Ene 30, 2026 | Actualidad Prime
El Senado de la República avanza en la discusión de un proyecto de ley que busca modernizar las reglas de la actividad política en Colombia, mediante una reforma a la Ley 1475 de 2011. La iniciativa responde a la necesidad de actualizar el marco normativo electoral frente a los retos actuales del sistema democrático y a las crecientes exigencias ciudadanas en materia de transparencia y equidad.
Uno de los ejes centrales del proyecto es la obligatoriedad de los debates públicos para quienes aspiren a cargos de elección popular de mayor relevancia, como la Presidencia de la República, las gobernaciones y las alcaldías. Con esta medida se pretende garantizar que los electores puedan conocer directamente las propuestas de los candidatos y fomentar una deliberación pública más abierta y participativa.
La iniciativa también plantea un fortalecimiento de los mecanismos de rendición de cuentas de las campañas, con controles más estrictos sobre el origen y destino de los recursos. El objetivo es mejorar la trazabilidad del financiamiento político y reducir los riesgos de irregularidades que afecten la confianza en los procesos electorales.
En materia de acceso a medios, el proyecto propone una redistribución de los espacios gratuitos en televisión, organizándolos en bloques al inicio, durante el desarrollo y al cierre de las campañas. Esta estrategia busca equilibrar la visibilidad de los partidos y movimientos políticos, de modo que la difusión de ideas no dependa exclusivamente de la capacidad económica de cada campaña.
Asimismo, la propuesta introduce nuevas reglas para el manejo de encuestas electorales. Entre ellas, se contempla la prohibición de publicar sondeos el día de las elecciones y la imposición de sanciones a quienes divulguen estudios sin sustento técnico, con el fin de evitar la desinformación y la manipulación de la intención de voto.
Con esta reforma, el Congreso pretende consolidar un sistema electoral más justo y acorde con la realidad política del país, de cara a los comicios de 2026, en un contexto donde la transparencia y la igualdad de condiciones se han convertido en demandas centrales de la ciudadanía.
Fuente: senado.gov.co
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Ene 23, 2026 | Actualidad Prime
Un proyecto de ley que avanza en el Senado de la República plantea exonerar del pago de impuestos a los vehículos pertenecientes a los cuerpos de bomberos voluntarios en Colombia, con el fin de fortalecer su capacidad operativa y aliviar la carga financiera que actualmente enfrentan estas organizaciones.
La iniciativa, que ya fue aprobada en la Comisión Tercera del Senado, busca que los recursos que hoy se destinan al cumplimiento de obligaciones tributarias puedan ser redirigidos al mantenimiento de los automotores, la adquisición de equipos y el mejoramiento del servicio de prevención y atención de emergencias.
Según se ha explicado en el trámite legislativo, la propuesta tiene un alcance nacional y pretende beneficiar a los 864 cuerpos de bomberos que existen en el país, de los cuales cerca del 92 % operan bajo la modalidad de voluntariado. Estos organismos cumplen una función esencial en la protección de la vida, los bienes y el entorno, especialmente en municipios con limitados recursos institucionales.
El proyecto parte del reconocimiento de que los vehículos utilizados por los bomberos no cumplen una función privada ni representan un bien suntuario, sino que constituyen herramientas indispensables para la prestación de un servicio público esencial. En ese sentido, la exención tributaria se presenta como una medida de apoyo concreto a su labor diaria.
De ser aprobado en su totalidad, el proyecto permitiría mejorar la sostenibilidad financiera de los cuerpos de bomberos voluntarios, incrementar su capacidad de respuesta ante incendios, accidentes y desastres, y reforzar el cumplimiento de los fines establecidos en la Ley General de Bomberos.
Fuente: senado.gov.co
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Ene 22, 2026 | Actualidad Prime
En el Congreso de la República fue presentado un proyecto de ley que busca que los escoltas y agentes de seguridad sean reconocidos formalmente como trabajadores de alto riesgo, en atención a la naturaleza de sus funciones y a la exposición permanente a situaciones que comprometen su integridad y su vida.
La iniciativa, impulsada por el senador José Vicente Carreño, del partido Centro Democrático, propone incluir estas labores dentro del listado de actividades consideradas de riesgo, en el que actualmente figuran sectores como la minería, la construcción, el trabajo en alturas y la industria manufacturera. Con ello, se pretende otorgar un reconocimiento jurídico acorde con las condiciones en las que se desarrollan estas funciones.
El proyecto parte del reconocimiento de que quienes prestan servicios de protección personal enfrentan de manera cotidiana amenazas, atentados y contextos de violencia derivados de la responsabilidad de salvaguardar la vida e integridad de terceros. En ese sentido, el planteamiento legislativo apunta a corregir la ausencia de este oficio dentro del régimen de actividades de alto riesgo, pese a las exigencias físicas, psicológicas y de seguridad que conlleva.
