Sep 12, 2024 | Actualidad Prime
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público radicó ante el Congreso de la República el Proyecto de Ley de Financiamiento, una ambiciosa iniciativa que busca generar un recaudo de $12 billones con el fin de impulsar la reactivación económica, fomentar la transición energética y fortalecer las finanzas públicas. Este proyecto, que se enmarca dentro del artículo 347 de la Constitución, está orientado a financiar la inversión en 2025 y proyectar estabilidad fiscal a partir de 2026.
Entre las medidas más destacadas se encuentra la reducción progresiva de la tarifa de renta para personas jurídicas, que actualmente es del 35%, permitiendo que a partir de 2025 se aplique una tarifa del 27% para aquellas empresas con rentas líquidas gravables de hasta 6.285 UVT (unos $296 millones), beneficiando al 91% de las empresas del país. Además, sectores estratégicos como el turismo y las energías limpias recibirán importantes incentivos tributarios, como la exención del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para los servicios hoteleros en municipios de menos de 200.000 habitantes, impactando positivamente a 1.089 localidades.
Asimismo, el proyecto contempla estímulos para la transición energética, destacándose la creación de un Bono de Transición Energética, que incentivará la inversión en energías renovables. Este bono será negociable en el mercado, ampliando la capacidad de generación de energías limpias en el país. Adicionalmente, se mantiene la tarifa de IVA reducida del 5% para vehículos eléctricos y se extiende por cinco años la reducción del IVA en la renovación del parque automotor de transporte público, priorizando los vehículos no contaminantes.
En términos de recaudación, se proponen ajustes en varios impuestos, como el aumento de la tasa mínima de tributación de renta para ciertos sectores del 15% al 20%, y un incremento en la tarifa de ganancias ocasionales del 15% al 20%, que será mayor para rifas y apuestas, pasando del 20% al 25%. También se amplía el impuesto al patrimonio, que se aplicará a partir de 40.000 UVT (unos $1.883 millones), con énfasis en activos fijos no productivos.
Finalmente, el proyecto incluye medidas para fortalecer la acción climática mediante el aumento del impuesto al carbono, que pasará de $25.000 a $75.000 por tonelada de CO2, destinando estos recursos a financiar iniciativas ambientalmente sostenibles. Además, se adelanta el cumplimiento de la Regla Fiscal de 2026 a 2025 e incorpora la Regla Fiscal Verde para acceder a créditos destinados a proyectos sostenibles.
Fuente: minhacienda.gov.co
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Jun 13, 2024 | Actualidad Prime
La Comisión Tercera del Senado aprobó por unanimidad el Proyecto de Ley que modifica parcialmente la Ley 056 de 1981, relacionada con las compensaciones del impuesto predial complementario para las empresas generadoras de energía eléctrica. La iniciativa, liderada por el senador Efraín Cepeda del Partido Conservador, ahora se encamina hacia su segundo debate.
Los argumentos de la iniciativa se centran en la necesidad de construir obras públicas en municipios como Guatapé y El Peñol, en Antioquia, que han sido afectados por inundaciones. Se busca así generar mayores ingresos para estos municipios, alineados con sus Planes de Desarrollo.
El senador Efraín Cepeda destacó que el proyecto mantiene la estructura fundamental de la Ley 056 de 1981, enfocada en normas sobre obras públicas y la movilización parcial de elementos del impuesto predial compensado.
El senador Juan Pablo Garcés, del Partido de la U, mostró su apoyo al proyecto, aunque señaló la importancia de buscar mecanismos para reducir las tarifas. También abogó por la creación de una subcomisión que revise el texto antes de su segundo debate.
El senador Antonio Zabaraín, del Partido Cambio Radical, hizo un llamado a regular las hidroeléctricas, que llevan 43 años generando energía con altos beneficios y impuestos congelados. Solicitó que en la próxima legislatura se forme una Comisión Accidental para estudiar este tema y establecer tarifas razonables en beneficio de los consumidores.
