May 10, 2024 | Actualidad Prime
Según el más reciente informe del Programa Mundial de Alimentos, una preocupante realidad emerge en Colombia: aproximadamente el 30% de la población enfrenta una situación de inseguridad alimentaria moderada y severa. Este panorama desafiante, que afecta a más de 15 millones de personas en el país, ha impulsado acciones legislativas con el propósito de abordar esta crisis humanitaria.
En la Comisión Séptima del Congreso de la República, la representante del Partido Verde por el Tolima, Martha Alfonso, presentó argumentos contundentes respaldando el proyecto de ley que busca establecer el Sistema Nacional para la Garantía Progresiva del Derecho Humano a la Alimentación. Este proyecto pretende crear una nueva estructura institucional y normativa que asegure una gobernanza alimentaria basada en los derechos humanos, otorgando una participación más amplia y genuina a los ciudadanos en la toma de decisiones.
La propuesta contempla la reestructuración de la actual Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CISAN), transformándola en el Consejo Nacional para la Garantía Progresiva del Derecho a la Alimentación y Nutrición Adecuadas, con el fin de fortalecer su alcance y funciones. Además, se prevé la creación de consejos territoriales a nivel departamental y municipal, con atribuciones similares para abordar de manera específica las necesidades alimentarias locales.
Entre las medidas incluidas en este proyecto se destacan acciones orientadas a mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en materia de seguridad alimentaria, así como el monitoreo continuo de la política pública en este ámbito. Asimismo, se promueve activamente la adopción de hábitos alimentarios saludables y sostenibles para enfrentar los desafíos presentes y futuros relacionados con la alimentación.
Fuente: camara.gov.co
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Mar 18, 2024 | Actualidad Prime
En respuesta al cumplimiento bajo de una de las órdenes destinadas a superar el estado de cosas inconstitucional en la población infantil Wayúu del departamento de La Guajira, la Corte Constitucional ha convocado a una sesión técnica para abordar la situación. La orden en cuestión tiene como objetivo garantizar la imparcialidad y transparencia en la asignación de beneficios y contratos para intervenciones estatales en la mencionada población.
La Sala Especial de Seguimiento determinó que no se ha establecido una ruta eficaz para reportar la información financiera de manera oportuna y adecuada. Asimismo, se ha señalado la ausencia de un sistema de información que facilite la verificación de las prácticas de las autoridades encargadas de cumplir la sentencia T-302 de 2017, así como la detección de prácticas ilegales por parte de los órganos de vigilancia.
Además, se ha destacado la falta de estrategias para enfrentar el incumplimiento y la falta de consciencia por parte de las entidades respecto a su deber de reportar información solicitada. La Corte también ha señalado la carencia de soluciones claras para los obstáculos que enfrentan los órganos de control e investigación en su labor.
Ante este panorama, la Corte ha ordenado a varias entidades gubernamentales y municipales presentar un protocolo que asegure la aplicación de buenas prácticas administrativas en los procesos contractuales y financieros.
En este contexto, se ha convocado a una sesión técnica que se llevará a cabo el próximo 15 de abril, dirigida a discutir las soluciones propuestas por las entidades obligadas al cumplimiento de los objetivos establecidos, así como por aquellas encargadas de la vigilancia y control administrativo y financiero. La sesión abordará cuatro ejes temáticos, incluyendo estrategias para corregir prácticas inconstitucionales, mejorar la información sobre la distribución y ejecución de recursos, así como para fortalecer el control y vigilancia de las entidades responsables.
Se espera que esta sesión, que será transmitida por las redes sociales de la Corte, proporcione un espacio crucial para abordar los desafíos y encontrar soluciones efectivas para garantizar la protección de la población infantil Wayúu y el cumplimiento de las obligaciones constitucionales.
Fuente: corteconstitucional.gov.co
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Oct 6, 2023 | Actualidad Prime
En el segundo debate de la plenaria del Senado se aprobó el Acto Legislativo número 004 de 2022, que tiene como propósito modificar el artículo 65 de la Constitución Política de Colombia para establecer el derecho a una alimentación adecuada. Por consiguiente, continuará su trámite ante la Cámara de Representantes, donde será objeto de otros dos debates antes del 16 de diciembre, fecha en que se cierran las sesiones ordinarias.
El senador Alfredo Deluque, miembro del Partido de La U, actuó como ponente del proyecto y explicó que el término «alimentación adecuada» abarca una nutrición completa y equilibrada, que se presenta de manera accesible y adecuada en términos de calidad.
Es importante destacar que durante las discusiones en la Comisión Primera del Senado, se consideró el impacto fiscal del proyecto para cumplir con las normas fiscales vigentes, según lo enfatizó el senador Humberto de la Calle Lombana.
Por su parte, el senador Deluque también mencionó que la reforma tuvo en cuenta las tradiciones alimenticias de las diferentes regiones de Colombia, y se introdujo el concepto de «soberanía alimentaria», que según él, es una novedad.
Debido a que se trata de una reforma a la Constitución, el proyecto requerirá un total de ocho votaciones para su aprobación final.
Fuente: senado.gov.co
