Dic 2, 2024 | Actualidad Prime
La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional emitió la sentencia T-410 de 2024, destacando la importancia de garantizar los derechos de las personas en condiciones de vulnerabilidad dentro de los procesos de restitución de tierras, previstos en la Ley 1448 de 2011.
El caso se originó en una acción de tutela interpuesta por dos personas que se opusieron a la restitución de unos terrenos que habían sido vendidos por una mujer bajo presión económica, producto de la necesidad de liberar a familiares secuestrados. Aunque los jueces de restitución ordenaron la devolución de los predios a la mujer, los accionantes argumentaron que la decisión no consideraba su situación de vulnerabilidad socioeconómica, incluyendo problemas de salud y falta de acceso a vivienda digna.
La Corte Constitucional, tras analizar el caso, reiteró que la Ley 1448 establece presunciones de despojo que deben ser desvirtuadas por quienes se oponen a la restitución. Sin embargo, subrayó la necesidad de flexibilizar el estándar de buena fe exenta de culpa cuando se trata de personas que acreditan condiciones de vulnerabilidad relacionadas con el acceso a la tierra, vivienda digna o subsistencia agraria. Este enfoque sigue los lineamientos establecidos en la sentencia C-330 de 2016, que priorizan la protección de derechos fundamentales en contextos de desigualdad.
En el caso concreto, aunque la Corte concluyó que la sentencia del tribunal de restitución no vulneró los derechos fundamentales de los accionantes, sí identificó una violación a los derechos de una de las opositoras debido a que la entrega del inmueble se ordenó sin atender a su situación de extrema vulnerabilidad. Ante esta omisión, la Corte ordenó al tribunal revisar si la accionante puede ser reconocida como segunda ocupante y adoptar medidas para proteger su acceso a vivienda.
Adicionalmente, se instruyó a la Unidad de Víctimas y a la Agencia Nacional de Tierras para que estudien el caso de la accionante con miras a incluirla en el Registro de Sujetos de Ordenamiento y brindarle apoyo en su acceso a tierras, ya sea a través de su retorno o mediante un eventual proceso de restitución.
Fuente: corteconstitucional.gov.co
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May 13, 2024 | Actualidad Prime
La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional ha emitido la sentencia T-120 de 2024, en la cual ampara los derechos al debido proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia de un ciudadano víctima del conflicto armado en Colombia. Este fallo responde al caso de un individuo cuya sentencia de restitución de tierras a favor, dictada en 2018, aún no se ha materializado.
El accionante ha expresado que su núcleo familiar ha sufrido significativamente mientras espera que se cumplan las órdenes impartidas en el fallo judicial. Trágicamente, su esposa, también beneficiaria del proceso de restitución, falleció sin haber recibido la reparación del Estado.
La Corte Constitucional ha recordado que la restitución de tierras es un compromiso fundamental del Estado con las millones de víctimas en el país, requiriendo esfuerzos institucionales y presupuestales que aún no se han concretado completamente, lo que se enmarca en un estado de cosas inconstitucional.
Enfatizando la congestión significativa en la jurisdicción especializada en restitución de tierras, la Corte ha destacado que esto impacta inevitablemente en la etapa posfallo, prolongando el cumplimiento de las órdenes judiciales de compensación hasta por más de tres años.
Para la Sala, el incumplimiento de las órdenes judiciales representa una afrenta al Estado de derecho y a las expectativas de justicia de las víctimas del conflicto armado. Los obstáculos afectan severamente los derechos fundamentales de los beneficiarios de la restitución de tierras, quienes son la razón de ser de la Ley 1448 de 2011.
En respuesta a este caso, la Sala Tercera ha ordenado al Tribunal Superior de Cartagena que realice un seguimiento efectivo e integral al cumplimiento de las órdenes judiciales, con un plazo máximo de seis meses para completar la orden de compensación, ya sea en dinero o en un predio equivalente.
Además, se ha dispuesto que la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) y la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (Unidad de Restitución de Tierras) elaboren conjuntamente un manual o protocolo de acción para consolidar espacios interinstitucionales de trabajo con otras entidades involucradas en la política de restitución de tierras y en el cumplimiento de las sentencias correspondientes.
Finalmente, la Corte ha reiterado al Consejo Superior de la Judicatura la necesidad de tomar medidas correctivas ante los altos niveles de congestión que enfrentan los distintos juzgados y tribunales especializados en restitución de tierras. Esta decisión busca garantizar una pronta y efectiva restitución de derechos a las víctimas del conflicto armado en Colombia.
Fuente: corteconstitucional.gov.co
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Ene 18, 2024 | Actualidad Prime
En busca de fortalecer la prestación de servicios judiciales y asegurar el respeto a los derechos de las víctimas del conflicto armado en Colombia, el Consejo Superior de la Judicatura ha anunciado la creación de cinco Juzgados Civiles del Circuito especializados en restitución de tierras con enfoque étnico.
La decisión, motivada por el compromiso de brindar acceso efectivo a la verdad, justicia y reparación, con la garantía de no repetición, busca abordar de manera específica los procesos judiciales relacionados con los derechos territoriales colectivos de las comunidades étnicas afectadas por el conflicto.
Estos juzgados estarán dedicados a la resolución de los procesos vinculados a las rutas colectivas en los circuitos judiciales de Apartadó, Mocoa, Popayán y Quibdó, con el objetivo de agilizar y garantizar la efectividad en la restitución de tierras, así como proteger los derechos fundamentales de las comunidades étnicas históricamente afectadas por desplazamientos forzados y conflictos territoriales.
La creación de estos juzgados especializados representa un paso significativo hacia una justicia más adaptada a las particularidades étnicas de las comunidades afectadas. Además, se espera que contribuya sustancialmente a la reconciliación y la construcción de la paz en el país.
Este anuncio refleja el compromiso continuo del sistema judicial colombiano con la protección de los derechos humanos y la búsqueda de soluciones justas para las víctimas del conflicto armado. La comunidad jurídica y la sociedad en general esperan que estos juzgados especializados desempeñen un papel destacado en la construcción de un futuro más equitativo y justo para todas las comunidades afectadas.
Fuente: ramajudicial.gov.co
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