De ser aprobado, el proyecto beneficiaría a un número significativo de trabajadores en el país. Solo en la Unidad Nacional de Protección se estima que alrededor de 8.000 personas ejercen labores de escolta, mientras que a nivel nacional la cifra de hombres y mujeres dedicados a actividades de seguridad y protección oscila entre 14.000 y 15.000.
Por tratarse de una iniciativa relacionada con asuntos laborales y de seguridad social, el proyecto de ley iniciará su trámite legislativo en la Comisión Séptima del Senado, donde se evaluará su alcance, impacto y viabilidad dentro del marco normativo vigente.
Fuente: senado.gov.co
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Ene 16, 2026 | Actualidad Prime
El Senado de la República avanza en el trámite de un proyecto de ley que busca mejorar de manera integral la protección, estabilidad laboral y bienestar de los guardaparques encargados de custodiar las áreas naturales del país. La iniciativa, impulsada por la senadora Nadia Blel, plantea una serie de reformas orientadas a reconocer el carácter estratégico y de alto riesgo de esta labor.
La propuesta legislativa parte del diagnóstico de que los guardaparques cumplen funciones esenciales para la conservación de la biodiversidad, pero lo hacen en contextos marcados por la presencia de actores armados, economías ilegales y condiciones geográficas adversas. En ese escenario, el proyecto pretende crear una carrera administrativa especial que otorgue mayor estabilidad, profesionalización y reconocimiento institucional a quienes desempeñan estas funciones.
Uno de los ejes centrales del articulado es el reconocimiento de los guardaparques como posibles víctimas del conflicto armado, lo que permitiría su acceso a medidas de reparación y a esquemas reforzados de protección por parte del Estado. A ello se suma la inclusión de beneficios laborales y de bienestar, como seguros de vida que cubran riesgos asociados a secuestro, desaparición o desplazamiento forzado, así como la asignación de tiquetes aéreos anuales para facilitar su movilidad desde y hacia las zonas donde prestan servicio.
El proyecto también propone un sistema de ingreso, permanencia y ascenso basado en el mérito, con evaluaciones físicas y de aptitud, y con criterios de remuneración que garanticen condiciones salariales equitativas. Con ello, se busca fortalecer la carrera del guardaparque como un componente profesional dentro de la administración pública.
Según lo expuesto en la iniciativa, los guardaparques tienen bajo su responsabilidad 1.713 áreas protegidas en todo el territorio nacional, que incluyen reservas civiles, regionales y parques nacionales ubicados en los 32 departamentos del país. La magnitud de esta tarea es uno de los argumentos centrales para justificar la necesidad de un marco normativo más robusto.
El proyecto se encuentra próximo a surtir su segundo debate en el Congreso. De ser aprobado, representaría un paso relevante tanto en la protección del patrimonio ambiental como en el reconocimiento de quienes cumplen un rol clave en su defensa y conservación.
Fuente: senado.gov.co
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Dic 18, 2025 | Actualidad Prime
La Comisión Séptima del Senado de la República aprobó la ponencia de archivo del proyecto de reforma a la salud que se encontraba en trámite en esa célula legislativa, decisión que marca un nuevo revés para una de las principales iniciativas del Gobierno en materia social. La votación se cerró con ocho votos a favor del archivo y cinco en contra, respaldando la ponencia presentada por el senador Alirio Barrera, del Partido Centro Democrático.
Durante la sesión, varios congresistas expusieron sus reparos frente al contenido y viabilidad del proyecto. Desde la coordinación de la ponencia se insistió en que el sistema de salud enfrenta problemas estructurales como la inequidad territorial, las deficiencias en vigilancia y control, las barreras de acceso y la corrupción, y se sostuvo que la iniciativa gubernamental no ofrecía soluciones adecuadas a estos desafíos.
El debate también contó con la intervención de los ministros de Salud y de Hacienda, quienes defendieron la sostenibilidad fiscal del proyecto. En particular, se explicó que el sector salud cuenta con respaldo presupuestal y que buena parte de su financiación proviene del Sistema General de Participaciones, además de señalar que el proyecto tenía aval fiscal.
No obstante, desde distintos sectores de la Comisión se cuestionó la falta de claridad sobre el déficit actual del sistema y la situación financiera de las EPS intervenidas. Varias senadoras advirtieron que la Unidad de Pago por Capitación resulta insuficiente y que persisten incumplimientos estructurales que incluso han sido objeto de pronunciamientos recientes por parte de la Corte Constitucional. Asimismo, se alertó que avanzar en una reforma sin fuentes permanentes de financiación podría generar un desbalance cercano a los 16 billones de pesos, con un impacto creciente en los próximos años.
Tras la aprobación del archivo, el senador Fabián Díaz, del Partido Verde, solicitó la apelación de la decisión, conforme a lo previsto en el procedimiento legislativo. Esta solicitud deberá ser estudiada y definida por la plenaria del Senado, instancia que tendrá la última palabra sobre el futuro inmediato del proyecto de reforma a la salud.
Fuente: senado.gov.co
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