El Ministerio de Justicia lanza en Buenaventura la estrategia “Zonas de Paz y Esperanza”

Con el objetivo de promover entornos seguros y reducir la vulnerabilidad asociada a los mercados locales de drogas, el Ministerio de Justicia y del Derecho presentó en Buenaventura la estrategia «Zonas de Paz y Esperanza». Esta iniciativa busca transformar los territorios priorizados mediante acciones integrales en justicia, convivencia y seguridad.

El evento, que tuvo lugar en las instalaciones de Comfamar, reunió a más de 120 jóvenes de distintas comunidades del municipio. Durante la jornada, se realizaron talleres orientados a la construcción de paz, el fortalecimiento de liderazgos y el diálogo intercultural. Estas actividades fueron lideradas por la Biblioteca Nacional de Colombia y Partners Colombia, con el objetivo de fomentar una cultura de paz y fortalecer los lazos comunitarios.

En su intervención, la ministra de Justicia y del Derecho, Ángela María Buitrago Ruiz, señaló la importancia del rol juvenil en los procesos de transformación social. “Al hablar y dialogar, se están escuchando, y escuchar al otro es el primer paso para construir juntos”, afirmó, destacando la necesidad de herramientas prácticas para la resolución de conflictos y la gestión de riesgos.

Componentes de la estrategia

La estrategia «Zonas de Paz y Esperanza» abarca varias líneas de acción:

  1. Fortalecimiento institucional: Busca la articulación de actores como alcaldías, gobernaciones, Policía Nacional y organizaciones sociales para garantizar una presencia efectiva en los territorios.
  2. Proyectos productivos: Promueve alternativas económicas sostenibles en comunidades impactadas por economías ilícitas.
  3. Resolución de conflictos: Impulsa métodos como la mediación comunitaria, la conciliación en equidad y la formación de promotores de paz.

El evento también contó con la participación de representantes de la Alcaldía de Buenaventura, la Secretaría de Paz del Valle del Cauca y organismos internacionales como UNICEF.

Buenaventura como territorio piloto

La elección de Buenaventura como punto de partida responde a los altos índices de violencia y la incidencia de economías ilícitas en el municipio, así como al potencial de sus comunidades para liderar procesos de cambio. Las actividades continuarán el 16 de diciembre con talleres y reuniones interinstitucionales destinadas a definir acciones concretas para garantizar la sostenibilidad de la estrategia.

Con esta iniciativa, el Ministerio de Justicia busca articular esfuerzos con comunidades, instituciones locales e internacionales y el sector privado para fomentar entornos de paz, justicia y oportunidades en las regiones más vulnerables del país.

Fuente: minjusticia.gov.co

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Compromiso interinstitucional para la salud menstrual de mujeres privadas de la libertad en Bogotá

En cumplimiento de la Resolución 1235 de 2024, los ministerios de Justicia y del Derecho, y de Salud y Protección Social, junto con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), firmaron este martes un compromiso con las mujeres privadas de la libertad en la cárcel de mujeres El Buen Pastor de Bogotá. Este acuerdo busca garantizar acciones administrativas, técnicas y financieras para suministrar productos que promocionen su salud y cuidado menstrual.

En el acto, las mujeres privadas de la libertad se comprometieron a ser responsables con su autocuidado y a disponer adecuadamente de los desechos sanitarios, con el fin de garantizar su salud y bienestar.

La ministra de Justicia y del Derecho, Ángela María Buitrago Ruiz, quien estuvo acompañada por el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Camilo Umaña Hernández, destacó la importancia de estas campañas. «Sabemos que estas iniciativas no solo deben implementarse para cumplir con una norma, sino porque es crucial llevar a cabo acciones que dignifiquen a las personas. Agradecemos el apoyo de organismos como el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Organización de las Naciones Unidas, ya que sin su colaboración es más complicado asegurar el respeto a los derechos de la población carcelaria», afirmó la ministra.

El compromiso firmado proyecta realizar al menos 10 capacitaciones similares en distintos establecimientos penitenciarios del país. El objetivo es ofrecer información completa y adecuada sobre la gestión de la salud menstrual de estas mujeres, beneficiando a más de 6.400 privadas de la libertad.

Se busca que estas mujeres comprendan la importancia de una correcta gestión menstrual y los impactos en su salud, bajo los principios de dignidad, igualdad de género, autonomía y no discriminación. Además, se pretende asegurar su acceso a servicios de salud, educación, trabajo, agua y saneamiento.

Fuente: minjusticia.gov.co

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Colombia ratifica el Tratado de Medellín para la cooperación jurídica internacional

En un importante avance para la justicia digital, Colombia ha ratificado el Tratado relativo a la transmisión electrónica de solicitudes de cooperación jurídica internacional entre autoridades centrales, conocido como el «Tratado de Medellín». Este tratado, promovido por la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB), ha sido adoptado por varios países de la Comunidad Iberoamericana.