Por su parte, el senador Mauricio Gómez Amín, del Partido Liberal, resaltó que los estratos uno, dos y tres de la región Caribe de Colombia han sido afectados durante años por el deficiente servicio de energía eléctrica. Subrayó la necesidad de soluciones definitivas a este problema y la importancia de que el proyecto de ley amplíe sus beneficios de compensación, haciendo las tarifas menos onerosas.
El proyecto de ley avanza así en su camino legislativo, con la esperanza de traer cambios significativos tanto en la infraestructura pública de los municipios afectados como en la regulación de las tarifas eléctricas en Colombia.
Fuente: senado.gov.co
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Abr 16, 2024 | Actualidad Prime
El Consejo de Estado resolvió el recurso de apelación en el caso Acerías Paz del Río vs. Municipio de Nobsa, al declarar la nulidad de los actos administrativos que determinaban el valor del impuesto de alumbrado público que la empresa siderúrgica debía pagar entre los años 2015 y 2017.
La disputa se originó cuando la Secretaría de Hacienda de Nobsa determinó directamente el monto del impuesto, lo que llevó a Acerías Paz del Río a presentar una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. La empresa argumentó que la responsabilidad del recaudo recaía en la empresa comercializadora del servicio de energía, en calidad de agente retenedor, y que cualquier acción debía dirigirse exclusivamente contra dicho agente.
El Consejo de Estado respaldó este argumento al declarar la nulidad de los actos administrativos, afirmando que en situaciones donde el agente retenedor asume la responsabilidad del recaudo del tributo, la administración no puede actuar directamente contra el contribuyente. En este caso, el municipio solo podía exigir el cumplimiento de la obligación a la empresa prestadora del servicio público de energía eléctrica, que actuaba como agente retenedor, y no a Acerías Paz del Río, el sujeto pasivo del impuesto.
Esta decisión establece un importante precedente en cuanto a la distribución de responsabilidades en el recaudo de impuestos municipales, enfatizando la necesidad de que las acciones administrativas se dirijan correctamente hacia los agentes retenedores, en lugar de los contribuyentes finales.
Fuente: cortesuprema.gov.co
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Feb 15, 2024 | Actualidad Prime
Con el objetivo de mejorar la gestión de los recursos ambientales y organizar el gasto en este ámbito, la representante del Partido de la U, Saray Robayo, ha promovido la creación de un «Marco Fiscal de Mediano Plazo Verde». La iniciativa tiene como finalidad consolidar proyectos con una perspectiva ambiental, y se basa en la estructura del Marco Fiscal de Mediano Plazo, un documento que detalla proyecciones macroeconómicas y fiscales para las siguientes vigencias fiscales, centrado en los resultados y propósitos de la política fiscal.
De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, esta propuesta permitiría tener una perspectiva diferencial en materia ambiental, según lo expresado por Robayo durante el vigesimosexto Congreso de Tesorería de Asobancaria en Cartagena. La congresista sostiene que la herramienta no solo contribuirá a la reactivación económica en 2024, sino que también garantizará la eficiencia en la ejecución de los recursos ambientales del país.
Robayo subraya la importancia de controlar el gasto de manera responsable, evitando afectar la sostenibilidad de los ecosistemas estratégicos de Colombia. La iniciativa cuenta con el respaldo de la representante María del Mar Pizarro, quien ha abogado previamente por la necesidad de analizar la regla fiscal en el país.
En una audiencia pública sobre este tema, Andrés Velasco, director técnico del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), enfatizó que Colombia necesita un «marco fiscal de mediano plazo verde» con una matriz de financiamiento basada en gastos e ingresos estructurales.
La propuesta busca priorizar los recursos para el medio ambiente, con el objetivo de preservar los ecosistemas estratégicos de Colombia. Se espera que la iniciativa sea objeto de discusión en el Congreso de la República en los próximos meses.
Fuente: camara.gov.co
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Ene 4, 2024 | Actualidad Prime
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público ha emitido el Decreto 2277 del 2023, que reglamenta el artículo 130 del Estatuto Tributario Nacional, otorgando una exclusión del Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) a productos elaborados por personas privadas de la libertad como parte de sus procesos de resocialización. Esta medida también abarca todo lo comercializado en los expendios dentro de las cárceles.
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