el “gota a gota”

La Comisión Séptima de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el Proyecto de Ley 450 de 2024, que busca reconocer, fomentar y proteger la economía popular y comunitaria en Colombia. Esta iniciativa surge como respuesta a la precariedad laboral que enfrentan más de 14 millones de personas que subsisten del rebusque diario, sin acceso a seguridad social, garantías laborales ni respaldo institucional.

El proyecto contempla la creación de un Fondo Nacional de Economía Popular, así como mecanismos de acceso a microcréditos formales, seguros, subsidios productivos, empleo digno y participación en compras públicas. Además, prevé el fortalecimiento de capacidades organizativas y técnicas de los trabajadores por cuenta propia, como recicladores, vendedoras informales, tenderos, cocineras comunitarias y artistas callejeros.

Una de las principales problemáticas que pretende abordar la iniciativa es la dependencia de estos sectores del sistema ilegal de préstamos conocido como “gota a gota”, cuyos intereses pueden alcanzar tasas de hasta el 666% para pequeños negocios. Esta práctica ha desencadenado graves consecuencias, incluyendo amenazas, extorsiones y casos de violencia como los registrados recientemente en Ibagué, Neiva y Bogotá.

La aprobación de esta propuesta legislativa representa un avance en el reconocimiento de la economía popular como un pilar fundamental del tejido productivo nacional. El proyecto también incorpora un enfoque territorial y solidario, con el objetivo de promover un modelo de desarrollo más justo e incluyente para los sectores históricamente marginados.

Fuente: camara.gov.co

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Aprobada la «Ley Sarita», una norma que agiliza la entrega de cuotas alimentarias a menores en procesos judiciales

La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en su último debate el proyecto de ley conocido como «Ley Sarita», una iniciativa legislativa que busca garantizar la entrega anticipada y oportuna de las cuotas alimentarias embargadas a favor de niñas, niños y adolescentes, sin necesidad de esperar la finalización de largos procesos judiciales.

El proyecto, impulsado por la senadora Liliana Bitar del Partido Conservador, responde a una problemática que afecta a miles de menores en Colombia: actualmente, cuando un juez embarga el salario o pensión de un padre por incumplimiento en el pago de alimentos, el dinero puede permanecer congelado en el Banco Agrario durante años, mientras se resuelve el proceso, afectando directamente el sustento de los menores.

La nueva normativa modifica el Código General del Proceso para incluir un nuevo artículo, el 397A, y también introduce ajustes al artículo 447. Estas reformas establecen un procedimiento especial que ordena a los jueces de familia entregar sin dilaciones los dineros embargados cuando se trata de cuotas alimentarias en favor de menores de edad.

La ley toma su nombre del caso de Sara Guiselle, una niña con múltiples discapacidades cuya historia fue conocida a través del consultorio jurídico de la Universidad Militar Nueva Granada. Durante más de año y medio, Sarita no pudo acceder a los recursos económicos embargados a su padre, a pesar de sus urgentes necesidades médicas y personales. Este caso inspiró el desarrollo de la ley, que busca evitar que situaciones similares se repitan.

Con esta aprobación, la ‘Ley Sarita’ culmina su trámite legislativo y queda pendiente de la sanción presidencial para entrar en vigencia. Se estima que la norma impactará positivamente más de 55.000 procesos de alimentos activos en el país, permitiendo que los menores beneficiarios accedan de forma más ágil y efectiva a sus derechos.

Fuente: senado.gov.co

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