El Ministro de Justicia, Néstor Osuna, quien también coordina la COMJIB a nivel nacional, celebró la ratificación del tratado, destacando su relevancia en el contexto actual donde la digitalización de la justicia es una prioridad del Gobierno. «Esta es sin duda una gran noticia para Colombia, en tiempos en los que la virtualidad se impuso y en los que la digitalización de la justicia se ha convertido en una de las banderas del Gobierno nacional», afirmó Osuna.

El tratado se basa en la plataforma electrónica Iber@, operativa desde 2020, que facilita la transmisión segura y confidencial de solicitudes de cooperación jurídica entre los países miembros de la COMJIB. Iber@ asegura la validez legal de los documentos transmitidos electrónicamente y elimina la necesidad de envíos físicos, agilizando los trámites y mejorando la eficiencia de los procedimientos judiciales.

La ratificación del Tratado de Medellín permitirá a Colombia acelerar la cooperación jurídica internacional, haciendo más eficaces los procesos y garantizando una justicia más rápida y accesible. Con esta adhesión, Colombia se convierte en el duodécimo país en ratificar el tratado, uniéndose a Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, España, Portugal, Paraguay y Uruguay. Los restantes países de COMJIB están en proceso de ratificación.

El tratado entró en vigor para Colombia este 15 de mayo, y representa un importante avance en la optimización de recursos económicos, humanos y ambientales en el ámbito judicial.

Fuente: minjusticia.gov.co

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Estudio revela medidas para una justicia restaurativa en casos de violencias basadas en género y prejuicio en Colombia

En la semana conmemorativa del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto, el Observatorio de Justicia Transicional de Colombia, bajo la Dirección de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia y del Derecho, ha presentado su estudio «Transiciones justas en clave restaurativa: Medidas y sanciones restaurativas en casos de violencias basadas en género y violencias por prejuicio».

El informe examina la concepción, diseño e implementación de enfoques de género y la perspectiva interseccional en la justicia restaurativa para casos de violencias basadas en género y prejuicio. Propone cerca de 20 buenas prácticas tanto para autoridades judiciales como para entidades del ejecutivo, con roles en la Justicia Transicional Restaurativa en Colombia.

Los resultados del estudio han sido compartidos con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en un esfuerzo por respaldar y contribuir técnicamente a su labor fundamental.

Mariana Ardila, Directora de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia y del Derecho, enfatiza: «El momento de la justicia transicional restaurativa para las más de 35 mil víctimas de diferentes tipos de violencias de género y violencias por prejuicio registradas en la JEP es ahora.»

El lanzamiento de este estudio busca enriquecer el debate sobre cómo diseñar e implementar medidas que contribuyan efectivamente a reparar y restaurar los profundos daños causados por estas violencias.

Las recomendaciones se centran en acciones que contribuyan a prevenir la violencia basada en género y el prejuicio, así como en transformar las condiciones estructurales que perpetúan la exclusión y discriminación. Además, destacan la importancia de garantizar la participación y seguridad de las víctimas en el proceso, así como el cuidado de su salud mental y emocional.

El estudio contó con la participación de diversas organizaciones sociales, funcionarios de la JEP, académicos y expertos internacionales en justicia transicional y restaurativa, así como representantes de mujeres y personas LGBTIQ+ víctimas del conflicto armado. Fue realizado bajo la consultoría de la Fundación APG, Paz y Reconciliación.

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Se declara emergencia carcelaria en respuesta a ola de violencia en prisiones del país

El Gobierno Nacional ha declarado emergencia carcelaria en respuesta a la reciente ola de homicidios, atentados y amenazas contra el personal de guardia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en varias cárceles del país.

La decisión fue tomada durante la Sesión del Consejo Directivo del Inpec, con la participación de autoridades como el viceministro de Política Criminal y la vicefiscal. La emergencia busca salvaguardar la vida y seguridad del personal penitenciario frente a actos criminales, posiblemente represalias de organizaciones delictivas.

Se implementarán medidas, incluyendo traslados presupuestales, contratación directa de recursos y apoyo adicional de la fuerza pública para reforzar la vigilancia en las cárceles. También se contempla la posibilidad de suspender o reemplazar al personal en situaciones especiales y regular las visitas presenciales.

La decisión se fundamenta en el aumento del 41% en casos de extorsión y un incremento del 100% en incidentes de seguridad relacionados con el personal penitenciario respecto al año anterior. La Fiscalía General trabaja para desarticular la banda «La Inmaculada» en Tuluá, Valle.

El ministro de Justicia anunció medidas adicionales, como una «prima de la vida asistida» para los trabajadores del Inpec y la exploración de un seguro de vida. Esta es la cuarta emergencia carcelaria en Colombia, con el Gobierno reafirmando su compromiso con la seguridad en el sistema penitenciario.

Fuente: minjusticia.gov.co

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