La Corte Constitucional respaldó el derecho de acceso a la información pública de un periodista, ordenando a la Universidad Nacional proporcionar datos académicos de funcionarios y exfuncionarios. La Corte consideró que la información solicitada es de interés público y relevante para el control social.

La Corte Constitucional amparó los derechos de una mujer de 84 años y ordenó a Colpensiones reconocerle la pensión de sobreviviente, tras una negativa basada en sesgos discriminatorios sobre la convivencia con su compañero fallecido. La Corte destacó la importancia de aplicar un enfoque diferencial e interseccional al caso, considerando la avanzada edad y las dificultades de movilidad de la accionante, y advirtió que la prestación solo podrá ser revocada en caso de fraude pensional comprobado.

La Corte Constitucional falló a favor de una mujer de 90 años que dependía económicamente de los saldos de la cuenta de pensiones de su hija fallecida. La decisión aclaró que las administradoras de fondos de pensiones no pueden exigir requisitos adicionales, como el fallo de un juicio de sucesión, para la devolución de dichos montos, reafirmando la protección especial a las personas mayores y garantizando sus derechos fundamentales según la Ley 100 de 1993.

La Superintendencia Nacional de Salud emitió nuevas directrices para garantizar la devolución de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) en procesos de liquidación, reforzando la transparencia y control sobre los fondos del sector salud.

El Ministerio de Hacienda radicó ante el Congreso el Proyecto de Ley de Financiamiento con el objetivo de recaudar $12 billones, reducir gradualmente la tarifa de renta corporativa, incentivar sectores como el turismo y las energías limpias, y fomentar la transición energética. Además, incluye medidas como el aumento del impuesto al carbono y ajustes en impuestos a patrimonio y ganancias ocasionales, todo ello con miras a fortalecer las finanzas públicas y promover un desarrollo económico sostenible a partir de 2025.

Corte Constitucional amparó los derechos de contratistas en situación de vulnerabilidad por salud, reafirmando el derecho a la estabilidad ocupacional reforzada. Ordenó la renovación de contratos y el pago de indemnizaciones por despidos discriminatorios, extendiendo esta protección a personas con contratos de prestación de servicios, y subrayando la importancia de un enfoque de género para combatir desigualdades estructurales en el ámbito laboral.